Juicio por el clima: el Constitucional prepara una resolución inminente

El pasado 7 de julio, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo recibieron una comunicación oficial del Tribunal Constitucional: su recurso de amparo (presentado hace ya dos años dentro del proceso del primer litigio climático contra el Estado español) será discutido en una sesión plenaria. Teniendo en cuenta los plazos habituales, y tras un mes de agosto prácticamente inhábil, las organizaciones esperan un fallo inminente del tribunal, que podría llegar incluso antes de final de mes.

El caso se remonta a 2020, cuando algunas de estas organizaciones iniciaron el bautizado como juicio por el clima, en el que demandaban al Gobierno (formado entonces por PSOE y Unidas Podemos) por considerar que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) era insuficiente para alcanzar los objetivos de lucha contra el cambio climático establecidos por el Acuerdo de París. En julio de 2023, el Tribunal Supremo desestimó el caso al considerar que el PNIEC se ajustaba a derecho y que una sentencia que obligase al Gobierno a modificar los porcentajes de reducción de emisiones violaría la separación de poderes.

Fue entonces cuando Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo decidieron presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. “La idea fue plantear una cuestión de constitucionalidad para ver cómo se entrelazaba esa falta de ambición climática con nuestros derechos fundamentales protegidos por la Constitución”, explica Vera Aguayo López, integrante de Fridays for Future y parte del equipo del juicio por el clima. “Hablamos, por ejemplo, del derecho a disfrutar de un medioambiente adecuado, del derecho a la vida o incluso del derecho a la intimidad personal y familiar”.

El hecho de que el Tribunal Constitucional admitiese a trámite el recurso de amparo en diciembre de 2024 fue ya considerado como una señal positiva por las organizaciones ecologistas, ya que de media admite menos de un 1% de los recursos presentados. “Que vaya a debatirse en sesión plenaria también es una buena señal, porque es algo que solo se hace con las cuestiones importantes”, añade Aguayo López. La sentencia definitiva es, según las organizaciones, cuestión de pocas semanas o incluso días.

Un objetivo de 1,5°C en entredicho

El juicio por el clima se inició tras la presentación del primer Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, un documento exigido a nivel europeo que establece las políticas y las acciones concretas para alcanzar los objetivos de mitigación del cambio climático. Este primer documento reflejaba, entre otras cosas, una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 23% antes de 2030. “Era muy bajo, muy poco ambicioso. Los informes científicos de entonces señalaban que la reducción tenía que ser de alrededor del 55% para poder alcanzar las cero emisiones a mediados de siglo y para contener el calentamiento sobre los 1,5°C antes de finales de siglo”, explica la portavoz de Fridays for Future.

El principal objetivo del juicio por el clima era que ese 23% se declarase insuficiente y que se considerase que el PNIEC incumplía la obligación del Estado de garantizar los derechos de su ciudadanía. Desde entonces, varios tribunales de todo el mundo se han pronunciado en casos similares. Uno de los más conocidos es probablemente el del fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el caso de las klimaseniorinnen, reconociendo que Suiza estaba vulnerando los derechos humanos al no hacer lo suficiente contra el cambio climático.

En el mundo se han abierto ya más de 3.000 litigios climáticos contra Estados, administraciones y corporaciones privadas, según los datos del último Climate Litigation Report de la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Muchos casos han sido desestimados, pero otras muchas sentencias históricas han acompañado las reivindicaciones de la ciudadanía denunciante por inacción climática. Además de la resolución del TEDH en el caso de las klimaseniorinnen, también destacan las opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ambas en 2025.

Desde 2020, también se ha modificado el PNIEC en España, que ahora refleja un objetivo de reducción de emisiones del 32% para 2030 (todavía considerado insuficiente por las organizaciones ecologistas, que han presentado una nueva demanda ante el Supremo). Pero, sobre todo, en los seis años que han pasado desde la apertura del primer litigio climático en España el cambio climático se ha hecho más real que nunca, en forma de temperaturas extremas y eventos meteorológicos cada vez más violentos. La subida de la temperatura global avanza a tal ritmo que incluso la ONU ha reconocido que limitar el calentamiento a 1,5°C para finales de siglo es ya imposible.

Aun así, no alcanzar ese objetivo no significa que todo esté perdido frente al cambio climático. Cada décima de grado que se consiga limitar el calentamiento cuenta. Ahora, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo esperan que una sentencia positiva del Tribunal Constitucional obligue al Gobierno a cambiar la política climática y a establecer instrumentos de acción más ambiciosos.