Visto para sentencia el juicio a ‘los 11 de Sagunto’: la Fiscalía reduce a la mitad su petición de cárcel y Greenpeace exige la absolución

Bajo la atenta mirada del relator de Naciones Unidas, los 11 activistas de Greenpeace que en 2021 bloquearon de forma pacífica el puerto valenciano de Sagunto han quedado a la espera de sentencia tras el juicio celebrado este miércoles. La Fiscalía, que cometió un error en su propio escrito de acusación, ha tenido que rebajar su petición de cinco a dos años y medio de prisión, un castigo que la organización ecologista sigue considerando inaceptable.

La reducción de la petición de pena de prisión se debe a que se estaba aplicando un tipo penal agravado que entró en vigor en enero de 2023. Al ocurrir los hechos dos años antes, en 2021, la Constitución española prohíbe taxativamente la aplicación retroactiva de normativas penales cuando estas resultan más gravosas para los acusados.

Aun así, Greenpeace tacha la pena de «absolutamente desproporcionada» y mantiene intacta su exigencia de libre absolución. Según la organización, todos los testigos –incluyendo a agentes de la Guardia Civil, un representante del armador, personal de la planta regasificadora y periodistas independientes– ratificaron el carácter pacífico de la protesta. Quedó acreditado que el riesgo nunca se concretó en daños personales ni materiales, y que la acción no llegó a alterar el tráfico marítimo habitual del puerto valenciano.

Falta de garantías y observadores de la ONU

El equipo jurídico de la ONG ecologista denuncia una «falta de garantías procesales», agravadas por el perfil internacional del grupo encausado. Los activistas procesados suman ocho nacionalidades distintas y seis de ellos no hablan español. Sobre esto, la organización lamenta que estas personas no pudieran seguir el desarrollo del juicio en tiempo real, al disponer de traducción únicamente durante sus propios interrogatorios.

«El juicio ha durado diez horas, con solo dos recesos de diez minutos. Terminamos con cinco años de pesadilla», señalaba Inés Díez, responsable del Área Jurídica de Greenpeace. Díez confía en que se dicte una sentencia absolutoria en un plazo razonable, recalcando que «este juicio nunca debió haber tenido lugar».

El caso, que se enmarca dentro de una ola de criminalización de la protesta climática en toda Europa, fue seguido desde la misma sala por Michel Forst, relator especial de Naciones Unidas sobre los defensores medioambientales, quien acudió en calidad de observador. Amnistía Internacional también mantiene su monitorización sobre el proceso.

El coste humano

A la salida de los juzgados, Francisco del Pozo, uno de los activistas procesados, relató el fuerte impacto psicológico sufrido a lo largo del proceso: «Hemos vivido los últimos años con una pena injusta sobre nuestras cabezas por ejercer activismo pacífico, con todo lo que ello conlleva de miedo, ansiedad e injusticia». Aunque la reducción de la pena supone cierto alivio, matizó: «Nadie nos devolverá ese tiempo perdido; de alguna manera, ya hemos cumplido parte de la condena».

Para Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, el enfoque puramente punitivo es inaceptable: «Nos indigna profundamente el empeño de la Fiscalía en perseguir a quienes defienden la vida, mientras los verdaderos responsables de alterar la paz social y poner en jaque a la humanidad son las multinacionales de los combustibles fósiles».

A la espera de la resolución penal dictada por el juez, la organización ecologista ya ha tenido que hacer frente al pago de 160.000 euros en sanciones administrativas. Greenpeace denuncia que estas multas vulneran el principio de non bis in idem (el derecho a no ser sancionado dos veces por los mismos hechos).