Cuando la alerta no llega: las preguntas que quedan después de la tragedia

València/Emilia-Romagna // Una ola grande, «como un tsunami», que arrastraba los coches como canicas. El agua subiendo hasta cubrirlo todo como una sábana. Los gritos. Y después, el barro. Su olor.

De aquel 29 de octubre de 2024, Vicenta Aranda lo recuerda todo. También lo que quedó después. “Mi hijo no puede sentir la ducha tan fuerte porque se pone muy nervioso. Lo pasamos muy mal”. Lo único que pudo coger del bajo donde vivía, cuando el agua les llegaba hasta las rodillas, fue a su gata y la foto de sus padres. Cuando el agua ya había subido, con el río Magro desbordado, cuando ya estaba con su hija en el piso de arriba, la alarma sonó. Eran las 20:11. “Lo único que hizo toda la noche fue asustarnos todavía más”. 

No era la primera vez que veía llegar el agua. En 1982 también vivió la pantanada de Tous. Hoy, Aranda es agente de salud comunitaria en el Raval de Algemesí (València). Al día siguiente de la dana salió a buscar comida para su hijo celíaco; después repartió material de protección y fue casa por casa preguntando quién necesitaba medicación o asistencia. “La ayuda empezó a venir a los tres días”, recuerda. “Yo lo hago porque es mi barrio y es mi gente. Y yo por mi gente me desvivo. Pero de eso se deberían haber hecho cargo los servicios sociales”.

El Raval ya era un barrio vulnerabilizado antes de la riada, que agravó problemas previos. “Nosotros estamos marginados, aquí en el Raval”, dice Aranda. Junto al río Magro, fue una de las zonas más castigadas del municipio. Dos años después, las heridas siguen presentes. De uno de los parques infantiles sobresalen hierros oxidados entre los juegos, basura y un colchón; a su lado, la escuela infantil continúa destrozada, con cristales rotos y puertas tapiadas. Joan Nacher, promotor de igualdad de Algemesí Solidari, asegura que el barrio está mucho peor que antes de la dana. “Todos los parques infantiles del pueblo están arreglados menos los dos del Raval”.

En el mismo municipio, cuando Azucena Brisa recibió la alerta de emergencia en su móvil la tarde del 29 de octubre de 2024, el agua ya había entrado en Picanya. Hacia las seis y media había visto que el barranco estaba a punto de desbordarse y llamó a sus padres para pedirles que salieran de casa. Fue la última vez que habló con ellos. Cuando sonó la alerta, ya era demasiado tarde. Eran las 20:11.

Para entonces, las inundaciones en varios puntos de la provincia ya eran evidentes y desde la mañana se sucedían los rescates. AEMET llevaba varios días advirtiendo del riesgo. Según su delegado en la Comunidad Valenciana, Jorge Tamayo, ese mismo día, antes de las diez de la mañana, toda la zona afectada posteriormente estaba bajo aviso rojo. La Confederación Hidrográfica del Júcar transmitía a Emergencias los datos a través de su Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH). Su presidente, Miguel Polo, explica que la Confederación no dirige la respuesta de Protección Civil y que, cuando transmite información hidrológica, da por hecho que quienes la reciben saben interpretarla. 

El CECOPI quedó constituido a las cinco de la tarde. Tamayo afirma que la coordinación ya iba “muy por detrás de los acontecimientos”. Allí debía ponerse en común la información disponible y decidir las medidas de protección a la población, entre ellas el eventual envío de la alerta. Tanto Tamayo como Polo subrayan que sus organismos aportan información técnica para la gestión de la emergencia, pero que no les corresponde alertar directamente a la población.

A quien sí le correspondía era a las autoridades autonómicas de la Comunidad Valenciana. Según Protección Civil estatal, ese día el sistema ES-Alert estaba completamente operativo y no constaba ninguna limitación técnica, operativa o administrativa que impidiera utilizarlo. “Cada comunidad autónoma decide qué y cuándo envía un mensaje en función de las informaciones o datos recabados”, señalan desde el organismo. En la Circular de Prevención de Inundaciones de 2024, la Generalitat recogía que ES-Alert estaba activo y que permitía enviar mensajes a la población en situaciones de especial gravedad. En la de 2025, la formulación cambia e indica que, “a falta de protocolizar su utilización por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias”, el sistema “podría ser utilizado” en casos de grave riesgo o emergencia. Y añade que, aunque es de amplio alcance, “no es seguro al 100%”. Desarrollado para cumplir la Directiva europea 2018/1972 y financiado con fondos Next Generation EU, ES-Alert entró en servicio en toda España en febrero de 2023, tras una fase de pruebas en 2022.

La gestión de esta emergencia forma parte de una investigación judicial abierta que la jueza ha prorrogado seis meses más. La existencia de este procedimiento es también el motivo alegado por Emergencias de la Comunidad Valenciana para no responder a las preguntas de este reportaje.

“Soy Rosa Álvarez, la hija de Manuel Álvarez, víctima de la negligente gestión de la dana”. Desde el salón de la casa de su padre en Catarroja, otro de los 75 municipios afectados aquel día en la Comunidad Valenciana, la también presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales 29-O recalca que, antes del fallo en el envío de la alerta, hubo una concatenación de errores en la gestión de la emergencia, entre ellos la ausencia del presidente autonómico durante algunas de las horas clave de aquella tarde y la falta de preparación de los políticos. “La persona que estaba al frente de Emergencias no tenía experiencia en emergencias”, denuncia.

Para Carmen Grau Vila, experta en gestión de desastres con perspectiva de género e investigadora de la Universidad de Waseda, en Japón, un manejo eficaz de las emergencias no puede depender solo del envío de un mensaje, sino de una cadena de avisos, decisiones, protocolos y canales. Defiende que la respuesta debe estar más protocolizada y apoyarse en personal técnico, y que la población necesita formación para saber cómo actuar. “La alerta temprana tiene que ser multicanal y llegar a la población mayor o vulnerable que no tienen acceso a un teléfono”. 

Las mismas preguntas, al otro lado del Mediterráneo

En Italia, las inundaciones también han dejado al descubierto las grietas de los sistemas de alerta. Han pasado más de tres años desde la primera inundación que golpeó la región de Emilia-Romagna, al noreste del país. Fue en mayo de 2023. En octubre de 2024 llegó la cuarta. Luca Vianelli es uno de los vecinos que se ha visto afectado en más de una ocasión. “Los mapas de riesgo de inundaciones no incluían Bolonia”, dice. En el número 22 de la calle Saffi, donde su familia tiene un inmueble, un arroyo discurre cubierto bajo la vía. Para evitar que la calle se hundiera, el Ayuntamiento había reforzado ese cauce con doce filas de puntales. Según Vianelli, durante la crecida de mayo de 2023 esa estructura dificultó la salida del agua, que entró por el suelo del edificio. La noche del 19 de octubre de 2024, el torrente Ravone alcanzó también su casa, en el barrio de Saragozza Porto. Las marcas siguen en las paredes. En el suelo todavía quedan sacos de tierra.

En Castel Bolognese, en la provincia de Rávena, había alerta roja, pero los vecinos no recibieron un aviso directo. Domenico Sportelli recuerda aquella inundación. “El 2 de mayo de 2023 no se nos informó. En mi casa el agua llegó a los 60 centímetros. Muchas personas vivían en las plantas bajas. Todo quedó destruido”.

Hoy, la situación es distinta a la de 2023. Desde 2024, numerosos ayuntamientos italianos, especialmente de la región, han contratado Alert System, un servicio privado de ComunicaItalia al que la ciudadanía puede suscribirse de manera gratuita para recibir avisos en el teléfono móvil. Las adjudicaciones superan en conjunto los tres millones de euros. Italia cuenta además con IT-Alert, el equivalente de ES-Alert, desarrollado también para cumplir la Directiva europea. Desde febrero de 2024 está operativo para determinados riesgos –como accidentes nucleares, grandes accidentes industriales, colapso de grandes presas o algunos riesgos volcánicos–, pero todavía no para las precipitaciones intensas, que sigue en fase de experimentación. Para esos episodios se está desarrollando otro servicio, previsto para 2027. 

En España, Tamayo explica que, cuando estos fenómenos se producen, tienden a hacerlo con mayor intensidad por la mayor energía disponible en la atmósfera. Pero no solo importa cuánto llueve. Miguel Polo explica que lo ocurrido en el barranco del Poyo fue una crecida repentina o “relámpago”, distinta del desbordamiento más lento de un gran río. El agua avanzó con rapidez desde zonas donde había llovido con gran intensidad hacia municipios en los que apenas estaba lloviendo, de ahí la importancia de anticiparse a lo que podía ocurrir.

En Emilia-Romagna, mientras tanto, las obras de reconstrucción continúan. Vittorio Manoni muestra los diques que ha comprado para proteger su casa mientras espera las grandes actuaciones previstas por la Autoridad de la Cuenca del Po. En Budrio, en 2024, el torrente Idice se desbordó y llegó a derribar un puente. Un año antes, en Cesena, se cortaron las líneas telefónicas tras romperse un dique del río Savio. Chiara Bocchini y su madre quedaron rodeadas por el agua. “Al principio era un palmo que venía hacia nosotras, luego entró en casa por el garaje. Todo era barro. Llevé a mi madre arriba y esperamos”. El sistema de alerta temprana no funcionó. Hoy, la ciudad prueba sus sirenas.

Dos años después de la dana de Valencia, las inundaciones siguen golpeando el este de España. El pasado 17 de octubre, la dana Adam afectó a las comarcas valencianas de La Safor y la Marina Alta. Las alertas llegan ahora con mayor frecuencia y antelación, y se entiende mejor lo que significan. Para las 233 víctimas de aquel 29 de octubre, sin embargo, la alerta llegó demasiado tarde.

* Este reportaje es parte de una investigación posible gracias al apoyo de Journalismfund Europe.