España y otros 10 países de la UE presionan para aprobar la Ley de Restauración de la Naturaleza

La pionera norma europea sobre biodiversidad fue bloqueada en el último momento por Hungría, que se sumó al grupo de países en contra. Con esta misiva, los ministros y ministras de Medio Ambiente buscan los apoyos necesarios para su aprobación definitiva el 17 de junio.
Tablas de Daimiel en una foto de archivo. Foto: Enrique Cerrillo Cuenca.

Un grupo de 11 países de la Unión Europea, entre ellos España, ha pedido por escrito al conjunto de los Veintisiete que vote a favor de aprobar la Ley de Restauración de la Naturaleza, una norma pionera sobre biodiversidad que debería haberse protegido a finales de marzo y fue bloqueada en el último instante por Hungría, que se sumó al bloque de Estados reticentes.

El documento, al que ha tenido acceso EFE, surge a iniciativa de Irlanda y lo secundan los ministros de Medio Ambiente de Alemania, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Francia, Lituania, Luxemburgo, Lituania, República Checa y la titular española, Teresa Ribera.

En la misiva, los ministros y ministras piden a sus homólogos en el Consejo de la UE que voten a favor de la aprobación del texto en el consejo de ministros de Medioambiente de la UE que se celebrará el próximo 17 de junio en Luxemburgo.

“Esa ratificación estaría a la altura del compromiso que todos asumimos de ser un líder mundial en restauración de la naturaleza”, señalan los firmantes, que intentan salvar así una de las leyes más trabadas de la legislatura comunitaria que termina, y que tras su aprobación por la Eurocámara se suponía ya finiquitada, a falta del último sello oficial.

Pero la innovadora normativa ha vuelto a encallar, esta vez entre los Estados miembros, donde se ha roto el consenso después de que Hungría se sumase el pasado febrero al grupo de países críticos, donde ya estaban Finlandia, Suecia, Países Bajos, Austria, Polonia, Bélgica e Italia, imposibilitando así una mayoría a favor de aprobarla.

La secretaria de Estado de Medio Ambiente de Hungría, Aniló Raisz, defendió que la protección de la naturaleza es una competencia nacional, que su aplicación supone mayores costes y que es necesario buscar un mayor apoyo a la ley por parte del sector agrícola, por eso maniobran ahora los países a favor de la ley.

«No podemos aceptar más cargas económicas y administrativas para el sector agrícola, no podemos olvidar la situación en la que se encuentra», justificaba a su vez la viceministra italiana de Medio Ambiente, Vanna Gava, mientras que Finlandia también aludía a sus costes y Austria apuntaba al rechazo de algunos de sus Estados.

“Debemos actuar de manera urgente y decisiva para concluir el proceso político”, señalan los ministros firmantes de la carta.

La Ley de la Restauración de la Naturaleza, iniciativa que la Comisión Europea presentó en junio de 2022, pretende acompasar el paso de la Unión Europea con los acuerdos sobre biodiversidad de Naciones Unidas, obligando a reparar al menos el 20% de los ecosistemas terrestres y marinos degradados de la UE en 2030 y todos ellos para el 2050.

El texto se convirtió en el caballo de batalla de las grandes plataformas agrícolas contra la transición ecológica, de la extrema derecha y, sobre todo, del Partido Popular Europeo, que atacó el texto como estandarte de una agenda verde de la Comisión Europea que preside Ursula von der Leyen, también democristiana, como movimiento táctico de cara a las elecciones europeas del mes de junio.

Los países alcanzaron un enfoque común y la lucha política se trasladó a la Eurocámara, que alcanzó un acuerdo provisional con el Consejo el pasado diciembre, bajo presidencia española, y que logró aprobar el pacto, por la mínima y entre ruido e incertidumbre, en las comisiones parlamentarias y en el pleno.

La negociación suavizó notablemente la norma, con cláusulas como comenzar la restauración por la red Natura 2000, que la Comisión presente un informe sobre los recursos financieros disponibles y que se puedan suspender las medidas hasta un año por razones de emergencia, entre otras.

Y cuando se suponía que adoptar la Ley de Restauración de la Naturaleza era ya una mera formalidad, ha vuelto a encallar, esta vez en el Consejo, que representa a los Estados miembros, en un contexto en el que la derecha, el centro derecha y los partidos euroescépticos cuestionan cada vez más el Pacto Verde Europeo, uno de los ejes del actual mandato de Von der Leyen

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  1. Comienza Fantástico Bosque de Valdavido en León.
    La Junta Vecinal de Valdavido, en el municipio leonés de Truchas, lidera este nuevo proyecto de bioeconomía forestal para potenciar los beneficios que nos aportan los ecosistemas del monte y cuenta como socios con SEO/BirdLife y la Universidad de León. Entre sus objetivos destaca la mejora de la biodiversidad, la recuperación de los usos tradicionales del bosque, la potenciación de nuevos aprovechamientos y el fomento del ecoturismo.
    Los montes españoles son en su mayoría propiedad de las juntas vecinales, entidades locales menores que en la mayoría de la España rural sufren la despoblación y el abandono de los usos tradicionales del monte, lo que se manifiesta en una pérdida de valiosos hábitats asociados a las culturas pastoralistas que derivan en una matorralización excesiva del paisaje que aumenta el riesgo y la intensidad de los incendios.
    Este es el caso del pueblo de Valdavido situado en la Cabrera leonesa. El municipio cuenta con un importante patrimonio natural en riesgo de desaparición y con una gran biodiversidad amenazada, pero con gran potencial transformador implementando modelos de producción sostenible que contribuirán a mejorar la adaptación y a aumentar la resiliencia de estos montes frente al cambio climático, favoreciendo su conservación y el mantenimiento de sus funciones productivas, ambientales y sociales.
    Por ello, la Junta Vecinal de Valdavido en alianza con SEO/BirdLife y la Universidad de León, y con el apoyo local del ayuntamiento de Truchas y la cooperación de asociaciones y empresas locales, van a llevar a cabo el proyecto Fantástico Bosque de Valdavido para dotar de un instrumento de gestión y planificación a su junta vecinal. Además, se mejorarán los hábitats para especies amenazadas como la perdiz pardilla y el aguilucho pálido y otros muchos como las turberas y los ecosistemas fluviales.
    Estas acciones están encaminadas a reducir el riesgo de incendios, recuperar pastizales, enriquecer el bosque autóctono, fomentar el ecoturismo, apoyar la apicultura y los aprovechamientos tradicionales e impulsar nuevos aprovechamientos como los créditos de carbono, el carbón vegetal, la resina, el brezo, los hongos, etc.
    La base científica del proyecto será coordinada por el Grupo de Ecología Aplicada y Teledetección (GEAT) de la Universidad de León que realizará un detallado análisis y diagnóstico de la biodiversidad existente en la zona. El proyecto también contempla la realización de jornadas y actividades de educación ambiental para difundir y replicar los resultados de la puesta en práctica de los nuevos aprovechamientos planteados y trasladar el conocimiento a otras juntas vecinales similares a la de Valdavido, y así destacar el papel que pueden jugar las Juntas Vecinales en la bioeconomía forestal.
    Estas acciones contribuyen a mejorar la biodiversidad del territorio a la vez que contribuyen al desarrollo socioeconómico de la zona al contar además con cooperativas o empresas locales para la ejecución de las acciones. Además, se buscará fortalecer y poner en valor el papel de la mujer en el medio rural para aumentar su empoderamiento en relación con las dinámicas y actividades económicas vinculadas con el desarrollo rural.
    Fantástico Bosque de Valdavido cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU y se prolongará hasta diciembre de 2025.

  2. El Movimiento Ibérico Antinuclear y la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca han presentado alegaciones al Real Decreto por el que se actualiza la tasa que deben abonar los propietarios de las CC.NN. para la gestión de los residuos nucleares.
    La anterior versión de la norma, se retiró por presiones de los propietarios de las CC.NN. que se resisten a hacer frente a sus responsabilidades en la gestión de los residuos nucleares que han generado.
    Las centrales nucleares generan residuos radiactivos que es necesario gestionar,estos se producen tanto durante todos sus años de funcionamiento como en el desmantelamiento tras el inevitable cierre de las mismas. La legislación española encarga esta gestión a la empresa pública Enresa.
    La aprobación el 30/12/2024 del 7º Plan General de Residuos Radiactivos, modifica algunos aspectos de la gestión intermedia de los residuos nucleares (se pasa de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) a 7 Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) y actualiza el importe a pagar para sufragar estos gastos, bajo la premisa de que “el que contamina paga”.
    Para ello el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) redactó una propuesta de Real Decreto que fue retirada y sustituida por una nueva, cuyo periodo de alegaciones finalizó el pasado 30 de abril. La primera propuesta de Real Decreto del 12 de enero de 2024, que implicaba una subida del 40% de la tasa, pasando de los 7,98 €/MWh actuales a 11,14 €/MWh a partir de julio de 2024, ha sido rechazada por las eléctricas. Sin embargo, tras la presiones del lobby nuclear, el MITERD retiró esa propuesta presentando un nuevo texto que reduce al 30% el incremento de la tasa y la sitúa en 10,36 €/MWh.
    El Movimiento Ibérico Antinuclear ya manifestó numerosas dudas de que este impuesto sea capaz de recaudar los fondos suficientes para garantizar una adecuada gestión de los residuos. Unos fondos que deberían recaudarse mucho antes del cierre de la última central en 2035, según el pacto de gobierno y eléctricas, ya que de no ser así será nuevamente la ciudadanía la que pague por la actividad de las empresas propietarias de estas centrales nucleares (Iberdrola, Endesa y Naturgy)
    Para las organizaciones sociales y ecologistas del MIA, se necesitaría una tasa de al menos 21,83 €/MWh para que las empresas nucleares asuman los costes de la gestión de todos sus residuos y no intenten que los costes asociados estrictamente a su negocio, recaigan en las arcas públicas.
    Para Cristina Rois. “Nuestra propuesta de 21,83 €/MWh es simplemente de justicia, no vamos a tolerar un “rescate a las nucleares” después de los multimillonarios ingresos que han conseguido durante los más de 40 años que acumulan algunas de nuestras vetustas CC.NN. Es hora de que asuman su responsabilidad y reconozcan ahora, que la era nuclear española toca a su fin, que la energía nuclear no es tan barata como siempre han defendido sus impulsores.” Ha finalizado Rois

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