Una transición ecológica sin medias tintas

Avanzamos en el otoño en tres coordenadas. La primera de la mano de la Organización Meteorológica Mundial, que alerta que se han batido cuatro récords que ponen el planeta al límite: el aumento de los gases de efecto invernadero tras la pandemia –con especial preocupación por el metano– y la acidificación, elevación del nivel y aumento de las temperaturas de los océanos. La principal consecuencia es que un millón de especies se encuentran al borde de la extinción global. La segunda son las alocadas cifras de los balances de las petroleras, claras ganadoras del casino especulativo. Y es que hablando de límites, en este sector parece no haberlos… Así, los beneficios de Repsol crecen un 66% y alcanzan los 4.564 millones en lo que va de año, especialmente en las áreas de exploración y producción de crudo y gas.

Y tercera coordenada: el informe del PNUMA (Programa de la ONU sobre medio ambiente) sobre la brecha de emisiones, que señala que las actuales políticas de los países nos derivan a un aumento de temperatura de 2,8 ℃ a final de siglo, lo que dejaría las cifras de los incendios de este verano en un juguete. Con esto, las coordenadas de emergencia están claras: alerta planetaria, beneficios caídos del cielo del emporio fósil a costa del planeta y de los bolsillos de la ciudadanía y gobiernos que procrastinan frente al reto climático. 

En este contexto, Greenpeace ha analizado los Presupuestos Generales del Estado con su Lupa Verde para ver su grado de alineamiento con la transición ecológica. Es el momento en el que nos jugamos la verdadera política y las soluciones a la crisis actual. 

La propuesta del Gobierno contiene un escudo social necesario y una inversión récord gracias a la suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y los fondos europeos, lo que permite una respuesta muy diferente a las adoptadas en 2008. Con todo, no acaban de cuadrar las cuentas de la transición ecológica. El Gobierno, en su primer ejercicio de presupuestación verde, señala que el 30,6% del presupuesto contribuiría a dicho fin. Son varias las razones para un resultado tan abultado: el análisis se centra solo en una cuarta parte del presupuesto, y sin incluir la fiscalidad, pero sobre todo es la metodología de etiquetado utilizada la que sobrevalora las contribuciones. 

Así, se llega a afirmar que el Ministerio de Defensa contribuye positivamente a la lucha contra el cambio climático, cuando sabemos que supone el 1% de las emisiones del país y que funciona como una ‘zona franca’ al estar fuera de los compromisos del Acuerdo de París y de la propia Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Asimismo, el ejercicio no tiene en cuenta las inversiones y la fiscalidad marrón, es decir, lo que resta a la lucha climática, como las subvenciones a los combustibles fósiles y el extraordinario y oportunista gasto militar, que alcanza el máximo histórico (27.617 millones) y supera, según el Centre Delàs, el 2% del PIB establecido por la OTAN. La guerra de Ucrania es el bálsamo perfecto que ahorra explicaciones y transparencia.

La tentación de considerar sostenible cualquier sector llega también a los clásicos contaminadores. El transporte por carretera, que acapara la mayoría de emisiones en el ámbito del transporte (27% de total), sigue recibiendo cuantiosas inversiones (1.543 millones) para dotar de más capacidad viaria. Unas ampliaciones que el Gobierno considera “un impulso a la sostenibilidad ambiental de nuestras carreteras”. Todas las inversiones en nuevas infraestructuras son clasificadas como “verdes” de entrada, aunque su impacto más inmediato contradiga cualquier lógica, como ya sucedió con el Aeropuerto de El Prat en 2021.

Así, surgen las autopistas y los aeropuertos verdes. Pero, ¿cómo un aumento del tráfico rodado o aéreo pueden repercutir en una reducción de emisiones? En el caso de las carreteras, algunos organismos justifican este supuesto beneficio ambiental en una menor congestión cuando la nueva obra entre en servicio. Sin embargo, las experiencias previas demuestran que cualquier aumento de capacidad viaria termina por generar nuevos desplazamientos, incrementando el volumen de tráfico y, por tanto, de emisiones. La aplicación indiscriminada de adjetivos como “sostenibilidad”, “eficiencia” o “modernización” a estas partidas acaba por diluir el concepto y ensombrece la apuesta que sí se realiza en el caso del ferrocarril (5.408 millones) y el apoyo al transporte público (1.033 millones) o en el fomento de zonas de bajas emisiones (987 millones). 

Hay tres temas más analizados por la “Lupa Verde» que son de especial actualidad y que aquí recogemos. Los incendios, que tras 260.000 hectáreas calcinadas, 30.000 personas desalojadas y cuatro fallecidos, nos valen de referencia para deducir que los PGE de 2023 no nos preparan para la prevención de los mismos. Los incendios se apagan durante todo el año con mayor gestión forestal sostenible y más coordinación y recursos por parte de todas las administraciones. 

La factura energética: se valora positivamente el incremento del bono térmico en 100 millones (hasta 258 millones), pero no así la falta de apoyo a las comunidades energéticas, verdadero vector de la democratización y recuperación de la soberanía energética por parte de la ciudadanía. Siguen pendientes de transposición las directivas que impulsen las comunidades energéticas, el autoconsumo, el ahorro y la eficiencia. 

Capítulo internacional: en medio de la COP27 de Egipto es importante saber que los presupuestos destinan unos 120 millones de euros para fondos climáticos y ambientales, lo que es a todas luces insuficiente para cumplir con lo acordado hace 13 años en la cumbre de Copenhague (COP15). Pero además, España es el 5º país de la OCDE que más financia energías fósiles internacionalmente a través de la internacionalización de la empresa y la actividad comercial (que crece un 152%). Al Gobierno se le acaba el tiempo para cumplir con el compromiso de Glasgow (COP26) de abandonar la financiación pública internacional a energías fósiles y con la “parte justa” de financiación de los países más golpeados y vulnerables a la crisis climática. 

Vivimos un cuadro de inestabilidad global y violencia por culpa de los combustibles fósiles y sus defensores propios y ajenos. Por ello, la transición ecológica justa es la solución puente que debemos acelerar para llegar a “final de mes” y evitar el “final del mundo”. Los presupuestos del Estado deberían contribuir al 100% a este objetivo, sin medias tintas que perpetúen nuestra dependencia de las energías fósiles.

Adrián Fernández y Carlos García Paret, Greenpeace España.