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Nina Lakhani: «Todavía falta por condenar a los responsables estatales del asesinato de Berta Cáceres»

La reportera de justicia climática de 'The Guardian' ha publicado '¿Quién mató a Berta Cáceres?', un libro que investiga el asesinato de la activista y la corrupción en Honduras.
Nina Lakhani: «Todavía falta por condenar a los responsables estatales del asesinato de Berta Cáceres»
Nina Lakhani, reportera de The Guardian y autora del libro ‘¿Quién mató a Berta Cáceres?’. Foto: E.P.

El 2 de marzo de 2016, a dos días de cumplir 45 años, un sicario disparó a bocajarro a Berta Cáceres en su casa de La Esperanza. Un año antes de ser asesinada había recibido el Premio Goldman, el máximo reconocimiento mundial para defensores de la naturaleza, por liderar un movimiento de oposición a la construcción de Agua Zarca, un proyecto financiado internacionalmente de represas hidroeléctricas en el río Gualcarque, lugar sagrado para el pueblo lenca.

La periodista británica Nina Lakhani pensó que si habían asesinado a Berca Cáceres, podían asesinar a cualquiera. Ha publicado ¿Quién mató a Berta Cáceres? (publicado en Icaria Editorial), un libro que recoge su exhaustiva investigación del caso a través de más de un centenar de entrevistas. Paralelamente, ilumina las zonas más oscuras de Honduras tras el golpe de Estado de 2009. Un viaje en busca de justicia y un homenaje a la activista medioambiental más conocida de América Latina.

¿Quién mató a Berta Cáceres? En el año 2021 una sentencia condena a David Castillo, directivo de la empresa DESA, como uno de los autores intelectuales. ¿Se ha hecho justicia?

Creo que se ha hecho parte de la justicia. En el primer juicio, en 2018, condenaron a siete sujetos, los sicarios y varios intermediarios. Y el año pasado fue condenado David Castillo, fundador y presidente de DESA, la empresa que llevaba a cabo el proyecto de la hidroeléctrica Agua Zarca y ex militar de inteligencia entrenado en Estados Unidos. Por supuesto, él jugó un rol muy importante en el asesinato de Berta, pero todavía faltan responsables. Creo que no debemos ver el asesinato como un hecho aislado. También ha habido una campaña de terror contra ella, otros asesinatos, acoso sexual, militarización en la zona por parte de accionistas de la empresa y funcionarios del Estado. Sabemos que la empresa tenía la posibilidad de llamar y exigir la presencia de fuerzas especiales entrenadas para reprimir a la gente. Hay muchas capas de responsabilidad. Ahora tenemos algunos responsables condenados, pero todavía faltan los responsables estatales.

No fue la primera ni la última activista asesinada en Honduras pero representa un caso emblemático. Háblenos del trabajo que Berta Cáceres llevaba a cabo en su organización, COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras).

Fundó el COPINH en el año 1993 y se enfocaba en las luchas territoriales, pero desde el principio supo vincular los derechos territoriales con los derechos humanos, los derechos de las mujeres, el derecho a servicios básicos y a los recursos naturales. Su lucha contra la presa de Agua Zarca representaba un proyecto emblemático porque tenía todos los ejes. Tenía financiamiento internacional, presencia de empresas de países como China, accionistas de la oligarquía del Estado… Y, además, actuaba siguiendo las tácticas de contrainsurgencia que se estaban llevando a cabo contra los movimientos sociales en Honduras.

Y contra la población indígena…

Sí, por supuesto. Muchos de los proyectos que se concesionan en América Latina se llevan a cabo en las zonas rurales y provocan un desplazamiento forzado de la población indígena. En el caso de Río Blanco, es un río que da vida a las comunidades. Sin río no hay vida porque ofrece agua para los animales, pescado que les alimenta e incluso medicina, porque se alimentan espiritualmente de él. Con una presa ahí la gente estaría obligada a irse.

¿Se ha ejecutado el proyecto de la presa Agua Zarca?

No, el asesinato de Berta paró el proyecto, pero la concesión sigue vigente y, por tanto, la amenaza también.

Tuvo la oportunidad de entrevistarla en el año 2013. ¿Cómo era Berta Cáceres?

La conocí en un periodo muy complicado para ella y para Honduras. El golpe de Estado [que expulsó al presidente Manuel Zelaya] había sido en el año 2009 y la conocí en el marco de las elecciones de 2013. Estaba viviendo la vida de una prófuga porque tenía órdenes de captura emitidas por cargos falsos. Me advirtió de que había una limpieza social en Honduras. Me concedió una entrevista en la casa de su madre, en La Esperanza. Era una persona seria, comprometida y muy inteligente. Tenía la capacidad de explicar la lucha local de Río Blanco en un contexto regional y global, en un contexto económico y social. Sin tener estudios formales, tenía esa capacidad de hacer análisis muy profundos y de explicárselo a un campesino.

Cuenta en el libro que ella se sentía amenazada. El día antes de morir se despidió de una de sus hijas en el aeropuerto como si tuviera el presentimiento de que sería la última vez que lo hiciera.

Sí. Mucha gente dice que Berta Cáceres no tenía miedo. Sí que tenía miedo, pero era valiente. Le daba pena no tener a sus hijos con ella, no poder caminar por las calles, no poder bañarse en el río, que para ella era como alimentarse. A mí me dijo: «Quiero vivir. Amo a mi país y debemos refundarlo para que los jóvenes no se vean forzados a emigrar». Tenía un gran compromiso con Honduras, aunque le habían jodido varias veces.

La criminalización de activistas de Derechos Humanos es frecuente. En España tenemos el ejemplo de Helena Maleno.

La criminalización siempre ha sido una de las tácticas de represión. Lo podemos ver como en los peores momentos de Europa. El fascismo en España, Italia o Alemania se llevó a cabo en un contexto legal. La ley siempre ha sido mal utilizada por proyectos de políticas económicas. La criminalización e intentar corromper a los activistas son estrategias frecuentes. En Honduras ha habido más asesinatos después del de Berta y más casos de criminalización. Si consigues encarcelar a un activista el movimiento se ve forzado a enfocarse en su liberación y se debilita. Hay otro caso en Honduras, el de Guapinol, en el que varios activistas fueron encarcelados.

¿Cómo se pueden organizar para defenderse de la represión de sus propios Estados?

Es muy difícil. Algunos se van a Estados Unidos. En el caso de Berta y de sus compañeros, Amnistía Internacional emitió comunicados y los definió como presos políticos por la criminalización que sufrían. Creo que en Europa pasa igual, cada vez más la ley se utiliza en contra de los ciudadanos. Durante la pandemia, por ejemplo, era difícil manifestarse en el Reino Unido. Cada vez más se intenta evitar el levantamiento social, sea de la naturaleza que sea.

En el libro usted narra paralelamente la historia de Berta Cáceres y la historia reciente de Honduras. Afirma que es el país más peligroso para las mujeres.

Si analizamos las cifras sí. El golpe de Estado marcó un antes y un después en Honduras, se convirtió en un Estado criminal en lugar de ser un Estado de derecho. Primero de todo aumentaron el tráfico de drogas y convirtieron el país en un lugar no solo de tránsito sino de producción. Lo hicieron los mismos políticos. Y también quisieron vender los recursos naturales. Después del golpe se convirtió en el país más peligroso para los abogados, para defender el medioambiente y para hacer periodismo. Y cuando me preguntan por qué pasa esto en países como Honduras o México siempre digo que no se trata de manzanas podridas, se trata de sistemas políticos diseñados para funcionar así.

El mismo día del veredicto del juicio por el asesinato de Berta Cáceres el Partido Nacional es acusado de operar como una estructura criminal. Y varios familiares del presidente Juan Orlando Hernández fueron acusados de tráfico de drogas y corrupción.

Sí. Creo que mucha gente se ha equivocado al etiquetar Honduras como un país quebrado, es un Estado criminal. Ahora Juan Orlando Hernández está en Nueva York y tendrá que enfrentar cargos de narcotráfico y tráfico de armas. Su hermano ya está sentenciado. Uno de los bancos que cito en el libro y que intentó parar su publicación, FICOHSA, se enfrenta a acusaciones de haber apoyado a Juan Orlando Hernández para esconder sus bienes y su riqueza. La lucha por la justicia y la verdad es larga pero se consigue.

Quizás lo más difícil sea perseguir el rastro del dinero.

Como periodistas nos preocupamos mucho por otras partes de las historias y, aunque sea lo más difícil, seguir el rastro del dinero es lo más importante. Más de la mitad de las inversiones de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial son llevadas a cabo a través de otros bancos o empresas. Imagínese lo difícil que es seguir el rastro del dinero cuando llega un megaproyecto a una comunidad de Nigeria o de Filipinas. Hay una falta de transparencia total. Sabemos lo que sabemos en el caso de Agua Zarca gracias a la fuerza de Berta, su familia y la investigación, pero hay miles de casos así.

Xiomara Castro es la nueva presidenta de Honduras desde enero. ¿Está mejorando la situación tan convulsa de los últimos años?

Creo que sin duda ha bajado el terror y que hay esperanza. Ziomara Castro era la primera dama de Manuel Zelaya, el presidente expulsado por el golpe de Estado. Yo diría que no hay políticos que sean ángeles. Sin embargo, ahora ha regresado mucha gente formada que fueron obligados a exiliarse y la presidenta está construyendo un buen equipo. Lo que pasa es que tienen que reconstruir un país desde cero. Se ha destruido el Estado de derecho en Honduras, hay que reconstruir el sistema educativo, el sistema de salud… Todo.

¿La familia de Berta Cáceres continúa con su legado?

Su segunda hija, Bertita, es la actual coordinadora de COPINH. Sus cuatro hijos son personas comprometidas y la organización se va fortaleciendo de nuevo después de que el asesinato de Berta lograse debilitar a todos los movimientos activistas. Cuando la mataron era la defensora más reconocida de América Latina. Había ganado el Premio Goldman, había sido recibida por el papa Francisco en el Vaticano. Y aun así la asesinaron. Eso tuvo un gran impacto.

¿Usted ha recibido represalias a raíz de la publicación del libro?

Claro. Intentaron parar su publicación. Hubo una campaña en la que me etiquetaron como terrorista mediática. Me acusaron de manchar el buen nombre de las Fuerzas Armadas. Llevo años sin visitar Honduras por aire, siempre voy por tierra porque temo que me detengan en el aeropuerto. Durante el primer juicio emitieron un comunicado de un grupo campesino falso en el que me declaraban persona non grata. Tengo amigos que me previenen: en Honduras no me van a matar… pero sí que me puede ocurrir un accidente. Y si me matan pueden decir que lo han hecho unos mareros porque me han vinculado con un caso de crimen organizado.

¿Hay complicidad de otros países en esta represión?

Las Fuerzas Armadas reciben entrenamiento por parte de otros países, de ejércitos como los de Israel, Colombia, Chile o Estados Unidos. No pueden decir que no saben lo que ocurre, hay una responsabilidad indirecta.

Actualmente trabaja como reportera de justicia climática para The Guardian con base en Nueva York. ¿En qué temas pone el foco?

Intento contar las historias de las comunidades y pueblos que están recibiendo el impacto del cambio climático en mayor medida. El impacto del cambio climático no es igual en todos los lugares y está exponiendo las desigualdades que ya existían. Intento tratar eso también cuando hablamos de las soluciones para el cambio climático, como las energías renovables. Si seguimos imponiendo los proyectos de energía renovable, como en el caso de Agua Zarca, vamos a acabar con los pueblos indígenas.

Pero se siguen primando los intereses económicos frente al bienestar de estas comunidades. ¿Cree que hay alternativas?

Si seguimos con el modelo económico dominante actualmente vamos a acabar con la humanidad. El planeta va a sobrevivir pero la humanidad no. Mira, en mi país British Petroleum (BP) acaba de anunciar ganancias de más de seis billones de dólares en los primeros tres meses de este año. Pero el discurso es pedir a BP que invierta más en las energías renovables. ¡Por favor, son empresas mafiosas! En mi opinión, necesitamos democratizar la energía. Y si hubiésemos prestado atención a las advertencias de los expertos científicos hace 20 años, ahora no tendríamos la adicción a los combustibles fósiles de Rusia, Venezuela o Arabia Saudita. Países que son petrodictaduras. Ahora Biden manda a su gente a Venezuela para suplicar más petróleo. ¿Cuándo vamos a darnos cuenta de que eso debe acabar?

¿Hay ejemplos de democratización de la energía?

En Puerto Rico, por ejemplo, el huracán María destruyó en 2017 el sistema energético. Miles de personas murieron por falta de energía en los hospitales. Ahora hay un movimiento muy interesante que se llama Queremos Sol. En Puerto Rico hay suficiente sol para generar tres veces más electricidad de la que necesitan. Lo hacen con paneles solares en los tejados y redes pequeñas y locales. No tienen suelo suficiente para crear granjas solares en manos de grandes empresas pero tienen techos, y por eso es un ejemplo de democratización de la energía. Pero es el poder económico el que siempre ha movido el poder en el mundo.

¿Cree que es importante contar historias positivas en materia de cambio climático?

Sí. Hace poco estuve en Hawái, donde han sufrido sequías a causa de la agricultura industrial. Ahora los agricultores indígenas están rescatando las formas de agricultura tradicional, no de monocultivo. Tienen el pensamiento de alimentar primero la tierra y luego alimentarse ellos. Están recuperando las formas tradicionales y aprovechando las técnicas modernas. Para salvar la humanidad necesitamos ir a los pueblos indígenas y quitarnos la arrogancia porque existimos gracias a ellos.

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COMENTARIOS

  1. NO MAS BERTAS CACERES. SOJA IMPORTADA MANCHADA DE SANGRE.
    Soja: alimentación animal, biocombustibles y destrucción de pueblos nativos.
    La acción protesta de activistas de Brasil el pasado 6 mayo en Madrid forma parte de la campaña ‘No te comas el bosque’ y quiere sensibilizar sobre la violación de derechos humanos vinculada a la deforestación producida por la soja y la ganadería. La representante de la Comisión Pastoral de la Tierra de Brasil, Valeria Pereira Santos, subrayó la importancia de que los consumidores conozcan que esta soja importada está manchada de sangre. Por su parte, Andrè Campos señaló que la Comisión Europea debe mejorar su propuesta para minimizar el impacto del consumo europeo en la deforestación global, así como el uso de biocombustibles, procedentes en parte de esta deforestación.
    Las importaciones europeas, además de impulsar las emisiones derivadas del cambio de uso del suelo, la pérdida de biodiversidad y el aumento del riesgo de incendios forestales y la expansión de la agricultura en las zonas forestales tropicales, también aumenta el riesgo de acaparamiento de tierras, la violencia y otros efectos negativos hacia las comunidades indígenas y otras dependientes de los bosques.
    Del total de importaciones sojeras procedentes de Brasil que llegan a la UE, el 69% proceden de dos ecosistemas especialmente valiosos y vulnerables: la selva amazónica y la sabana del Cerrado. Detrás del auge del agronegocio que supuso la soja en el Cerrado, que en las últimas dos décadas ha pasado de 7,5 millones de hectáreas cultivadas a veinte millones, hay consecuencias devastadoras para la supervivencia del propio bioma.
    Brasil fue en 2020 el origen de casi dos de cada tres toneladas de habas de soja importadas por España. La industria de los piensos española, con una producción de 34,5 millones de toneladas en más de 850 fábricas, es líder en la UE. Por este motivo, España es un punto estratégico para empresas que importan soja desde el continente americano para luego comercializar los subproductos (torta de soja y aceite) en el resto de Europa.
    La eliminación, parcial, del aceite de palma en la revisión de la política europea de biocombustibles simplemente hará que aumente el uso de la soja. En un escenario de alta demanda de biocombustibles, el consumo de biocombustibles a base de soja puede crecer hasta 41 millones de toneladas en 2030, lo que equivale a unas tres cuartas partes de la actual producción mundial de aceite de soja. Este aumento del consumo de aceite de soja conllevaría una deforestación adicional prevista de 1,8 millones de hectáreas para 2030.
    En su próxima parada en Bruselas, los activistas incidirán en la importancia de las legislaciones en las que trabajan la Comisión Europea y el Parlamento para frenar los impactos sociales y medioambientales causados por las importaciones de soja destinada a alimentación animal y su uso en biocombustibles.
    En este contexto de fuerte debate sobre la enorme huella ambiental y social del sistema agroalimentario europeo, Greenpeace Holanda anunció hace unas semanas que activistas de toda Europa protestarán ante la próxima llegada del Crimson Ace, un gran buque cargado con soja brasileña destinada a la fabricación de piensos en la Unión Europea. El Crimson Ace partió de Brasil el 19 de abril y transporta más de 60.000 toneladas de soja para alimentación animal, y se espera que llegue al puerto de Ámsterdam en los próximos días.

  2. COLOMBIA: EL CRIMEN QUE NO CESA.
    Los grupos paramilitares afectos al gobierno colombiano, asesinaron el pasado fin de semana a una líder social de 65 años. Con este crimen ya alcanzan el número 64 de los líderes sociales asesinados en lo que va de año, sin que ello suscite el más mínimo escándalo en los grandes medios de comunicación occidentales.
    El pasado viernes, 29 de abril, la violencia volvió a cebarse sobre una líder social colombiana. Según denunció la organización «Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz» (Indepaz), ese día tuvo lugar el asesinato de la líder social María Elvia Gómez, que fuera presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Magdalena, en el municipio de El Peñol, en el oriente del departamento de Antioquia.
    Como suele ocurrir en Colombia, -el primer país latinoamericano cobijado bajo las siglas de la OTAN-, una vez más la versión que sobre los asesinatos proporcionan las autoridades colombianas no coinciden con la proporcionada con la de los vecinos y los familiares de la víctima .
    Cualquier caso, las cifras nacionales de homicidios de luchadores sociales y defensores de los derechos humanos en Colombia son inasumibles. De acuerdo con los datos conocidos, este país ha registrado desde el pasado mes de enero, 64 personas asesinadas por su compromiso con tareas sociales de organización colectiva campesina. Sin embargo, estos hechos no son usualmente recogidos en la prensa occidental, de tal forma que la media de la ciudadanía europea asume con toda naturalidad la idea de que en Colombia ha existido y existe «una democracia que funciona», no teniendo esa misma estimación hacia Venezuela, un país en el que, según los más importantes medios de comunicación, hay una feroz dictadura que persigue duramente a su disidencia política
    https://canarias-semanal.org/art/32656/colombia-el-crimen-que-no-cesa

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