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Juan F. Samaniego
El proyecto de macrocelulosa sobre el que ha girado el debate industrial de Galicia en los últimos cinco años puede acabar en un cajón por un simple obstáculo técnico. Poco importan la fuerte contestación social o las dificultades para conseguir los fondos públicos esenciales para cubrir el 25% de los 1000 millones de euros de inversión necesarios. La clave está en que el Gobierno central no garantiza la conexión eléctrica de la futura fábrica de celulosa y lyocell que la multinacional Altri quería construir en Palas de Rei (Lugo).
Este ha sido, a grandes rasgos, el argumento que han esgrimido desde la Xunta de Galicia la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y el presidente, Alfonso Rueda, para justificar el inicio de los trámites para archivar un proyecto industrial que la administración autonómica ha intentado impulsar con fuerza en los últimos años. Sin embargo, existen muchos otros argumentos que pesan en el futuro de la macrocelulosa, un futuro que en la última semana se ha vuelto un poco más oscuro, pero que no es ni mucho menos definitivo.
A principios de octubre de 2025, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) presentó el proyecto de planificación de la red de transporte de energía eléctrica hasta 2030. En él no se contemplaba la construcción de una subestación eléctrica necesaria para alimentar la fábrica de celulosa en Palas de Rei. Sin cumplir el requisito de acceso a la red de alta tensión, la Autorización Ambiental Integrada, que la Xunta estaba pendiente de emitir, carece de base técnica, por lo que la decisión del MITECO ha acabado siendo fundamental para la viabilidad del proyecto.
Sin embargo, la promotora de la macrocelulosa, Greenfiber (una sociedad participada al 75% por Altri y al 25% por Smarttia, antes Greenalia), insiste en que no está todo perdido. Fuentes de la empresa señalan que la decisión del MITECO es política y no técnica y que se han presentado las alegaciones correspondientes. “En todo caso, la empresa se encuentra estudiando diferentes opciones técnicas para la conexión a la red eléctrica, independientemente de la planificación futura de Red Eléctrica Española”, explican. Y recalcan que, a su parecer, la Autorización Ambiental Integrada no depende de dicha conexión eléctrica.
Por otro lado, el anuncio de la Xunta de archivar el proyecto es, por ahora, de palabra y no han trascendido movimientos oficiales al respecto. Además, desde la plataforma Ulloa Viva, alrededor de la que se han vertebrado las protestas contra la macrocelulosa, señalan que el trámite del archivo contempla un periodo de alegaciones de tres meses, dejando la puerta abierta a que la empresa promotora logre sacar adelante el proyecto. Así, las próximas semanas se antojan fundamentales para saber si estamos ante el fin definitivo de Altri en Galicia o no.
Más allá del argumento técnico de la conexión eléctrica, las razones sociales y medioambientales contra el proyecto industrial de Altri se acumulan. Desde que se conocieron los primeros detalles en 2021 (aunque la verdadera naturaleza del proyecto no fue desvelada hasta 2024), la oposición social a la macrocelulosa no ha dejado de crecer. Los movimientos vecinales de Palas de Rei, la comarca de Ulloa y muchos pueblos a lo largo del río Ulla (del que la planta consumiría 46 millones de litros de agua diarios), las organizaciones profesionales de pesca, marisqueo, agricultura y ganadería y los asociaciones ecologistas han impulsado la oposición a la macrocelulosa, que finalmente acabó por contagiar a buena parte de la sociedad gallega.
Gracias a su trabajo se destaparon los detalles de un proyecto que inicialmente se presentó como verde y sostenible (su objetivo era atraer una parte importante de los fondos europeos NextGeneration) y se redobló la presión política, llevando el debate desde el ámbito local hasta Madrid y Bruselas. Todo, con el objetivo de frenar una iniciativa industrial que afectaría a los modos de vida de miles de familias que viven del campo y del mar, en una de las zonas más productivas de Galicia.
“No soy contraria al desarrollo industrial, yo misma tengo un proyecto de desarrollo industrial ligado a la ganadería. Lo que defendemos es un modelo justo, respetuoso con las personas y con el medio”, explica Ana Corredoira, propietaria de una ganadería ecológica en A Cernada (Palas de Rei) e integrante de la plataforma vecinal Ulloa Viva. Corredoira ha sido, también, uno de los rostros más visibles de la protesta contra Altri. “Defendemos un modelo de vida muy concreto y un tejido socioeconómico muy concreto en el que Altri no tiene cabida. Invito a quien quiera a visitar nuestro territorio y a conocer nuestras empresas, así entenderá rápidamente por qué defendemos este ecosistema frente a Altri”.
Durante los últimos años, fueron muchos los informes que alertaron de los riesgos medioambientales del proyecto (algunos incluso publicados por organismos técnicos de la Xunta de Galicia). Desde el importante impacto en el agua, tanto a través del consumo como de la contaminación del río Ulla, hasta las emisiones de gases contaminantes, pasando por el incremento de la demanda de eucalipto (lo que podría incentivar el aumento de los monocultivos forestales) o las afectaciones a zonas protegidas, los argumentos medioambientales contra el proyecto se han ido acumulando.
El último informe al respecto, publicado por Ecooo y el Observatorio de la Sostenibilidad, señala, entre otras cosas, que la fábrica incrementaría la demanda de eucalipto alrededor de un 50% respecto a la actualidad para producir unas 400.000 toneladas de pasta de celulosa y 200.000 de lyocell al año. O que el proyecto reconoce que la emisión de metales pesados y partículas en suspensión gruesas y finas a la atmósfera, estableciendo como única medida de mitigación la instalación de una chimenea de 75 metros de altura para contribuir a la dispersión atmosférica de los contaminantes.
Además, el proyecto industrial no considera en ningún momento su incidencia en términos de cambio climático y de emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, la promotora aspiraba a captar una parte de fondos públicos para iniciativas de descarbonización, aunque en abril de 2025 el Ministerio de Industria excluyó a Altri de la primera tanda de ayudas de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de descarbonización, dejándola sin 30 de los más de 200 millones de euros de subvenciones a los que aspiraba.
“Es una batalla ganada, pero no la guerra. No estoy segura al 100% de que el proyecto se vaya a archivar. Para mí, está claro que han acabado reculando ante la presión social, pero necesitamos que se le de un carpetazo definitivo”. María Porto, presidenta de la Agrupación de Mariscadoras de Carril e integrante de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA), refleja el sentir general en el movimiento de oposición a la macrocelulosa: contentos por la victoria, pero con cautela. “La empresa no va a dar el proyecto por perdido. Quién nos asegura que si cambia el gobierno en Madrid no vaya a cambiar la planificación eléctrica y el proyecto no se vaya a recuperar”, añade.
Desde la coordinadora galega Altri Non, de la que forman parte la PDRA, Ulloa Viva y otras organizaciones profesionales y ecologistas, hablan de victoria inconclusa. “La Xunta de Galicia debe resolver la denegación tanto de la autorización ambiental integrada del proyecto como del expediente de concesión de aguas. Mientras esto no suceda, la macrocelusosa de Altri todavía representa una amenaza para nuestro país”, señala la coordinadora en un comunicado conjunto, en el que también anuncia que seguirá luchando y que prepara ya una nueva campaña de presión social para obligar a la Xunta a sentenciar el proyecto de forma definitiva.
“Altri se ha convertido en una herramienta más para el enfrentamiento entre administraciones. La Xunta presionó mucho para sacar el proyecto adelante y, si no se aprueba, quiere poder culpar al Gobierno central. Así que estamos ante un escenario extraño, en el que sigue habiendo muy poca transparencia y que nos exige prudencia”, concluye Ana Corredoira. “Pero al mismo tiempo creo que todo este proceso nos tiene que servir para poner en valor la fuerza de la comunidad y del apego al territorio, porque si nos levantamos y pusimos todo nuestro esfuerzo en frenar este proyecto fue porque que entendemos que nos corresponde defender nuestros recursos, defender la tierra que nos alimenta a nosotros y a nuestros hijos”.
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ALTRI no será (en tiempos de ecorresistencia), Ecoloxistas en Accion.
A pesar de que 2026 ha empezado de manera convulsa, con la ciudadanía siendo testigo de duros golpes a la democracia y ataques globales a los derechos de las personas y del medioambiente, el anuncio de cierre de ALTRI nos ha devuelto un poco la alegría y la esperanza. Porque la ecorresistencia funciona y todavía podemos escribir nuestro presente y nuestro futuro.
De hecho, el año pasado en Galiza pudimos celebrar no pocas victorias: finalizar el expolio de los montes comunales de Tameiga, expulsar a las mineras de San Finx y de Penouta, impedir el destrozo en el bosque del Banquete de Conxo, iniciar la reconquista de la isla de Toraya o articular masivas movilizaciones para denunciar el genocidio israelí. Todo ello fueron logros de la ciudadanía organizada de los que Ecoloxistas en Acción fue coprotagonista. Sin embargo, estos avances quedaron ensombrecidos ante la explosión de agresiones y amenazas de involuciones sociales y ambientales que se han arremolinado con fuerza apisonadora nada más comenzar este año.
Por eso, el anuncio de la Xunta de archivar el expediente de la concesión de la macro planta celulósica de ALTRI es una gran victoria que debemos celebrar y saborear despacio. Hay que festejar la victoria. Felicitarnos los unos a las otras con señas de complicidad comunitaria. Enhorabuenas y más enhorabuenas para el tejido asociativo de nuestro país y para la solidaridad del Estado español.
Que se desate la euforia, ¿por qué no?, mientras la resaca no nos impida seguir de cerca los movimientos de la escenificación de la Xunta. Porque no hubo una quiebra en el negacionismo de la Xunta sobre los impactos ambientales y sociales de la industria extractivista. No hay hendidura en el terraplanismo del gobierno gallego del Partido Popular por la que hubiera calado una epifanía ecosocial que nos garantice que no volveremos a la casilla de salida, en breve, con este proyecto.
No es la primera vez que la Xunta esconde una intención contraria a su decisión. La pastera lusa tiene el trámite abierto para presentar alegaciones y, posteriormente, la posibilidad de interponer un contencioso administrativo para revertir el fallo de la Xunta, si este sigue siendo negativa para sus intereses mercantiles.
Un engaño así estuvo a punto de lograrlo la Xunta y los promotores del proyecto minero Alberta I, ahora llamado Mina Doade, cuando por las irregularidades e informes negativos la Xunta denegó la viabilidad ambiental y la empresa llevó a la Justicia esta decisión. Esperaban que una defensa tibia de su decisión hubiera conllevado una resolución judicial a favor de la minera, pero la personación de Ecoloxistas en Acción como codemandada les truncó la artimaña.
Aunque la decisión de la Xunta fuese una maniobra espuria, no deja de ser obligada por la fuerza de la movilización de la buena gente de A Ulloa y de la ciudadanía, en general, de Galiza. La Xunta del Partido Popular, que trabajó casi como comerciales a sueldo de ALTRI, tiene que estar muy forzada para recular así, aunque se habían dejado algún cartucho en la recamara.
De momento somos poco más que meros espectadores en este baile de dimes y diretes con que el presidente de la Xunta y su camarilla ornamenta su obligado paso atrás. Tiene su interés mirar toda esta representación e intentar leer entre líneas a estos expertos artífices del engaño. Ellos miden y calibran cada palabra que dicen. No tanto de admitir el error, echan la culpa al Gobierno central, acusándolo de boicotear el proyecto y saltarse las ”reglas” por mera rivalidad política y presentándose ellos como defensores ante la ignominia centralista.
Puede parecer una explosión dialéctica más, pero es un intento de seguir negando los graves impactos ambientales de este proyecto,de su política industrial en general y, sobre todo, de esconder la demostración de poder popular realizada por la gente de Galiza. Para que, como siempre, en la ciénaga política, todo esto se desvanezca de la memoria de las gallegas y gallegos antes del próximo episodio de elecciones nacionales.
Sería un error pensar que son predecibles y transparentes. La ecorresistencia tiene su fuerza en la unidad vecinal, pero esta se desbarata fácilmente si caemos en la ingenuidad de confiar en lo que nos dicen que van a hacer. Ni siquiera debemos dar crédito a los propios hechos, aunque parezcan consumados.
Así que sí, seguimos vigilantes. Y seguimos con fuerza reclamando territorios biodiversos donde poder tener vidas que merezcan la pena ser vividas. Pero hoy celebramos. Por Altri no será.