Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente: «No podemos crecer a costa de agotar los recursos actuales»

En un escenario marcado por el auge del negacionismo climático –a nivel ciudadano, periodístico, empresarial y político– y los ataques sistemáticos a la comunidad científica, las políticas de transición ecológica se enfrentan a un momento decisivo. Hugo Morán (Campomanes, Asturias, 1963), secretario de Estado de Medio Ambiente desde 2018 y presidente de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) desde el pasado abril, considera que «legislar de espaldas a la ciencia es, probablemente, la apuesta más segura hacia el fracaso».

En la extensa entrevista, realizada por videollamada, Morán repasa los grandes frentes abiertos de su departamento. Desde el reciente proceso de reestructuración y el plan de choque laboral tras un amago de huelga en AEMET, hasta el pulso con los ayuntamientos que se resisten a implantar las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Además, el ‘número 2’ en cuestiones ambientales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) reflexiona sobre los límites de la masificación turística, la pérdida del relato en el reto demográfico, los recientes vaivenes ambientales en la Unión Europea y los roces que la Ley de Bienestar Animal ha generado con la protección de la biodiversidad.

¿A qué responde este cambio de estructura en AEMET, donde la presidencia pasa a estar en manos de la secretaría de Estado de Medio Ambiente?

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya era un organismo integrado en la estructura de la Secretaría de Estado; de facto, su dirección institucional ya dependía de nosotros. Lo que ocurría era que no había una diferencia nominal entre el cargo de presidencia y la dirección general: una sola persona cumplía ambas funciones. 

En 2015 se modificó la ley de organismos autónomos y agencias estatales, y desde entonces todas han ido adaptando sus estatutos. Por ejemplo, el secretario de Estado también preside el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, pero este cuenta con un director general propio. En la AEMET se trataba de hacer exactamente lo mismo: diferenciar la figura institucional de la ejecutiva. Es una tarea farragosa iniciada hace unos dos años que culmina ahora, pero en realidad no hay ningún cambio de fondo en el funcionamiento de la agencia.

¿Con este nuevo rol no cambia nada?

Prácticamente todo sigue igual. La única diferencia es que la AEMET tiene un Consejo Rector –con presencia de distintos ministerios– que se reúne unas dos veces al año para aprobar presupuestos y acuerdos. Hasta ahora, esas reuniones las presidía quien ocupaba la presidencia y dirección general. A partir de este momento, mi única encomienda nueva como secretario de Estado es la de convocar y presidir formalmente dichas reuniones.

Respecto a la actual directora, Alicia López Rejas, ¿fue elegida por usted? ¿Cómo es el proceso y qué le llevó a decantarse por su perfil?

Una vez diferenciado el rol institucional del ejecutivo, parecía razonable que la dirección recayera en alguien con las competencias, la formación y los conocimientos adecuados en meteorología y física. Dada la madurez y solvencia de la AEMET tras décadas de trabajo, también era lógico buscar a alguien con experiencia comprobada dentro de la propia estructura.

No creo que haya nadie, ni dentro ni fuera de la agencia, que discuta el perfil de Alicia López Rejas. Es una persona muy comprometida, con muchos años en la agencia ocupando distintas responsabilidades e, incluso, ejerciendo labores de auditora externa recientemente. Conoce la institución tanto desde dentro como desde fuera. Consideramos que era el perfil idóneo, especialmente en unos tiempos en los que la climatología, la meteorología y la ciencia en general sufren ataques continuados desde determinados ámbitos políticos. Era muy importante demostrar que la AEMET no es una estructura político-ideológica como algunos pretenden decir, sino una entidad altamente profesional dedicada a la elaboración de información científica, fundamentando su credibilidad estrictamente en la ciencia.

El pasado 27 de marzo se evitó una huelga en la AEMET tras un acuerdo in extremis con los sindicatos. ¿Cómo valora la situación laboral de la agencia en estos momentos?

La AEMET no fue ajena a los recortes derivados de la crisis económica de 2008. Se optó por reducir la inversión pública, un enfoque que posteriormente se demostró erróneo, y las políticas medioambientales resultaron especialmente damnificadas. La agencia llegó a tener unos 1.600 profesionales, pero cuando llegamos al gobierno en 2018 la plantilla rondaba los 1.000; había perdido más de un tercio de sus recursos humanos.

Tras la declaración de emergencia climática [en 2020], entendimos que era prioritario reforzar las estructuras de conocimiento necesarias para afrontar los impactos del cambio climático, y ahí la Agencia Estatal de Meteorología es una pieza insustituible. Se inició un proceso de recuperación convocando alrededor de 500 plazas en los últimos tres años, pero aún no se ha recuperado todo el músculo necesario. A esto hay que sumar el deterioro tecnológico e investigador provocado por la falta de inversión previa.

Para revertir la situación, diseñamos un plan estratégico de rescate. Desde el 2018-19, se han elaborado planes de recursos humanos, se han ejecutado inversiones mediante el Plan de Recuperación y se ha lanzado una nueva política de comunicación ciudadana. Sin embargo, una estructura que depende de sus predictores no puede funcionar sin el personal adecuado. Por ello, considero que la movilización de los trabajadores estuvo perfectamente justificada: demandaban más avances en menos tiempo. Finalmente dialogamos, alcanzamos un acuerdo y actualmente contamos con una hoja de ruta bien definida.

Esa hoja de ruta marca varias fechas límite, algunas muy próximas. ¿Cree que se va a poder cumplir todo lo acordado en los plazos previstos?

Quienes nos sentamos a dialogar nos comprometimos únicamente a aquello que estábamos en condiciones de cumplir porque la adquisición de compromisos que luego se incumplen deteriora la capacidad de entendimiento. Esas fechas son los puntos de encuentro razonables que figuran en el acuerdo y con los que estamos trabajando.

Hay un punto que no parece tener fecha exacta: la partida extra para actualizar los complementos de productividad. ¿Cuándo verá la plantilla ese aumento en su nómina? 

Estamos trabajando para que sea lo más inmediato posible. Durante las negociaciones aceptamos realizar un esfuerzo mayor al inicialmente previsto, pero en ese momento no disponíamos de la cobertura presupuestaria necesaria. Actualmente estamos tramitando con el Ministerio de Hacienda la captación de esos recursos financieros para ejecutar la partida, por lo que esperamos que no se demore.

En cuanto a personal, también estaba prevista una oferta de empleo público extraordinaria con más de 400 plazas. ¿Qué tiempos manejan para la publicación de esta convocatoria en el BOE?

Nuestra intención, y el presupuesto con el que trabajamos, es que esta oferta extraordinaria arranque este mismo año, en 2026. Las plazas irán saliendo en convocatorias sucesivas, pero el proceso se iniciará ya.

¿A qué achaca la oleada de ataques y bulos que reciben la comunidad científica y los divulgadores, incluido el personal de AEMET? Un caso claro es el de José Ángel Núñez, que sigue sufriendo acoso por parte de políticos, medios y las redes sociales.

Convergen tres elementos que yo llamo la «triple I»: ideología, intereses económicos e ignorancia. Por un lado, hay intereses económicos que ven frustradas sus expectativas cuando la evidencia científica choca con sus proyectos. Su única forma de evitar restricciones es colocar en las instituciones a personas dispuestas a negar esa evidencia.

Existen partidos políticos cuyo ideario incluye el negacionismo científico generalizado: desde antivacunas a terraplanistas, pasando por negacionistas climáticos. Estos grupos se aprovechan de la desinformación de una parte de la sociedad, utilizando redes sociales y pseudomedios para difundir bulos y obtener rédito electoral. Esa confluencia de intereses económicos, ideológicos y una parte de ignorancia de la sociedad son los que constituyen en estos momentos el mayor riesgo que sufre nuestra sociedad: que se tomen decisiones políticas obviando el conocimiento científico. Eso supondría retroceder décadas, por no decir siglos, en la responsabilidad de la gestión pública.

¿Han detectado desde el MITECO la forma de atajar este problema, o sienten que se les escapa de las manos?

Llevamos tiempo identificando cuáles son los riesgos que se esconden detrás de esta oleada de desinformación y de negacionismo. Frente a ello, hemos lanzado un plan de lucha contra la desinformación que se basa en respaldar firmemente a la comunidad científica y buscar vías para apartar de los canales de comunicación a quienes se dedican exclusivamente a desinformar.

Dejando de lado la AEMET, me quería centrar ahora en su labor como secretario de Estado de Medio Ambiente. En cuanto a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), la fecha límite para su implantación fue en 2023. Un alto porcentaje de municipios sigue sin una zona funcional. ¿Hasta cuándo va a permitir el Gobierno estas prórrogas, teniendo en cuenta el coste directo en la salud pública?

Ya empiezan a producirse decisiones judiciales sobre el incumplimiento de esta norma. Desde el principio, consideramos que la mejor forma de lograr la aceptación ciudadana de esta medida, cuyo principal objetivo es preservar la calidad ambiental y con ello la salud del ciudadano, era la concienciación ciudadana. Todos los datos de la Organización Mundial de la Salud y los datos epidemiológicos que se han ido difundiendo caminaban en esa dirección.

La segunda fue la de intentar convencer a los ayuntamientos de que una medida de este tipo no solo no empeora la calidad de vida de los ciudadanos, sino que la mejora. Para ello, considerábamos que una medida adecuada era la de iniciar líneas de financiación de ayudas a los ayuntamientos para poner en marcha actuaciones y proyectos de estas características, vinculadas a la renaturalización de ciudades, a la peatonalización, a la habilitación de medidas alternativas al tráfico urbano.

Muchos ayuntamientos se sumaron, pero tras las elecciones locales, gobiernos sustentados en posturas negacionistas paralizaron estos proyectos y algunos renunciaron a las subvenciones por promesas electorales.

Creíamos que merecía la pena agotar la línea del convencimiento antes de pasar a la fase siguiente: quien no cumple tiene que ser sancionado. Pero la primera ‘sanción’ ya la están sufriendo los ciudadanos al perder ayudas millonarias para mejorar los entornos urbanos. 

Vamos a seguir trabajando en la línea del convencimiento. Ahora bien, si llega el momento en que nos encontramos con ayuntamientos o corporaciones locales que anteponen sus intereses ideológicos a la calidad de vida o a la salud de sus ciudadanos, evidentemente es algo que no se puede consentir.

Ya han pasado tres años del plazo legal. ¿Cuándo empezará a haber consecuencias legales serias para quienes están incumpliendo la norma?

Algunas consecuencias ya ha habido. Hay ayuntamientos que han perdido cantidades millonarias de sus presupuestos que estaban previstas precisamente para inversión. Es cierto que en estos momentos es cuando se están concluyendo muchos de estos proyectos. Quienes hemos sido alcaldes, como fue mi caso durante unos cuantos años, sabemos que las corporaciones locales tienden a importar aquellas prácticas que ven que dan buen resultado y que son muy bien valoradas por los ciudadanos de otros municipios. Creemos que estamos precisamente en ese punto: esperando que esos proyectos que ahora mismo están terminándose y haciéndose visibles en las ciudades se conviertan en los principales difusores de los beneficios de las zonas de bajas emisiones. Esa es la frontera, ahí se acaba el recorrido. A partir de ese momento, ya no cabrá esperar más; quien sea refractario a entender los beneficios de invertir en salud y calidad de vida no se convencerá de ninguna otra forma, y será entonces cuando habrá que poner en marcha medidas coercitivas.

¿Cuál es el estado del Real Decreto de Zonas de Bajas Emisiones? Se aprobó en 2022 y posteriormente se quiso corregir. Lo último que se ha sabido es que su fase de alegaciones terminó en junio del año pasado ¿Está paralizado?

No, no está paralizado. No se puede ocultar la realidad, es la que es. El texto ha recibido ataques furibundos desde determinados ámbitos y eso se ha convertido en multitud de alegaciones. El procedimiento debe ser extremadamente escrupuloso para evitar que la norma sea tumbada en los tribunales por defectos de forma, algo que ya está ocurriendo con algunas ordenanzas municipales por ayuntamientos que no han seguido los procedimientos reglados, y se están encontrando con que los tribunales los están anulando. El texto está muy avanzado y nuestra intención es aprobarlo en un plazo breve.

Sobre el Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza, que España debe presentar antes de septiembre, ha habido críticas de entidades ecologistas sobre la gestión del proceso. ¿En qué punto se encuentra?

Tampoco se nos oculta que el Reglamento de Restauración de la Naturaleza, tanto en su génesis como en su tramitación posterior a nivel europeo, ha sufrido serios ataques. Estos vaivenes han afectado a la planificación de los Estados miembros a la hora de abordar su proceso de aplicación. Somos conscientes de por dónde han venido esos ataques principales y tenemos que tenerlos en cuenta en la elaboración del Plan Nacional de Restauración.

Nos parecía muy importante que hubiese un altísimo nivel de participación. Más aún en un país como el nuestro, con una distribución competencial bastante más compleja que la mayoría de los países de la Unión Europea. Esto requiere tres niveles de implicación para los que se ha necesitado habilitar tres líneas de participación. 

La primera es interministerial, ya que es un plan que afecta a competencias de distintos ministerios; por ello, hay un grupo de trabajo haciendo sus aportaciones en el estudio y elaboración del mismo. En segundo lugar, era necesario habilitar un espacio de coordinación interadministrativa, muy especialmente con las comunidades autónomas. Para ello se ha puesto en marcha un grupo de trabajo que ha mantenido un calendario de reuniones durante el último año para poner negro sobre blanco sus preocupaciones, sugerencias y aportaciones. Y, por último, la necesidad de incorporar a este proceso al conjunto de la ciudadanía, desde el ámbito científico hasta los sectores profesionales concernidos y las organizaciones que defienden distintos intereses. Para esto, todo un panel de grupos de trabajo sectoriales se ha venido reuniendo periódicamente a lo largo de los últimos meses.

Todo esto ha ido conformando el núcleo del contenido del plan y, en estos momentos, estamos en la fase final, que es la recogida de todas las aportaciones. Creíamos que no debía ser un proceso en el que el ministerio simplemente elabora un plan, lo somete a información pública y luego acepta o rechaza alegaciones. Pensábamos que lo mejor era que un trabajo coral diese lugar a la estructura del Plan Nacional de Restauración. Evidentemente, esta vocación exige mucho tiempo y esfuerzo por la gran cantidad de grupos, personas y sectores que están participando, pero nuestra intención es llegar a tiempo.

Se acerca el verano. ¿Considera compatible la ambición de España de liderar el turismo mundial con la protección medioambiental y la gestión del estrés hídrico?

Se puede tener poca presión turística y una gestión medioambiental catastrófica, o bien un nivel de demanda muy alto y una gestión perfectamente compatible. Es decir, el deterioro ambiental no es una consecuencia inevitable de la alta presión turística; todo depende de cómo se gestione. De igual modo, una baja demanda mal gestionada puede tener efectos nefastos.

Dicho esto, si observamos nuestras cifras –un país de unos 50 millones de habitantes que recibe 100 millones de turistas–, es evidente que la presión sobre los recursos naturales, los servicios públicos y el territorio exige un alto nivel de compromiso por parte de todas las administraciones para evitar consecuencias perniciosas.

En España encontramos territorios con alta presión turística que mantienen unos estándares de calidad ambiental razonables, y otros que, por el contrario, sufren serios problemas con la calidad de las aguas, la gestión de los residuos y la afectación a sus propios recursos naturales. Tradicionalmente, nuestro modelo se ha basado en el turismo de sol y playa. Si recorremos el litoral, podemos comprobar perfectamente cómo hay comunidades y tramos costeros muy deteriorados por una planificación territorial manifiestamente mejorable, mientras que otros, con una demanda igualmente alta, han sabido compatibilizar la gestión turística y la medioambiental.

Ahora bien, no niego la existencia de un umbral que en ningún caso debería superarse: la capacidad de carga de un territorio tiene un límite. Llega un momento en el que los ayuntamientos deben entender, a la hora de planificar, que el crecimiento de la oferta alojativa no puede ser ilimitado. De lo contrario, se quedarán sin los recursos naturales –sin el capital natural– necesarios para dar un servicio adecuado a esa demanda. 

En definitiva, la masificación descontrolada, al margen de la planificación, acaba convirtiéndose a la larga en el peor enemigo del propio sector turístico.

¿Cree que España necesita decrecer? Entendiendo este decrecimiento como consumir menos, utilizar menos energía, rebajar la presión turística y, en definitiva, explotar menos recursos.

Le pongo el ejemplo del agua, que es probablemente uno de los recursos naturales que más presión sufre para atender el desarrollo de un país. Frente al concepto clásico de que el agua es un bien ilimitado y que todo se resuelve a base de grandes infraestructuras de ingeniería, hoy todos sabemos que eso no es así. Seguir engañándonos en este aspecto solo nos conduce al colapso. Ahora bien, ¿tenemos capacidad para dar una respuesta adecuada a la demanda? Sí. Suelo decir que en este país quedan por construir tres ‘grandes embalses’, que son los que deben garantizar una gestión hídrica razonable en el futuro y que, además, se pueden implantar en prácticamente todo el territorio.

El primero de ellos es el embalse del ahorro. Existe un enorme potencial de agua en el ahorro que, en estos momentos, sencillamente se está dilapidando. El segundo es el embalse de la eficiencia. Si analizamos buena parte de las redes de distribución de nuestro país, nos encontramos con que hay puntos donde se pierde hasta un 60% del agua que discurre por las tuberías. Un 60% de pérdida equivale a un embalse de dimensiones colosales. Y el tercero es el embalse de la reutilización. El agua tiene que entrar de lleno en la economía circular. No podemos seguir actuando como si el agua sucia que generamos en nuestra actividad diaria simplemente desapareciera al irse por el desagüe; esa agua debe volver a nuestro ciclo. Tenemos que ser capaces, apoyándonos en la tecnología y en una buena gestión, de recuperar y reutilizar una parte muy importante de ella.

Estos tres grandes «embalses» son un buen ejemplo de cómo debemos enfocar la gestión de los recursos. Nos demuestran que no hay por qué renunciar a nuestra capacidad de desarrollo, pero nos dejan claro que lo que ya no podemos hacer es crecer a costa de agotar los recursos actuales o de generar hipotecas inasumibles para las generaciones venideras.

En 2020 se creó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Quería centrarme en este último punto, ya que el reto demográfico nunca ha tenido tanto peso a nivel comunicativo ni de políticas activas si lo comparamos con clima, medio ambiente y, muy especialmente, energía. ¿Cree que esta falta de peso es la responsable de que el Gobierno esté perdiendo la batalla del relato frente a la ultraderecha, que se ha apropiado del concepto del mundo rural para conseguir apoyos y votos?

La respuesta está en tu propia pregunta. Hay una evidente pérdida del relato. Resulta incomprensible cómo es posible que quienes tuvieron la responsabilidad ideológica del gobierno durante cuarenta años de dictadura –el periodo que generó el éxodo masivo y la génesis del declive demográfico de la España interior y del noroeste– pretendan erigirse ahora en los salvadores de ese espacio.

Gran parte del abandono del mundo rural se apoyó en un discurso muy asentado que lo asociaba con la ignorancia. Durante mucho tiempo se trasladó la idea de que en los pueblos solo se quedaban quienes no servían para hacer otra cosa, lo que lógicamente provocó que todo el mundo quisiera irse.

¿En qué punto estamos ahora? Defendemos que el mundo rural debe ofrecer unas condiciones de vida iguales a las del medio urbano, porque no tiene por qué haber diferencias en la acumulación de talento entre ambos espacios. Un buen ejemplo es la iniciativa Campus Rural, puesta en marcha en los últimos años. Su objetivo es atraer a los universitarios recién graduados que se enfrentan a un mercado laboral saturado, demostrándoles que en el medio rural pueden encontrar un futuro con alta calidad de vida, niveles de cualificación equiparables y sin barreras para ejercer sus profesiones.

Por lo tanto, tienes razón: hay un serio problema en cómo se está gestionando el relato. Es difícil de entender que el mismo espacio ideológico donde anidó el histórico desprestigio de los pueblos y de la España interior pretenda alzar hoy la bandera de su rescate. Probablemente haya una dificultad de explicación a la cual hay que hacer frente.

Pero más allá de ese relato, ¿no cree que también el MITECO haya podido abandonar en cuanto a políticas la parte de reto demográfico?

Voy a ponerte dos ejemplos en este ministerio. Volviendo al mundo del agua: históricamente, a lo largo de todo el periodo que podamos recordar, existía una definición de proyectos estratégicos declarados como obras de interés general del Estado, es decir, obras en materia de abastecimiento, saneamiento y depuración. Durante décadas, estas obras de interés general se identificaban con las grandes infraestructuras que prestaban servicio a las grandes aglomeraciones urbanas, dando respuesta a las necesidades de la ciudadanía que vivía en las grandes urbes. En paralelo, como en las pequeñas poblaciones no se consideraban obras de interés general, no se financiaban con los Presupuestos Generales del Estado y, sencillamente, se había ido abandonando esa inversión.

¿Qué es lo que nosotros hemos planteado estos últimos años y empezado a corregir a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia? Que las obras de interés general del Estado tienen que ser aquellas que den respuesta a necesidades donde, por economías de escala, la iniciativa privada o la capacidad de inversión no llega. Entonces, ¿qué tiene que ser una obra de interés general del Estado? Garantizar el abastecimiento de agua o construir una estación de tratamiento de aguas residuales en un pueblo de 400 o 500 habitantes, donde no hay un interés económico para que invierta el sector privado o donde la capacidad de recaudación del ayuntamiento no alcanza para asumir esa obra.

Por ello, abrimos dos líneas de inversión dotadas con 100 millones de euros cada una: una para abastecimiento de agua en municipios de menos de 5.000 habitantes, y otra para sistemas de depuración y saneamiento en municipios de menos de 20.000 habitantes. La vocación es ir consolidando en el tiempo esta línea de inversión, presupuesto a presupuesto, para salvar esa barrera que se había creado entre municipios con infraestructuras de gestión del ciclo del agua de alta calidad y pequeños municipios que carecían básicamente de ellas.

En el ámbito de la energía se ha hecho exactamente lo mismo: se ha puesto en marcha un paquete de ayudas dirigido principalmente a suplir las carencias que han atenazado durante décadas a los pequeños municipios. Es decir, el reto demográfico no consiste solamente en elaborar una filosofía vinculada a recuperar población; tiene que ser un plan de acción transversal donde todos los servicios públicos –desde la educación y la sanidad, pasando por el transporte, el agua, la energía o la digitalización– estén presentes en todas las políticas. Y eso es lo que está haciendo este Gobierno.

Me voy ahora hasta Bruselas. En esta última legislatura, la Unión Europea ha dado marcha atrás en distintas normas y objetivos climáticos y ambientales. ¿Le preocupa esta oleada ultra que se está dando en Bruselas? ¿Cree que puede acabar afectando a España?

En su momento, Europa marcó una hoja de ruta muy clara a través del Pacto Verde, y sobre esa base cada Estado miembro construyó la suya. España lo hizo en total sintonía con ese acuerdo y se ha mantenido firme desde entonces. Sin embargo, el auge del negacionismo en algunos países europeos ha desatado el pánico en ciertos gobiernos, impulsando políticas de retroceso. Esto ha provocado que la Unión rebaje sus ambiciones, un error que el tiempo se ha encargado de evidenciar.

España ha mantenido su rumbo y en estos momentos es uno de los países que mejor está resistiendo la crisis global. Europa es una región ultradependiente de determinadas fuentes de energía; si hubiese mantenido la velocidad de crucero en su hoja de ruta inicial, por ejemplo, en el impulso de las energías renovables, hoy la Unión en su conjunto podría estar aguantando mucho mejor esta embestida de los mercados globales, tal y como lo está haciendo España.

Estos pasos atrás generaron un profundo desánimo en diversos sectores sociales, instalando la sensación de que Europa renunciaba a su liderazgo global, algo que incluso nos reprochaban desde el exterior. Por desgracia, ha tenido que estallar una guerra para que Europa comprenda que el error no era el Pacto Verde, sino renunciar a él o minorar su ambición. A raíz de esta nueva toma de conciencia, hemos empezado a recuperar la confianza.

Me gustaría terminar hablando de biodiversidad. Tema anguila: en los últimos años ha habido tres intentos de aumentar su protección pero las comunidades autónomas lo han rechazado. ¿Es posible salir de este atolladero o estamos abocados a ser testigos pasivos de estas extinciones? Menciono la anguila por ser el caso más mediático, pero también ocurre con especies delicadas como el salmón o la lamprea.

En primer lugar, la ciencia nunca se da por vencida; trabaja con evidencias, y las evidencias son muy tozudas. El hecho de que algunas decisiones políticas regionales se empeñen en negar los datos científicos por intereses u oportunismo del momento no debe llevarnos, bajo ningún concepto, a tirar la toalla. Debemos seguir defendiendo la evidencia y marcando la hoja de ruta que se debe seguir.

El ministerio ha estado y seguirá estando del lado de la ciencia. Continuaremos activando todos los mecanismos y recursos a nuestro alcance para trasladar la racionalidad a la gestión pública en todas las instancias de la Administración. Vamos a seguir en esa dirección con una premisa muy clara: el mayor margen de error al que puede estar sometida una decisión política se da cuando esta se aleja del conocimiento. Legislar de espaldas a la ciencia es, probablemente, la apuesta más segura hacia el fracaso, y eso es algo que no nos podemos permitir.

¿Tienen previsto tomar medidas a corto o medio plazo para reactivar la situación, o prefieren dejar pasar el tiempo hasta encontrar un mayor consenso?

No, no aspiramos a encontrar el consenso, sino a generarlo, a activarlo. En su momento, las comunidades autónomas nos pidieron crear un grupo de trabajo para contrastar la información disponible; nos pareció razonable y en ese punto estamos ahora mismo. La evidencia científica no deja de acumularse, y cada vez tenemos un mayor conocimiento sobre el nivel de deterioro acelerado que está sufriendo la población de esta especie. Por todo ello, confío en que la racionalidad acabe imperando también en el ámbito de las decisiones políticas.

¿Cuál es el sentir del MITECO respecto a la Ley de Bienestar Animal, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales? Organismos y especialistas científicos llevan años denunciando que esta norma choca con la protección de la biodiversidad. El ejemplo más evidente es el de las colonias felinas, que además entra en conflicto con normativas suyas como el real decreto de especies invasoras. ¿Cómo recibieron esta ley y cómo intentan abordarla?

En este tema también fuimos de la mano de la ciencia. Durante el proceso de participación y en las consultas interministeriales, trasladamos el riesgo que supone introducir una especie invasora en el medio. Lo que ocurre es que, cuando alguien escucha este término, suele reaccionar diciendo: «¿Cómo van a ser invasores si los gatos están aquí desde siempre?». Sin embargo, una especie es invasora en el momento en el que entra en un ecosistema del que no forma parte de manera natural. Representa un peligro porque la fauna silvestre de ese entorno carece de defensas frente a un depredador nuevo, lo que supone un serio riesgo para el mantenimiento del equilibrio ecológico.

En este debate afloraron dos posturas muy arraigadas: por un lado, la de las organizaciones dedicadas a la defensa de las especies silvestres; y por otro, la de los colectivos vinculados a los animales domésticos, que percibían como un ataque nuestra insistencia en la necesidad de controlar las llamadas colonias felinas.

A día de hoy, creo que ya empieza a haber evidencia acumulada sobre qué líneas de mejora podrían articularse dentro de la Ley de Bienestar Animal para corregir algunos de los efectos perniciosos que está teniendo, algo que resulta especialmente visible en los entornos insulares, aunque no de forma exclusiva. Siempre estamos a tiempo de afinar la norma y adecuar la gestión a las necesidades reales basándonos en la evidencia y el conocimiento que vamos adquiriendo.

El año que viene habrá elecciones generales. ¿Qué acciones o normas le gustaría ver materializadas para entonces?

Por un lado, como ya hemos comentado, esperamos tener activado el Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza. Por otro, creo que no deberíamos dejar pasar la oportunidad de aprobar la ley de declaración del Parque Nacional del Mar de las Calmas, una reivindicación que arrastra ya muchos años.

También tenemos la necesidad de adecuar el reglamento de la Ley de Costas a la directiva europea de servicios, de tal manera que podamos aportar seguridad jurídica a la gestión del litoral. Además, hay que culminar buena parte del desarrollo normativo de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. Es decir, todavía nos queda por delante un importante paquete normativo que iremos cubriendo poco a poco. Sin embargo, si tuviera que destacar algo, me haría especial ilusión dejar culminada la declaración del Parque Nacional del Mar de las Calmas.