Nuevas imágenes de insalubridad en otra granja de gallinas de la empresa balear denunciada esta semana

Una nueva investigación por parte de la organización Animal Respect and Defence of the Environment (ARDE) y la asociación Satya denuncia graves deficiencias estructurales, higiénicas y de bienestar animal en una explotación de Es Caparó, situada en el municipio de Manacor (Mallorca). Las imágenes, obtenidas los días 11 y 13 de julio de 2026, se suman a las ya desveladas a principios de semana, en las que se registraron escenas de canibalismo, plagas de insectos y acumulación de cadáveres en la granja Mirabó, perteneciente a la misma empresa. Con una capacidad máxima de 183.448 gallinas, Es Caparó es la instalación ganadera de mayor volumen de las Islas Baleares y está operada por Avícola Ballester a través de Avícola Son Perot S.A. y Avícola Ballester S.A., poseedora del certificado de bienestar animal Welfair. 

Junto a las imágenes, vistas por Climática, se adjunta un informe pericial firmado por la veterinaria Alba Nieto Palau a partir de 28 minutos de grabaciones donde certifica un escenario generalizado de hacinamiento que restringe la movilidad de las aves. El documento técnico detalla que multitud de gallinas presentan alopecia severa y áreas de piel expuesta, signos compatibles con episodios crónicos de picaje originados por el estrés espacial y la frustración conductual.

La grabación registra aves vivas atrapadas parcial o totalmente en acumulaciones compactadas de deyecciones y sueltas en el foso inferior de excrementos, sin acceso aparente a agua ni alimento. Asimismo, el peritaje documenta gallinas muertas con la cabeza y el cuello encajados entre los barrotes de las jaulas a la altura del comedero, además de restos de aves adheridos a las cintas y mecanismos de la instalación. En el recinto también se observan gallinas en decúbito, inmóviles y sin respuesta a los estímulos del entorno, lo que indica una falta de asistencia y aislamiento de los animales moribundos.

Según las asociaciones denunciantes, en distintos puntos de las naves se acumulan cadáveres en diversos estadios de descomposición, desde recientes hasta esqueletizados. Varios cuerpos yacen apilados directamente sobre el suelo de los pasillos, junto a cables y sin un sistema estanco de almacenamiento, mientras que otros permanecen en el interior de los alojamientos en contacto continuo con las gallinas vivas. El escenario de las imágenes contraviene el Real Decreto 3/2002, que obliga a la retirada diaria de los animales muertos, y contradice la autorización ambiental de la propia instalación, la cual estipula que la gestión de cadáveres debe realizarse mediante una fosa estanca cubierta con cal viva.

A nivel higiénico, la experta veterinaria advierte de un riesgo directo para la seguridad alimentaria y la salud pública. Los vídeos recogen huevos depositados sobre el suelo y en las cintas transportadoras en contacto directo con gruesas capas de materia orgánica, excrementos desecados y en las proximidades inmediatas de aves muertas. A estas supuestas deficiencias se suma la presencia de residuos ajenos a la actividad productiva, como un envase de tabaco arrojado en el pasillo, y la existencia de equipos de protección contra incendios con la revisión de mantenimiento caducada desde enero de 2024.

La Dirección General de Salud Pública ha confirmado a Climática que se encuentra evaluando la información disponible y el informe pericial aportado por las entidades denunciantes. No obstante, el organismo subraya que, antes de determinar posibles medidas, «es necesario contrastar los hechos mediante controles oficiales, ratificación analítica y evidencia confirmada». En este sentido, la administración aclara el reparto de competencias: corresponde a Agricultura (como autoridad en producción primaria) verificar las condiciones higiénicas y sanitarias de la explotación, mientras que el Servicio de Seguridad Alimentaria asume el control de las fases posteriores de la cadena, como los centros de embalaje y la comercialización. Cualquier medida de protección, recalcan, se adoptará en función de los resultados que arrojen los controles oficiales y de la evaluación técnica del riesgo.

Por su parte, la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural ha señalado a este medio que el pasado 2 de junio de 2026 llevó a cabo un control oficial de salmonela en la explotación Es Caparó, el cual arrojó un resultado negativo. Asimismo, la administración autonómica defiende que el pasado martes 20 de octubre sus técnicos realizaron una inspección presencial de bienestar animal en toda la granja sin detectar deficiencias ni incumplimientos en las instalaciones. Respecto a la mortandad documentada en julio, la Conselleria sostiene que el 4 de julio de 2026 la propia empresa comunicó una avería en el sistema de ventilación de una de las naves que provocó la muerte de animales. Tras esta notificación, los técnicos se desplazaron a la granja y, una vez efectuadas las comprobaciones, concluyeron que se trató de un accidente.

La reacción de la empresa

Tras publicar el lunes la situación en la granja de Mirabó, Avícola Son Perot remitió a Climática un comunicado denunciando ser víctima de una «campaña de acoso e intoxicación perfectamente orquestada por entidades animalistas» en un «contexto político y preelectoral sensible en Mallorca». La empresa cuestiona la procedencia de las imágenes, afirmando que «no disponen de ninguna certificación ni oficial ni de procedencia, por lo que no se puede acreditar de ninguna manera que correspondan a la granja de Mirabó». Sobre esto, las imágenes grabadas por las organizaciones contienen pruebas de geolocalización que permiten comprobar que es la granja en cuestión.

Del mismo modo que cuestionan las grabaciones, la empresa sostiene que quienes accedieron a las instalaciones cometieron un presunto delito de allanamiento y una «violación flagrante» de los protocolos de bioseguridad, hechos que su gabinete jurídico está analizando para emprender acciones legales. Finalmente, la dirección de la compañía avícola rechaza las conclusiones del peritaje, asegurando que ignoran «la realidad del manejo diario» y descontextualizan imágenes puntuales. Reafirman, además, que sus instalaciones mantienen vigente el sello de bienestar animal Welfair y aplican «medidas estrictas» para la prevención del picaje y el canibalismo. 

Desde Climática hemos vuelto a preguntar a Avícola Son Perot por este nuevo caso en la granja de Es Caparó, sin obtener respuesta al momento de publicar este artículo.

Historial de expedientes

La explotación de Es Caparó produce 56,6 millones de huevos al año, consumiendo más de 20,9 millones de litros de agua anuales y generando 7.337 toneladas de excrementos. Los vecinos de Manacor constituyeron en octubre de 2024 una coordinadora de afectados tras años denunciando olores insoportables, plagas de moscas y la contaminación por nitratos de los pozos locales, situación que motivó que el Ayuntamiento trasladara una queja formal a la Dirección General de Agricultura en septiembre de 2025.

Este hallazgo se suma al extenso historial de expedientes de la compañía avícola en Mallorca. Avícola Son Perot arrastra una sanción de 150.000 euros impuesta en 2024 por operar otra granja en Llucmajor sin la autorización ambiental integrada desde 2017, instalación por la que la Conselleria de Agricultura propuso en 2025 una nueva multa de 200.100 euros tras una denuncia ante la Fiscalía. En paralelo, el Ayuntamiento de Porreres clausuró de forma reiterada su planta de procesamiento de huevo líquido por carecer de licencia de actividad. Finalmente, en enero de 2025, el Govern balear frenó su proyecto para construir una macrogranja de 739.000 gallinas en Sineu mediante la aprobación de un decreto que prohíbe explotaciones de más de 160.000 aves en las islas.

En este contexto legal y con la denuncia de las asociaciones animalistas ante la Fiscalía de Baleares y la Conselleria de Agricultura, la empresa tramita actualmente la apertura de unas nuevas instalaciones para 80.000 gallinas en la finca de Son Brau, en Manacor. El proyecto, planificado a menos de 100 metros de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Na Borges, ha recibido cinco informes técnicos desfavorables por parte del consistorio municipal. Ante la ofensiva corporativa, las entidades de defensa animal y medioambiental han lanzado una campaña ciudadana de recogida de firmas para exigir al Govern el archivo definitivo de esta nueva macrogranja.