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Eduardo Robaina
El derecho a la protesta y la libertad de expresión enfrentan una amenaza creciente a nivel global, una realidad que el movimiento climático y las organizaciones ecologistas sufren en primera línea. Millonarios y multinacionales contaminantes recurren a las demandas estratégicas contra la participación pública (conocido en inglés como SLAPP) para ahogar a activistas, periodistas y ONG en costas judiciales y agotar su tiempo y recursos. Todo ello con el objetivo último de dar a entender que protestar y señalar tiene un alto coste.
Desde Greenpeace han denunciado las demandas mordazas con un cortometraje estrenado a nivel mundial protagonizado por el actor español Javier Bardem, ganador de un Oscar, y por la actriz británica Yasmin Finney, nominada al Emmy.
En la pieza audiovisual, de unos dos minutos, Bardem interpreta a un sombrío y calculador sastre que le toma medidas a Finney (una activista) para confeccionar un traje opresivo. En la prenda, el sastre va hilvanando meticulosamente conceptos como «silencio», «acoso», «difamación» y «cese y desista». La metáfora visual alcanza su punto más crítico cuando el personaje de Bardem amordaza a la joven con la propia cinta métrica, en la que se lee repetidamente la palabra SLAPP, demostrando de forma simbólica cómo estas demandas se diseñan «a medida» para amordazar a la sociedad civil e infundir miedo.
Este cortometraje refleja la realidad que Greenpeace vive en los tribunales frente a gigantes de la industria fósil. La empresa estadounidense de oleoductos Energy Transfer lleva casi una década persiguiendo judicialmente a la organización, en un intento por castigar la resistencia pacífica contra el oleoducto Dakota Access en Standing Rock y debilitar el liderazgo indígena. Actualmente, las oficinas de Greenpeace se enfrentan a una sentencia emitida hace un año en Dakota del Norte que pretende obligarlas a pagar 345 millones de dólares. Como contraofensiva, Greenpeace Internacional ha iniciado un caso histórico en los Países Bajos para hacer rendir cuentas a la corporación bajo la nueva directiva de la UE contra las demandas SLAPP, una estrategia de acoso a la que también se han sumado otras multinacionales como Shell, Total y ENI.
Para los actores implicados, la gravedad de esta persecución trasciende las fronteras del ecologismo. Javier Bardem insiste en que no se trata solo de defender a una ONG, sino de proteger un derecho fundamental que afecta por igual a periodistas, artistas y ciudadanos comunes: “La cuestión no es por qué hay que alzar la voz, sino: ¿cómo no íbamos a hacerlo si queremos seguir disfrutando de la misma libertad?”. Por su parte, Yasmin Finney alerta sobre la creciente criminalización de la protesta en el Reino Unido, recordando que los derechos y avances sociales de los que disfrutamos hoy en día se han construido precisamente gracias a la resistencia de quienes se atrevieron a exigir mejoras.
El cortometraje concluye con un llamamiento impreso en la pantalla: «Es hora de resistir». Desde la dirección de Greenpeace advierten que las demandas mordaza representan “una crisis existencial para la libertad de expresión y de protesta de todas aquellas personas que se atreven a alzar la voz contra los poderosos, independientemente de si Greenpeace está de acuerdo con ellas o no. Si no defendemos nuestro derecho a resistir, entregamos el futuro a unos pocos oligarcas que ven el poder como una herramienta para construir un imperio, en lugar de una responsabilidad compartida», denuncia Susannah Compton, directora del programa de Resistencia Civil y Libertades de la organización.
Aunque no son demandas interpuestas por grandes compañías fósiles, los procesos judiciales contra el activismo climático también están haciendo mella en España. En la última semana, se han celebrado dos juicios por acciones climáticas no violentas. Entre los acusados está Francisco del Pozo, de Greenpeace España, quien en septiembre se sentará nuevamente en el banquillo con una posible condena de cinco años de prisión por el bloqueo de la regasificadora del Puerto de Sagunto (Valencia).
Y no son los únicos casos. Al menos hay previstos otros dos juicios más. El primero será el próximo 3 de junio contra las activistas climáticas que en noviembre de 2022 realizaron una acción de protesta en el Museo Nacional del Prado frente a La maja desnuda y La maja vestida de Francisco de Goya. En esta ocasión, las imputadas se enfrentan a una petición de 12 meses de multa y al pago de 3.000 euros por daños atribuidos a los marcos de los cuadros. Y el segundo, aún sin fecha pero previsto para otoño, tiene como implicados a una quincena de científicos y académicos del movimiento Rebelión Científica. tras la protesta que tuvo lugar el 6 de abril de 2022, en la que se derramó agua con jugo de remolacha en la fachada del Congreso.
El cortometraje de Greenpeace, subtitulado al español, puede verse AQUÍ.
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CANARIAS Protejamos la costa de Tenerife antes de que la destrocen.
Firma la petición y salvemos Teno-Rasca GREENPEACE
La isla de Tenerife está en un punto de no retorno. Y más concretamente su costa suroccidental: Teno-Rasca. Una joya de la biodiversidad que integra la red Natura 2000: el primer Lugar Patrimonio de las Ballenas de toda Europa y el tercero en el mundo.
Y aún así, una zona amenazada cada día por proyectos urbanísticos monstruosos que pretenden transformar los últimos espacios vírgenes y protegidos en complejos de lujo y «jardines» artificiales.
Cuna del Alma en el Puertito de Adeje es un macroproyecto que pretende llenar la isla de 420 viviendas de lujo en lo que queda de costa virgen. Un claro ejemplo de la complicidad de las administraciones con un modelo de desarrollo turístico insostenible e injusto socialmente, que se debería evitar a toda costa.
Por su parte, Underwater Gardens en Punta Blanca pretende instalar un parque temático terrestre, preparado para una afluencia de hasta 3.000 visitantes diarios en el corazón de un área protegida que lo que necesita urgentemente es calma y restauración, no más infraestructuras. Un caso flagrante de greenwashing donde se utiliza la ciencia como coartada para privatizar el litoral y aumentar la presión humana sobre hábitats ya críticos.
Por eso desde Greenpeace exigimos:
La renuncia al proyecto Underwater Gardens Tenerife y la paralización del macroproyecto de Cuna del Alma en Adeje.
La protección integral y efectiva de toda la Zona Especial de Conservación (ZEC) Teno-Rasca y la costa adyacente, respetando sus últimas zonas vírgenes.
Un cambio de modelo que priorice la vida y el territorio sobre la especulación urbanística y el modelo de turismo masivo.
No podemos permitir que conviertan nuestra costa en un resort privado. Firma la petición y salvemos Teno-Rasca.
https://es.greenpeace.org/es/que-puedes-hacer-tu/peticiones/salvar-teno-rasca/?utm_medium=social_network_link&utm_source=whatsapp&utm_campaign=Teno-Rasca&utm_content=PeticionTenoRasca
“No más activistas climáticos criminalizados”: Anticapitalistas, Ecologistas en Acción y Greenpeace se movilizan para defender el derecho a la protesta.
El martes 26 de mayo, tres activistas serán juzgadas por una acción pacífica de legítima protesta, que tuvo lugar en 2019 contra la inacción climática, por la que afrontan una posible condena de prisión.
Anticapitalistas, Ecologistas en Acción y Greenpeace convocan una concentración ese mismo día para exigir la absolución de todas las personas acusadas, defender el derecho a la protesta y denunciar la criminalización de la lucha por el clima.
El próximo 26 de mayo, Marina Martínez (Extinction Rebellion), Francisco del Pozo (Greenpeace) y Jorge Riechmann (Anticapitalistas y Ecologistas en Acción) se enfrentan a un juicio por una acción pacífica de legítima protesta contra la inacción de las instituciones frente a la emergencia climática. Los tres participaron, junto a otras trescientas personas, en la acción de desobediencia pacífica convocada por Rebelión por el Clima y por Extinction Rebellion Spain, que cortó el tráfico el 7 de octubre de 2019 en una de las principales avenidas de Madrid.
Como resultado de la represión de dicha acción, varias personas resultaron heridas, 180 fueron identificadas y tres de ellas fueron detenidas y remitidas al juzgado de instrucción con acusaciones falsas de un delito de resistencia grave a la autoridad. Serán juzgadas por la vía penal y afrontan una posible condena de prisión de hasta tres meses o multas (de 6 a 18 meses).
De manera paralela, Jorge Riechmann encara un segundo juicio por una acción de protesta que tuvo lugar durante la semana de movilizaciones impulsadas a nivel internacional por Rebelión Científica en 2022. En esa ocasión, un centenar de personas vinculadas a varios colectivos vertieron un líquido biodegradable de color rojizo (fácil de limpiar) en las escaleras del Congreso de los Diputados, como denuncia de la inacción política. Todo ello resultó en la detención y acusación de 15 activistas.
Tal y como denuncian las organizaciones convocantes ésta es la respuesta del Estado para defender el statu quo y reprimir la propuesta de alternativas: “El sistema de consumo y producción sin límites acoge con gusto el discurso verde, pero no puede soportar una respuesta real que plantee límites efectivos para el desarrollo capitalista y en favor de una sociedad ecológica y socialmente sostenible. Por eso, las causas penales que enfrentan son una forma de reprimir y controlar la organización colectiva y la protesta popular”.