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EFE/Climática
Greenpeace debe pagar cientos de millones de dólares en daños y perjuicios a la empresa Energy Transfer (ET) por incitar unas protestas contra la construcción de un oleoducto que degeneraron en actos de vandalismo. Es la decisión de un jurado popular, que ha declarado a la organización ecologista como la responsable de difamación y otras demandas presentadas por ET.
La empresa acusó a Greenpeace de instigar las protestas de la tribu sioux de Standing Rock en 2016 contra la construcción del oleoducto Dakota Access, en el norte del país, que retrasaron el proyecto y elevaron los costos. Con sede en Dallas (Texas), la energética reclamaba 300 millones de dólares (unos 287 millones de euros), una cifra que la propia organización ecologista consideró que podría poner fin a su propia existencia.
En su demanda, ET incluía a las entidades Greenpeace International, Greenpeace Inc y a Greenpeace Fund. La organización había negado las acusaciones de ET y alegó que simplemente apoyó esas protestas y no fue responsable del desarrollo de las mismas. Según The New York Times, el cofundador y presidente de la junta directiva de Energy Transfer, Kelcy Warren –uno de los mayores donantes en la última campaña presidencial de Donald Trump– aseguró en un vídeo proyectado durante los argumentos finales que los manifestantes crearon «una narrativa totalmente falsa». «Greenpeace tomó un asunto local pequeño y desorganizado y lo explotó para cerrar el oleoducto y promover su propia agenda egoísta», dijo uno de los abogados de la empresa, Trey Cox, según recoge el citado medio.
El jurado, compuesto por nueve personas, ha tomado su decisión tras dos días de deliberaciones en un tribunal de Dakota del Norte (Estados Unidos) y un juicio que ha durado casi un mes.
El caso ha sido visto desde algunos sectores como un ejemplo de Demanda Estratégica contra la Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés), un tipo de litigio civil cada vez más utilizado por corporaciones, políticos y otros grupos poderosos contra activistas, opositores y periodistas, entre otros.
Durante las protestas, que se produjeron entre 2016 y 2017, miles de personas acamparon durante meses argumentando que el oleoducto se estaba construyendo en tierras sagradas y que podía suponer un peligro para el suministro de agua.
Tras conocerse el veredicto, la consejera general de Greenpeace International, Kristin Casper, ha afirmado en un comunicado que la batalla continúa: «La lucha contra las grandes petroleras no ha terminado hoy. Sabemos que la verdad y la ley están de nuestro lado. Greenpeace seguirá haciendo campaña por un futuro verde y en paz. No retrocederemos, no nos silenciarán». Casper ha añadido: «Esto no es lo último que Energy Transfer ha escuchado por nuestra parte en esta lucha. Tenemos abierta una demanda anti-SLAPP contra los ataques de Energy Transfer a la libertad de expresión y la protesta pacífica y nos veremos en los tribunales de Amsterdam este próximo mes de julio. No retrocederemos, no nos silenciarán».
Por su parte, Deepa Padmanabha, asesora jurídica senior de Greenpeace en EEUU, ha afirmado: «Lo que hemos visto durante estas tres semanas ha sido el flagrante desprecio de Energy Transfer por las voces de la tribu sioux de Standing Rock. Y aunque también intentaron tergiversar la verdad sobre el papel de Greenpeace en las protestas, nosotros reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la no violencia en todas las acciones que emprendemos«. «Todos –proseguió la abogada de la ONG– deberíamos estar preocupados por el futuro de la Primera Enmienda, y por demandas como esta que pretenden destruir nuestros derechos a la protesta pacífica y a la libertad de expresión».
Mientras, Energy Transfer dijo en un comunicado que esta es una victoria «para los habitantes de todo Dakota del Norte, que tuvieron que vivir el acoso diario» causado por los manifestantes «financiados y entrenados por Greenpeace», así como un triunfo para los estadounidenses «que respetan la ley».
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Artículo de l’Arquet – Ecologistes en Acció publicado en el Crónica La Vall d’Uixó de abril de 2025, por Raquel Ruiz García.
Juicios a la carta
Recientemente hemos sido testigos, una vez más, de una tendencia que lamentablemente se está convirtiendo en dogma en muchos países. De un modus operandi que, sin atender a ninguna lógica racional, criminaliza y reprime a l@s que defendemos la naturaleza, la biodiversidad, la sostenibilidad,… en definitiva que castiga a l@s que luchamos por que la vida sea posible dentro de los límites del planeta. Seguro que nuestr@s lector@s son sabedor@s de la reciente condena a la organización ambientalista Greenpeace en Estados Unidos, nada menos que más de 660 millones de dólares por protestar de forma pacífica y expresar libremente su opinión en 2016 y 2017 contra un oleoducto de la empresa de combustibles fósiles Energy Transfer, en Dakota del Norte. Un sinsentido que solo tiene cabida con el consentimiento de un sistema judicial viciado y al servicio del capital, todo ello aliñado con un rancio caldo de cultivo en el que la extrema derecha y los gobiernos dictatoriales campan a sus anchas y establecen peligrosas alianzas con las grandes empresas. En el caso que os narro, el presidente de Energy Transfer es uno de los principales donantes de Donald Trump.
En un país “democrático” como España también vamos sobrados de aberraciones legislativas. Para muestra un botón: ya se han cumplido diez años de la aprobación de la bien llamada “LEY MORDAZA” y aunque se ha prometido de forma reiterada su derogación o reforma integral, la realidad es que hasta la fecha los intentos que se han realizado han quedado inconclusos. Una norma que bajo el nombre de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana sirve justamente para lo contrario, para silenciarnos, que no protestemos, meternos miedo y que no salgamos a defender nuestros derechos. Y aquí somos los colectivos ecologistas unos de los más afectados, junto a otros movimientos de personas migrantes, de diversidad sexual, feministas, etc.
En Ecologistas en Acción tenemos claro que queda mucho por recorrer y la lucha está lejos de terminar y no por ello nos van a amedrentar. Nuestra fuerza es nuestra unión. Solo hay un camino posible y estamos en él.
(Gracias Raquel por señalar «democrático» entre comillas. Es lo correcto).
Lucha contra la adquisición multimillonaria.
Los multimillonarios y las corporaciones están tomando el control de nuestros derechos y libertades.
Utilizando sus vastas fortunas, presionan para debilitar las regulaciones destinadas a proteger a las personas y al planeta, financian candidatos que sirven a sus intereses y obtienen el control de los medios de comunicación para dar forma a las historias que escuchamos.
Pero estos multimillonarios subestiman nuestro poder de resistencia . Juntos hemos formado sindicatos para desafiar a los dueños de fábricas, hemos luchado contra regímenes opresivos para ganar nuestro derecho al voto y hemos protegido ecosistemas valiosos de las corporaciones multinacionales. Ya hemos luchado y ganado antes, así que podemos luchar y ganar de nuevo.
Es hora de resistir, desde hoy. ¿Te unes a la lucha contra la adquisición multimillonaria?
https://www.greenpeace.org/international/act/time-to-resist/?utm_campaign=et-time-to-resist&utm_source=hs-email&utm_medium=email&utm_content=et-resist-email-2025-04-24&utm_term=et-resist-em