Una manifestación «por tierra y mar» contra la macrocelulosa de Altri

La Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) ha convocado este sábado una manifestación «histórica por tierra y mar», en A Pobra do Caramiñal, contra el proyecto de celulosa de la multinacional portuguesa Altri en Palas de Rei (Lugo) y la reapertura de la Mina de Touro (A Coruña). La Consellería de Medio Ambiente publicó la semana pasada una declaración de impacto ambiental favorable para este proyecto industrial, que ha puesto en pie de guerra a buena parte de la sociedad gallega.

En una conferencia de prensa en A Pobra do Caramiñal, el presidente de la PDRA, Xaquín Rubido, ha indicado que será la primera vez que coincidan la manifestación por tierra y por mar y, por tanto, que haya «un contacto visual» entre los barcos y las personas que participen en la protesta desde tierra.

La macrocelulosa de Altri y Greenalia, declarada proyecto industrial estratégico por el Gobierno de Alfonso Rueda en diciembre de 2022, ocupará 360 hectáreas –cuatro veces el tamaño de la celulosa de ENCE en Pontevedra– y producirá 400.000 toneladas de celulosa y 200.000 de lyocell al año. Para lograrlo, consumirá 1,2 millones de metros cúbicos de madera de eucalipto al año (alrededor del 20% de todo lo que se tala en Galicia) y 46 millones de litros de agua al día procedente del río Ulla. De acuerdo con los cálculos de la organización ecologista Adega, que asiste a la plataforma vecinal contra la celulosa (Ulloa Viva), este volumen de agua es el 9,2% del caudal medio del río en el punto de captación.

«Solo tenemos que ver las miles de personas de las concentraciones que se han realizado este pasado domingo en más de una docena de municipios, hay mucha motivación entre la gente y mucho enfado por la irresponsable decisión de la Xunta de dar una evaluación positiva al proyecto de Altri, una decisión claramente política», ha afirmado Rubido. En este sentido, ha acusado al Gobierno autonómico de «pretender imponer un modelo industrial para Galicia que no tiene el apoyo de la mayoría de la sociedad gallega y pone en riesgo la soberanía alimentaria».

A su juicio, ese modelo industrial causaría «un daño irreparable en el tejido productivo del marisqueo, en la agro-ganadería y en el turismo sostenible con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y de calidad de vida».