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Los mercados de carbono siguen en el punto de mira de los activistas climáticos. Su verdadera utilidad siempre estuvo en tela juicio, pero con el tiempo están surgiendo voces autorizadas que creen que esta compraventa de derechos de emisiones no sólo no sirve para nada sino que sería incluso perjudicial para frenar el calentamiento global. De hecho, podría estar acelerándolo, ya que retrasa la reducción real de emisiones. Por esa razón, más de 80 organizaciones han escrito una carta conjunta dirigida a gobiernos y grandes compañías para que dejen de fomentar los créditos de carbono. Y van más lejos: piden la eliminación de estos instrumentos financieros de cualquier mesa de negociación sobre el clima y, por supuesto, de las estrategias para alcanzar los objetivos firmados en el Acuerdo de París.
«Permitir que empresas y países cumplan con los compromisos climáticos mediante créditos de carbono probablemente ralentizará la reducción global de emisiones y no proporcionará ni de lejos la cantidad de fondos necesarios en el sur global», dicen los firmantes en su comunicado. Esta artimaña contable permite a las empresas seguir emitiendo la misma cantidad de gases de efecto invernadero, pero se la restan en sus balances al invertir en proyectos de captura, conservación o reforestación. Por tanto, estos mercados de carbono estarían también reduciendo «la presión para desarrollar otros mecanismos a gran escala». Entre estos, el que las grandes compañías de hidrocarburos tratan de evitar a toda costa es el que se puede resumir con la frase «el que contamina paga». Actualmente, el dinero que las empresas invierten en los mercados de carbono es un acto voluntario.
¿Y qué países están trabajando con más ímpetu para dar credibilidad e imponer a nivel global este comercio de los derechos de emisión? Uno de ellos es, sin duda, Estados Unidos. El pasado mes de mayo, el Gobierno estadounidense aprobó oficialmente la inclusión de estos créditos como parte de la financiación climática. Lo hizo a pesar del largo historial de fraudes que llevan asociadas estas prácticas. Un año antes, sin ir más lejos, el consejero delegado de Verra, la mayor certificadora de créditos de carbono, tuvo que dimitir tras descubrirse que las compensaciones que rubricaba no tenían ningún valor real.
La literatura científica lleva años señalando todos los problemas que este tipo de contabilidad lleva asociada. El primero, como indican las ONG en su carta, es «la probabilidad de que la mayoría de los miles de millones de créditos creados hasta ahora no sean adicionales, es decir, que cualquier reducción de emisiones probablemente habría ocurrido independientemente del mercado de carbono (socavando así toda la lógica del crédito de carbono)».
Otro factor, asociado directamente a los derechos humanos, es que «los proyectos se han impuesto sin el consentimiento local o han violado los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las comunidades locales».
Pero el problema más evidente de los mercados de carbono es el hecho de obviar los gases de efecto invernadero reales que ya se han emitido (y que están efectivamente en la atmósfera) y aferrarse a los números de un libro de contabilidad que hablan de una reducción de emisiones totalmente hipotética. O como dicen los firmantes de la carta: «La eliminación no permanente de carbono se equipara falsamente con la reducción de emisiones (permanentes) de la quema de combustibles fósiles».
«Vale la pena señalar –continúan– que el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), en su último Informe de Síntesis (2023), no respaldó, ni siquiera mencionó, el uso de las compensaciones de carbono como una opción viable» para frenar o mitigar el impacto del calentamiento global.
«Los objetivos climáticos deben centrarse principalmente en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero dentro de los propios límites de las empresas y los países, incluyendo la eliminación gradual de la producción, el transporte, la venta y el uso de combustibles fósiles», recomiendan.
Grandes organizaciones como Climate Action, Oxfam, Greenpeace, Amnistía Internacional o Amigos de la Tierra (desde diferentes comités, también desde el de España) están entre los firmantes de la carta.