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El Tribunal Supremo de Estados unidos ha fallado este jueves 30 de junio a favor de limitar la capacidad de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para regular las emisiones de gases de efecto invernadero emitidos por las centrales eléctricas.
Esta decisión es totalmente retardista y contraria a la ciencia, que insiste en que hay que reducir el calentamiento global y los impactos del cambio climático. Hace apenas unos meses, el IPCC, el mayor panel de especialistas en cambio climático ligado a la ONU, publicó un informe respaldado por Estados Unidos en el que instaba a una «reducción sustancial del uso de combustibles fósiles» y a parar cualquier nueva infraestructura..
La votación del caso, conocido como Virginia Occidental contra la EPA, ha salido adelante por 6 votos a favor y 3 en contra. Los tres jueces progresistas que se opusieron dejaron constancia de que esta acción quitaba al organismo público «el poder de responder al desafío ambiental más apremiante de nuestro tiempo». En la parte demandante había una veintena de Estados y varias compañías petroleras.
Los seis jueces conservadores de la corte, con su presidente John Robert a la cabeza, justifican su sentencia diciendo que la EPA no puede dictar normas generales para regular las emisiones de unas centrales de carbón que producen en torno al 20% de la electricidad del país.
Esta decisión supone un duro revés para el presidente estadounidense, Joe Biden, y su ya poca ambiciosa política climática. El fallo, además, tiene connotaciones globales, pues Estados Unidos es el país que más gases de efecto invernadero expulsa a la atmósfera. En concreto, se le atribuye un 20,3% de todas las emisiones generadas desde el siglo XIX, lo que implicaría que un 0,2 ºC de calentamiento es responsabilidad suya.
Según las últimas promesas lanzadas por Biden, Estados Unidos se compromete a reducir sus emisiones netas de gases que causan el calentamiento global a la mitad para finales de esta década respecto a los niveles de 2005. Para 2050, el objetivo es lograr la llamada neutralidad climática.
La acción del Tribunal Supremo no revoca ninguna ley, ni restricción ya implementada, sino que quita a la agencia federal la capacidad para imponer cualquier medida a nivel nacional. Ahora, si el Gobierno quiere llevar a cabo cualquier propuesta a favor del medio ambiente y el clima deberá pasar por el Congreso, donde los demócratas no cuentan con los apoyos suficientes.
Esta sentencia no es un caso aislado en la deriva que está tomando Estados Unidos de manos de su Tribunal Supremo. Recientemente, la corte ampliaba el derecho a portar armas de fuego en público mientras que días antes derogaba el derecho constitucional al aborto. Ahora, con esta última sentencia, se abre la veda para que más organismos públicos, como los de sanidad o alimentación, vean limitada su capacidad de actuación.
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No hay que preocuparse pues tenemos a la OTAN que además de velar por nuestra seguridad, ahora se ha convertido tambien en lider en la defensa de la naturaleza.
Menos mal que tenemos a la OTAN, ¿qué haríamos sin ella?
Pero siempre hay cascarrabias como Javi Raboso, para llevar la contraria
(Sociólogo por la Universidad Complutense de Madrid y activista de derechos humanos. Responsable de la campaña de Democracia y Cultura de Paz en Greenpeace España. Twitter: @javi_raboso):
¿Seguridad para quien?
«La propia existencia de la OTAN contribuye a sostener el modelo dominación colonial, de explotación del planeta y de desposesión de las mayorías que se encuentra en la base de la crisis climática y medioambiental en la que nos encontramos. En lugar de fortalecer su rol, deberíamos encarar el futuro diseñando una hoja de ruta de seguridad compartida por toda la comunidad internacional que priorice la paz con la naturaleza, la solidaridad entre los pueblos y la justicia climática.
(Antonio Guterres: “Cuando el cambio climático seca los ríos, reduce las cosechas, destruye la infraestructura crítica y desplaza a las comunidades, exacerba los riesgos de inestabilidad y conflicto”)
Más allá de las tibias iniciativas de descarbonización, el enfoque con el que la OTAN aborda el cambio climático en su Plan de Acción resulta eminentemente securitario, eludiendo cualquier aproximación relacionada con la justicia climática. En ninguno de sus documentos estratégicos se hace alusión alguna a la evidente responsabilidad histórica de los países de la Alianza sobre la crisis climático. Sin embargo, promueve una visión que considera a las víctimas de esta como amenazas a la estabilidad global, una aproximación que justifica el aumento de la militarización y el control social. Las consecuencias de esta tendencia las hemos podido ver recientemente en Nador, en un desesperanzador reflejo de la necropolítica de control migratorio en la frontera sur de la UE».
La contribución de los ejércitos a la crisis climática es tan significativa como lo es su falta de transparencia y rendición de cuentas. El problema no es menor, si consideramos, por ejemplo, que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos es el mayor consumidor institucional de combustibles fósiles del mundo (consume más que países enteros como Bélgica), que el conjunto de emisiones de los ejércitos de los países de la UE podría equivaler a las de 14 millones de vehículos o que solo las del ejército español son tan elevadas como la suma de todos los coches que circulan por Madrid.
Sin embargo, los planes de reducción de emisiones anunciados por la OTAN denotan un marcado carácter de greenwashing o lavado verde de la imagen de sus ejércitos, dada su escasa ambición -propone metas tan lejanas como 2050-, la omisión de medidas concretas para llevar a cabo esa reducción de su huella, e incluso su adopción voluntaria, siempre supeditada a la eficacia de las misiones. Además, resulta difícil entender cómo pueden convivir objetivos de reducción de emisiones con la exigencia del aumento del gasto militar hasta el 2% del PIB para todos sus miembros o con la carrera armamentística desatada a partir de la guerra en Ucrania.