Ha tardado en llegar, pero la Ley de Restauración de la Naturaleza se ha aprobado por fin. La primera normativa europea que busca proteger la biodiversidad y recuperar los ecosistemas del continente se ha vuelto a poner en la mesa de debate este lunes tras tropezar con varios obstáculos. Con 20 votos a favor, 6 en contra y una abstención, ha conseguido superar el último obstáculo que le quedaba. Ya es una realidad.
El objetivo de la reunión llevada a cabo en Luxemburgo hoy era alcanzar una mayoría cualificada (mínimo de 55 % de países que sumen al menos el 65% de la población de la UE) para adoptar un texto que había superado prácticamente todas las fases legislativas ordinarias, pero que ha vuelto a encallar en la recta de meta.
Finalmente, la ley ha logrado el apoyo necesario con el nuevo cambio de posición de Austria anunciado por la ministra austríaca de Medio Ambiente, Leonore Gewessler (Los Verdes), este mismo domingo a pesar del rechazo absoluto del conservador Partido Popular (ÖVP), su socio de Gobierno, que la acusa de actuar contra las leyes.
Los ministros de Medio Ambiente europeos deberían haber puesto el pasado marzo el sello final la normativa. Pero, tras las reticencias de Hungría, no se logró la mayoría a favor. En esta ocasión, el país también se ha opuesto a la ley, justificando la negativa con que no podían “aceptar el texto en su actual forma”. Polonia, por otro lado, ha asegurado que tiene “demasiadas cargar administrativas y no hay un plan de financiación a largo plazo”.
Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra española para la Transición Ecológica, ha estado presente en el consejo de ministros celebrado en Luxemburgo. Ha asegurado que, desde el punto de vista institucional, el proceso de tramitación de la polémica Ley de Restauración de la Naturaleza se ha convertido en “una película de terror”. “Siempre me ha sorprendido la manera en la que se ha abierto una batalla cultural en torno a algo que es obvio: no hay empleo en un planeta muerto, no hay seguridad alimentaria en un planeta degradado”, decía.
El apoyo de Austria a la norma comunitaria estaba bloqueado por la falta de acuerdo en el seno del Ejecutivo y entre las nueve regiones que forman Austria. El ÖVP está presente en los gobiernos de coalición de siete de ellas.
Tras anunciar su apoyo a la ley dos de ellas, Viena y Carintia (en la que gobierna el ÖVP), la ministra considera que al no haber unanimidad tampoco puede haber rechazo, y que su voto en Luxemburgo no está condicionado a un acuerdo con el Ministerio de Agricultura.
Por su parte, el canciller federal de Austria, el conservador Karl Nehammer, ha desautorizado a la ministra de Medioambiente, Leonore Gewessler (Los Verdes), al advertir a la presidencia belga de la UE –bajo amenaza de un recurso jurídico– de que su voto a favor sería ilegal. Tras la aprobación, ha anunciado que presentará un recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de la ley.
La Comisión Europea presentó la ley en junio de 2022 para reparar al menos el 20% de los ecosistemas terrestres y marinos degradados en 2030 y todos ellos para el 2050, incluidas las tierras de cultivo, y alinear así a la UE con los acuerdos sobre biodiversidad de Naciones Unidas.
Para ello, y tras rebajar su ambición inicial, el reglamento establece obligaciones para corregir la disminución de polinizadores, recuperar el 30% de las turberas vaciadas para uso agrícola, mantener madera muerta en los bosques, no reducir espacios verdes urbanos o eliminar barreras artificiales en los ríos de la UE, donde el 81% de los hábitats se encuentra en mal estado.
El expediente se preveía inofensivo, pero se fue envenenando a medida que se divisaban las elecciones europeas en el horizonte.
El proceso legislativo comunitario normalmente parte de una iniciativa de la Comisión Europea, que propone en este caso un reglamento que, una vez negociado y aprobado por las instituciones comunitarias, los Estados miembro aplican automáticamente.
Para que esto ocurra, las capitales tienen que acordar un enfoque común en el Consejo, y el Parlamento el suyo propio. Después, ambas instituciones negocian, con ayuda de la Comisión, y ese pacto provisional debe ser aprobado por el pleno de la Eurocámara y por el Consejo (los países).
Y en cada uno de esos pasos, la Ley de Restauración de la Naturaleza se ha topado con todos los vericuetos legislativos imaginables, aunque hasta ahora la mayor trinchera había estado en la Eurocámara.
En sintonía con el gran lobby agrícola Copa-Cogeca, el presidente del Partido Popular Europeo, el alemán Manfred Weber, lanzó una dura campaña contra la normativa, convirtiéndola en un símbolo para defensores y detractores del Pacto Verde.
La Eurocámara adoptó por los pelos su posición, llegó a un pacto con el Consejo (los países ya habían acordado un enfoque común), el Parlamento validó el acuerdo y sólo faltaba que el Consejo también le pusiera su sello, pero resultó imposible cuando el pasado marzo Hungría cambió de posición, sumándose al grupo de países que rechazaban la ley (Finlandia, Suecia, Países Bajos, Austria, Polonia, Bélgica e Italia).
Por su parte, los ministros y ministras de Medio Ambiente de once países favorables (Alemania, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Lituania, República Checa y la titular española Teresa Ribera) reaccionaron pidiendo por carta a los Veintisiete que votaran a favor de la ley.
La de este lunes era la última oportunidad para aprobar la ley antes de que Bélgica finalice su presidencia y se suceda el semestre en el que Hungría dirigirá el Consejo de la UE.
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