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Ha sido uno de los momentos más emocionantes del último día de la COP 25. Un frente unido de países, incluyendo tanto a Estados industrializados como en desarrollo, ha publicado los “Principios de San José”, un rayo de esperanza para la integridad futura de los mercados de emisiones.
Según Franz Perrez, líder de la delegación suiza y negociador de largo recorrido con experiencia previa al Acuerdo de París, “si los mercados van a buscar un aumento de la ambición, las normas deben ser al menos tan robustas como lo son los Principios de San José”.
Los once principios (más un elemento adicional de reconocimiento), esbozan lo que Eric Wiebes, Ministro de Asuntos Económicos y Política Climática de los Países Bajos, espera que asegure “la integridad medioambiental del sistema multilateral”. La decisión final sobre los mercados de carbono se ha retrasado ya al menos 24 horas más de lo previsto.
Los principios incluyen lenguaje específico que se opone directamente a los intentos de Australia y Brasil de permitir ciertas reglas especiales en un futuro sistema mercados de carbono. Reglas que debilitarían el Acuerdo de París tan solo cuatro años después de su firma. “Sin una contabilidad apropiada, nuestra acción climática dejará de tener sentido. Podemos ser flexibles en ciertos asuntos, pero no en los Principios de San José para los mercados internacionales de carbono”, afirmó Wiebes.
Los principios, bautizados oficialmente como Principios de San José para una Alta Ambición e Integridad en los Mercados Internacionales de Carbono, recuerdan a una estrategia que cambió el escenario de las negociaciones de París. En ese momento, un grupo de países coordinados a través de un año de reuniones diplomáticas secretas encabezadas por las Islas Marshall, reveló su apoyo a los objetivos a largo plazo, y consiguió que la meta de los 1,5 ºC fuera finalmente adoptada.
Aquí, al parecer, ha sido Costa Rica la que ha realizado un movimiento similar. Los Principios llevan el nombre de la capital del país centroamericano, y la líder de su delegación, Sara Cognuck González, reivindicó su liderazgo.
En una presentación celebrada ayer, había 23 países signatarios, pero la lista ahora ha aumentado hasta 29, incluyendo a España, Fiyi, Portugal, Francia, el Reino Unido e Italia (a las 19h del 14 de diciembre).
Arthur Wyns, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), destacó el hecho de que España, el país organizador, se uniese a la coalición.
Los principios incluyen tanto elementos técnicos como políticos del debate sobre mercados de emisiones. Si se aprobaran, complementarían muchas de las exigencias tanto de la sociedad civil como de los inversores. Entre los Principios se incluyen puntos sobre qué debe ser medido, cómo encajan los mercados de carbono en los planes climáticos nacionales y cómo pueden conectar con la preocupación mostrada por los países en desarrollo acerca del apoyo financiero.
Sin embargo, la redacción de los puntos deja claro que la intención general es esbozar lo que sería necesario para generar un mecanismo de mercado que asegure de manera efectiva que los países puedan reducir sus emisiones, y no se limiten a obtener lucro comerciando con ellas. “El grupo diverso de países que apoyan estos principios saben que necesitamos un resultado justo para que el objetivo de 1,5 ºC siga siendo posible”, declaró el ministro costarricense de Medio Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez.
Sin embargo, uno de los elementos clave ausente en los Principios de San José es la mención a las garantías de protección de los Derechos Humanos. Esto ha suscitado preocupación estos días en Madrid, ya que los mecanismos especiales que aseguraban que los países no podían comerciar con créditos que supongan daño a comunidades de todo el mundo, desaparecieron de los borradores finales del texto. Además, el documento final, que todavía debe ser aprobado, menciona que estos mecanismos de garantía tan solo podrán ser revisados en 2026, y potencialmente implementados en 2028.
En respuesta a este detalle, Sebastian Duyck, miembro del Centro Internacional de Derecho Medioambiental, pidió a todos los países que se esforzaran por remediar ese punto. “Lo que pedimos a las partes es que rechacen cualquier texto del Artículo 6 que no cumpla los más básicos derechos humanos. Lo más desastroso del texto es que tenemos que prepararnos para no revisar esta ausencia de derechos humanos hasta 2028”, afirmó durante la mañana del sábado.
Muchos de los países firmantes de los Principios de San José han apoyado en algún momento los mecanismos de garantía de los derechos humanos. Entre ellos, Costa Rica, Nueva Zelanda e Irlanda, cuya ex primera ministra, Mary Robinson, se personó esta semana en la Cumbre del Clima para presionar, de manera tanto pública como privada, para que se incluyera un lenguaje más estricto sobre este tema.
No obstante, la lista de firmantes excluye a Australia, Canadá y México, que esta semana han estado entre los países que más han apoyado esas garantías en las negociaciones sobre mercados de emisiones.
Durante estos debates, varios países en vías de desarrollo se opusieron a que se incluyese cualquier provisión que obligase a integrar los Derechos Humanos en conexión con la financiación, a pesar de que muchos de estos países han firmado numerosas declaraciones internacionales de Derechos Humanos, y reconocen que es un principio básico del Acuerdo de París.
En declaraciones a Climate Tracker, los negociadores que se opusieron a su inclusión señalaron “la naturaleza dinámica de los derechos humanos” como principal argumento. Sin embargo, está claro que las principales objeciones son de carácter financiero, ya que la venta de ciertos proyectos podría verse amenazada si una provisión permitiese a las comunidades bloquearlo si suponen abusos para sus derechos.
Para Duyck no puede pasarse por alto la exclusión de provisiones de Derechos Humanos en los sistemas de mercados de carbono durante los próximos ocho años: “Es vergonzoso que algunos gobiernos ni siquiera se planteen abrir ese debate”.
Con el potencial de reformular la economía del carbono en el siglo XXI, este impulso de la Coalición de Alta Ambición es una propuesta crítica para asegurar la integridad de todo el sistema. Sin embargo, si ese sistema no consigue implementar mecanismos que aseguren la protección de los grupos vulnerables, podremos preguntarnos ¿a quién pretendía proteger en un principio?
Este artículo se publicó originalmente en Climate Tracker, y ha sido reproducido con el permiso de su autor.
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