La agenda ambiental que se queda en el aire con el adelanto electoral

El adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre tiene muchas consecuencias más allá de tener que ir a votar antes de lo esperado. Con la disolución del Congreso y el Senado, decaen numerosas iniciativas legislativas –muchas de ellas de carácter ambiental– que permanecían en tramitación parlamentaria a la espera de que un nuevo Gobierno decida retomarlas. A esto se suman los anteproyectos y normas que el Ejecutivo tenía a medias y que, por ahora, quedan en punto muerto.

Cambio climático

Entre las iniciativas que decaen destaca la reforma de la Ley de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, que seguía su curso en el Congreso. En esta misma línea, uno de los expedientes con mayor impacto es la transposición del nuevo sistema europeo de comercio de emisiones ETS2, que ampliará el régimen de carbono a los edificios y el transporte por carretera. La disolución de las Cortes hace decaer dicha iniciativa, que tendrá que volver a tramitarse en la próxima legislatura. Este retraso puede retrasar la puesta en marcha del Plan Social para el Clima, cuyo acceso a los fondos europeos está condicionado a esa transposición.

A todo esto hay que sumarle una iniciativa que no es una ley estricta y que, si bien no decae, su futuro queda totalmente condicionado: el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. El Gobierno presentó en diciembre de 2025 una nueva propuesta tras un proceso con cerca de 4.000 aportaciones. La convocatoria electoral interrumpe su recorrido político antes de que pueda traducirse en un acuerdo parlamentario, el cual se antojaba complicado.

Por último, en materia de adaptación climática, queda en suspenso el nuevo Real Decreto de gestión del riesgo de inundación, sometido a consulta recientemente. El texto pretende reforzar la regulación de los usos del suelo en función del riesgo y mejorar la planificación frente a las riadas.

Biodiversidad 

Aquí se encuentra pendiente el proyecto para aprobar el Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad a 2030, la incorporación de nuevos espacios marinos a la Red Natura 2000 y la declaración de nuevas Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). A nivel internacional, queda en espera el anteproyecto para aplicar en España el reglamento europeo contra la deforestación y la degradación forestal (EUDR), cuya aplicación general está prevista para el 30 de diciembre de 2026.

Bienestar Animal

Aunque la Ley de Bienestar Animal entró en vigor en septiembre de 2023, todavía quedan por desarrollar reglamentariamente algunas de sus medidas. Entre ellas está el Listado Positivo de Animales de Compañía, que determinará qué especies silvestres pueden mantenerse legalmente como animales de compañía en España. El Gobierno inició su desarrollo en 2025 y en abril de 2026 sometió a información pública el proyecto de real decreto que regula este listado y el de especies domésticas de compañía. También quedan pendientes otras medidas como el curso de formación para tener perro, el seguro de responsabilidad civil y parte del Sistema Central de Registros para la Protección Animal. La convocatoria electoral deja todos estos desarrollos reglamentarios pendientes de la decisión del próximo Ejecutivo.

Otra de las iniciativas parlamentarias relacionadas con el bienestar animal que decae es la Proposición de Ley de grandes simios, registrada en el Congreso en mayo de 2026. La iniciativa, presentada por el Grupo Mixto, estaba pendiente de toma en consideración. En paralelo, el Gobierno había anunciado en octubre de 2025 que retomaba la elaboración de su propio anteproyecto de la llamada Ley Jane Goodall, que todavía no había llegado a las Cortes. Esta segunda vía no decae formalmente, pero queda pendiente de que el próximo Ejecutivo decida si continúa con su tramitación.

Energía e industria

En el ámbito energético e industrial, cae el proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, presentado a finales de 2024 y todavía en fase de enmiendas. La norma pretendía actualizar el marco de la política industrial española en un momento marcado por la electrificación y la transformación del sistema productivo.

También decae el Proyecto de Ley de restablecimiento de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), presentado por el Gobierno en septiembre de 2024 y todavía en fase de enmiendas en el Congreso. La norma planteaba recuperar un regulador energético independiente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con competencias específicas sobre los mercados energéticos.

Asimismo, se paraliza un expediente normativo muy reciente sobre el auge de los centros de datos. El Gobierno elaboró un real decreto para establecer requisitos de sostenibilidad energética e hídrica para estas instalaciones (afectando a los centros con una potencia igual o superior a 1 MW). Su aprobación queda en manos del próximo Ejecutivo.

Consumo, greenwashing y responsabilidad empresarial

Queda en el aire el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, que no llegó a convertirse en proyecto de ley ante el Congreso. La propuesta incorporaba medidas para combatir el greenwashing o ecopostureo, reforzar el derecho de los consumidores a reparar sus productos y hacer frente a la obsolescencia programada, además de introducir restricciones a determinadas prácticas publicitarias relacionadas con los combustibles fósiles, los vuelos cortos y los vehículos de combustión. El texto debía servir para adaptar la legislación española a varias normas europeas, entre ellas las relativas al empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica y al derecho a reparar, por lo que su tramitación queda pendiente de las decisiones del próximo Gobierno.

En el ámbito corporativo, también decae la Ley de información empresarial sobre sostenibilidad, destinada a introducir nuevas obligaciones para las grandes compañías. También queda pendiente la transposición de la directiva europea sobre diligencia debida (CSDDD), que establece obligaciones sobre los impactos en derechos humanos y medio ambiente de las grandes corporaciones.

Contaminación, aire y residuos

El Gobierno había preparado un anteproyecto para modificar la Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera con el objetivo de adaptarla a la nueva directiva europea. A este expediente se sumaba un proyecto de real decreto para actualizar los valores límite y objetivos de calidad del aire y sustituir la normativa vigente. Ambos quedan pendientes de la próxima legislatura.

En cuanto a los residuos, la nueva situación política ha provocado varias paralizaciones. Por un lado, decae una proposición de ley para modificar la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Por otro lado, queda pendiente el anteproyecto para adaptar la normativa española a las nuevas reglas europeas sobre residuos alimentarios, productos textiles y calzado.

Algo parecido ocurre con las pilas y baterías, cuyo real decreto para actualizar la gestión de sus residuos no llegó al Consejo de Ministros.

Movilidad, justicia ambiental y otras normativas

Finalmente, la movilidad se enfrenta a un escenario de gran incertidumbre. Aunque la Ley de Movilidad Sostenible está en vigor, el adelanto electoral puede retrasar parte del desarrollo reglamentario y de los instrumentos de planificación que contempla.

A esto último se suma la continuidad de las bonificaciones al transporte público, cuya vigencia está garantizada hasta el 31 de diciembre de 2026. El Gobierno deberá decidir antes de final de año si prorroga el actual sistema de descuentos y gratuidades o establece un nuevo esquema para 2027. Entre las medidas vigentes se encuentran la gratuidad infantil, los descuentos para jóvenes y la bonificación general del 20% en determinados servicios de competencia autonómica y local, además de las ayudas específicas para los servicios estatales de autobús y ferrocarril.

Por último, hay otras transposiciones europeas pendientes que afectan transversalmente a la protección del medio ambiente y a las organizaciones ecologistas. Es el caso de la Directiva anti-SLAPP, pensada para proteger a activistas y periodistas frente a demandas judiciales abusivas; o la nueva Directiva sobre delitos medioambientales (cuyo plazo de transposición terminó en mayo de 2026), que amplía el catálogo de delitos y refuerza las sanciones penales.