Andrés Actis
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La gestión de los residuos es el gran talón de Aquiles de la transición ecológica en España. Semanas atrás, se conoció que la cifra de reciclaje de botellas de plástico –43% en 2023– está muy lejos de lo que obliga las diferentes normativas. Ahora, un informe sobre la fiscalidad de los residuos revela un problema estructural con las tasas, los instrumentos locales más eficaces para la promoción de buenas prácticas ambientales en materia de prevención y separación de residuos.
Según el Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos, creado en 2018 por la Fundación ENT, dedicada a la formulación de proyectos innovadores en el ámbito de la gestión ambiental, la mitad de los municipios ‘subvencionan’ las peores prácticas ambientales en materia de residuos.
El 46,56% de los municipios analizados en la investigación cuentan con un modelo domiciliario de tasas con cuotas fijas, es decir, todos los domicilios pagan lo mismo independientemente de si realizan o no separación de residuos.
Para Raimon Ràfols, investigador de la Fundació ENT y autor del estudio, “esto implica que los domicilios que generan menos y reciclan más residuos están subvencionando implícitamente aquellos con peores prácticas ambientales en materia de residuos, con más generación y peores hábitos”.
El Observatorio ha analizado las tasas domiciliarias y comerciales de una muestra de 131 municipios, incluidas todas las capitales de provincia. La Ley 7/2022 (la de residuos y suelos contaminados) establece que el 10 de abril 2025 –en menos de cuatro meses– debe estar instaurar de manera obligatoria «una tasa o prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria» que refleje el coste real de las operaciones de recogida, gestión y tratamiento de residuos.
Las tasas de residuos son las que más recaudación aportan a los municipios (2.278 millones de euros en 2022), puesto que financian el servicio de recogida de residuos, que es de prestación obligatoria y de elevados costes.
Si bien la mayoría de los municipios ya disponen de tasas de residuos o de una figura similar específica, “en general están muy lejos del objetivo legal de la cobertura de costes”, advierte el estudio. La cobertura media no supera el 55%, por lo que el déficit es amplio y generalizado, según los autores.
La norma no impone la obligación taxativa de exigir una tasa totalmente individualizada para cada ciudadano a partir de abril del año que viene, sino que busca que se incorporen estos sistemas de forma paulatina, en consonancia con el principio de quien contamina paga que promueve la Comisión Europea.
“La mayoría de las entidades locales han perdido un tiempo muy valioso en activar las reformas necesarias para cumplir con las exigencias legales. Es sorprendente la cantidad de municipios que no han reaccionado hasta muy tarde (finales del 2024 para ordenanzas que entrarán en vigor a 1 de enero del 2025) o que incluso reconocen que no acometerán a tiempo las reformas necesarias para dar cumplimiento a la norma”, lamenta Ignasi Puig, miembro de Fundació ENT y coautor del estudio.
Como explica el informe, la tasa fija –la más regresiva– es mayoritaria en España. Hay otros criterios como la zonificación, el número de residentes, el nivel de rentas o el valor catastral que algunos municipios usan para establecer tasas más justas.
La tasa que recomienda la Comisión Europea, ya aplicada por municipios de Bélgica, Alemania, Dinamarca e Italia, entre otros países de la región, es la de pago por generación, sistema que supone la aplicación del principio de quien contamina paga. Se premia a la ciudadanía y empresas que realizan un esfuerzo en la reducción y la separación en origen.
Por el momento, señala el Observatorio, la aplicación en España de este mecanismo es “testimonial”. “Según nuestros datos, el porcentaje no llega al 1% del total, concentrado en unas pocas comunidades autónomas, algunas de las cuales están haciendo esfuerzos para promoverlos, como Catalunya o islas Baleares”, explican los autores.
El municipio catalán de Girona (100.000 habitantes) integra este pequeño grupo. En mayo, puso en práctica un nuevo modelo de recogida segmentada por zonas. En los barrios periféricos, con casas bajas y menor densidad de población, la recogida se hace puerta a puerta con cubos que llevan chips identificativos. En los barrios del centro, el ayuntamiento colocó contenedores inteligentes que se abren con una tarjeta identificativa. Los residuos (plásticos, orgánicos, etc.) se descartan según un calendario semanal.
El objetivo es que en abril toda la ciudad tenga estos contenedores, lo que permitirá aplicar un pago por generación a todos los vecinos. “Si lo hacemos bien, bajaremos la cantidad de residuos, bajaremos los costes y bajaremos el importe que pagan los vecinos por el servicio. Esto, al cabo, motiva a la gente”, explica Sergi Cot, concejal de Acción Climática de Girona.
El Observatorio concluye que queda mucho trabajo por hacer a nivel municipal en materia de residuos: “Las ordenanzas fiscales analizadas muestran una ausencia general de criterios ambientales en su articulación”.
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Así como algunas Consellerias de Medio Ambiente terminan favoreciendo a Iberdrola.
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…supone la artificialización de la superficie y la desaparición de unos cultivos que generan multitud de flora y fauna propia, que es consumida por especies residentes en los parques naturales y por lo que la afección a los mismos es indiscutible y puede ser irreversible , si el proyecto sigue adelante. Esto es especialmente cierto en el caso de la avifauna, que no conoce límites entre parques, zonas de amortiguación ni zonas reguladas…
…Justo al lado de la famosa “Brandenburger Tor” de Berlín, en un lujoso hotel, los mayores contaminadores del mundo, representantes gubernamentales y grupos de presión se reunieron en la Cumbre Mundial del GNL para debatir cómo prolongar el futuro de uno de los combustibles fósiles más sucios. Charlaban y conspiraban sobre cómo forjar más acuerdos sucios: cómo maquillar de verde el gas fósil con altas emisiones y cómo salirse con la suya ignorando las flagrantes violaciones de los derechos humanos vinculadas al GNL.
El 10 de diciembre, cientos de personas se reunieron cerca del lujoso Hotel Adlon para marchar contra la Cumbre, formando juntos una «X» amarilla (un símbolo de la resistencia contra la energía nuclear, el carbón y los combustibles fósiles en Alemania) y abucheando a las corporaciones de combustibles fósiles TotalEnergies y Venture Global, que recibieron un «anti-premio» por ser los peores participantes de la cumbre (aunque la elección fue difícil).
¡No pueden robarnos nuestro futuro!
El mensaje fue claro: la sociedad civil tiene soluciones para la crisis climática que no solo son factibles, sino una alternativa clara a las falsas soluciones fósiles de la industria. También quedó claro que la gente no acepta acuerdos sucios a puerta cerrada, acuerdos que aceleran las violaciones de los derechos humanos y el colapso climático. Fuertemente protegidos por la policía, pasando controles de seguridad exhaustivos y, sin duda, siguiendo los informes de los medios sobre las numerosas acciones de desobediencia civil que se estaban produciendo a su alrededor, los ejecutivos de la industria del gas sin duda oyeron lo que les decían los manifestantes: “Ustedes y los combustibles fósiles que venden pertenecen al pasado. No son bienvenidos aquí. Estamos aquí, somos ruidosos y no pueden robarnos nuestro futuro”.
Food & Water Action Europe.