Seis comunidades produjeron el 80% de la energía renovable en España en 2023

Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Galicia y Extremadura lideran la transición energética en España, con notables diferencias respecto al resto de territorios del Estado. Entre estas seis comunidades produjeron más del 82% de la energía renovable que el país generó a lo largo de 2023, según datos de Red Eléctrica analizados por Climática.

En términos absolutos, Castilla y León encabeza la producción con 23.308 GWh durante el pasado año, lo que supuso más de un 17% de toda la generación renovable del país. Tanto es así que la comunidad no solo podría haber abastecido sus necesidades de energía eléctrica en 2023 sino que tuvo excedentes superiores a los 10.000 GWh, que fueron exportados a otras regiones. Haciendo cuentas, solo con la generación renovable de Castilla y León se podría cubrir la demanda eléctrica total tanto de dicha región como de Castilla-La Mancha (en un ejercicio hipotético si tenemos en cuenta que las tecnologías renovables no producen cada día la misma cantidad de energía).

Sin embargo, Castilla-La Mancha no necesita ayudas para cubrir su demanda, ya que es la segunda comunidad que más energía limpia produce de todo el Estado: 19.073 GWh, más de un 14% de lo que se produce en España y un 164% respecto a lo que la región demandó en todo el año.

Andalucía, Aragón y Galicia, por ese orden, produjeron cantidades similares de energía renovable en 2023, ya que las tres comunidades se movieron en el entorno de los 18.000 GWh. A pesar de ello, con dicha generación, la comunidad andaluza solo pudo hacer frente a un 43% de sus propias necesidades eléctricas, mientras que tanto Aragón como Galicia sí tuvieron excedentes.

Finalmente, Extremadura logró producir 13.430 GWh, más de un 10% de toda la energía renovable que se generó en España. A pesar de ser la sexta región en este ranking, debido a su baja industrialización y, por tanto, a su bajo consumo, la extremeña fue la comunidad con mayor excedente respecto a su demanda interna: si fuese viable almacenar la energía, Extremadura podría abastecerse durante dos años y diez meses solo con la producción de 2023.

Regiones demandantes

En el lado opuesto de la balanza están Cantabria, Madrid, Baleares, Euskadi, La Rioja y Canarias, que solo generan, en conjunto, un 3,7% de toda la producción renovable del país. El caso más extremo de todos es el de Madrid: con la energía limpia que produce la comunidad en todo un año solo podría abastecer su demanda eléctrica durante seis días completos. Euskadi lo haría durante 22 días y las islas Baleares llegarían a completar un mes.

El primer motivo que explica estas grandes divergencias entre unas regiones y otras es la superficie territorial y la densidad de población: mientras que en Castilla y León o Extremadura viven 25 habitantes por kilómetro cuadrado, la Comunidad de Madrid multiplica esa cifra por 34: 856 personas por km². A ello habría que sumar la demanda energética industrial, especialmente relevante en territorios como Euskadi o Catalunya. Juan Francisco Caro, presidente de Opina 360, consultora especializada en energías renovables, señala también la orografía del terreno y la disponibilidad de recursos como otros factores diferenciales: “Comunidades como Asturias, Cantabria o Euskadi no solo tienen poca superficie, sino que además es muy montañosa, lo que dificulta la instalación, por ejemplo, de parques fotovoltaicos, además de un menor número de horas de sol en comparación con otros territorios, lo que las hace menos atractivas para estas tecnologías”, explica.

En el caso concreto de Madrid, la comunidad con menor producción de todo el Estado, el especialista señala que la región ha comenzado a autorizar más proyectos en los últimos años: “En el tercer trimestre se ha dado el visto bueno a 1.079 MW de renovables, que es una cantidad muy importante. A ello hay que sumar otros parques en la frontera con Toledo pero que van a evacuar la energía en Madrid. En un año o dos, vamos a ver que la región va a dar un salto importante”. No obstante, Castilla y León (2.500,2 MW), Castilla-La Mancha (2.371,9 MW) y Aragón (2.336,7 MW) se sitúan a la cabeza y entre las tres concentran más de la mitad de la potencia autorizada en el último trimestre.

Críticas a la falta de planificación

Los grandes proyectos renovables han sido objeto de críticas por parte de sectores ecologistas y de las comunidades locales por la afectación al paisaje y por la escasez de recursos económicos que dejan en las comarcas en las que se instalan. Desde la Alianza Energía y Territorio (ALIENTE) denuncian que la falta de planificación estatal y autonómica ha permitido a las empresas establecerse en aquellos lugares que ellas mismas eligiesen: "Esto ha contribuido a que haya comunidades con tantísima producción y otras que apenas generan energía renovable. Las compañías han apostado por aquellos lugares donde han tenido más facilidades, sin planificación para evitar daños ambientales, sin diálogo social… No tiene sentido que haya parques fotovoltaicos en terrenos de cultivo y haya naves y zonas industriales sin placas solares", sostiene Rosa Pardo, portavoz de la organización.

Los desmanes de las grandes empresas ha llevado a la justicia a exigir desmontar la mayor planta solar de Europa, ubicada en el término municipal de Usagre, en Badajoz, al considerar que la expropiación de los terrenos se había llevado a cabo de manera ilegal.

Asimismo, en ALIENTE apuntan también hacia el modelo de transición energética elegido por el país: “En Alemania se da prioridad al autoconsumo, que beneficia a la ciudadanía, mientras que España ha apostado por grandes parques que son favorables a los intereses económicos de grandes empresas, fondos de inversión… que no generan rendimientos para el territorio local”.

Ante esto, organizaciones y partidos políticos regionales reclaman mayores incentivos económicos para las comunidades locales para que así los vecinos y vecinas de aquellos territorios excedentarios vean remunerada su producción energética. Juan Francisco Caro, de Opina 360, asegura que los proyectos renovables sí dejan beneficios en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas en forma de impuestos. Asimismo, sostiene que las administraciones públicas están empezando a llegar a acuerdos con las compañías promotoras para lograr otros beneficios, como tarifas de electricidad más baratas: “Esto lo pueden aprovechar para convencer a otras empresas de que se establezcan en su término municipal, y así generar más empleo”, propone.

Sin embargo, el especialista es crítico con la moratoria a nuevos proyectos exigida por organizaciones conservacionistas en aquellas regiones excedentarias: “El cierre de infraestructuras no renovables, sobre todo las centrales nucleares, va a exigir de un aumento de la capacidad de producción de energía limpia para cumplir con los objetivos que se ha marcado España, por lo que va a seguir siendo necesario implementar más parques renovables en todos los territorios”, asegura.