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Ejercer el periodismo en Azerbaiyán no es tarea fácil. Este país del Cáucaso ocupa el puesto 164 (de 180) en el ranking sobre la libertad de prensa elaborado por Reporteros Sin Fronteras. En la actualidad mantiene presos a 13 periodistas, entre los cuales se encuentra Farid Mehralizada, un economista y colaborador de Radio Free Europe/Radio Liberty. Su delito consiste en haber criticado la dependencia que Azerbaiyán tiene de los combustibles fósiles. La COP29, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, empieza el próximo lunes y se celebra precisamente en su capital, Bakú.
Mehralizada lleva casi cinco meses encarcelado. Fue detenido el pasado 30 de mayo en un operativo similar al que se utilizaría con un criminal peligroso: varios hombres de paisano lo abordaron cerca de una estación de metro, le pusieron una bolsa en la cabeza, lo metieron en un furgón y lo trasladaron a comisaría. Más tarde, ese mismo día, la policía azerbaiyana escoltó a Farid a su casa, donde vivía con su esposa, Nargiz Mukhtarova, que entonces estaba embarazada. Los agentes registraron la vivienda de la pareja y confiscaron su ordenador y sus teléfonos móviles. También les incautaron el coche.
«Farid fue interrogado durante dos días [sin la asistencia de un abogado] antes de ser llevado a juicio por una acusación de contrabando [con divisas extranjeras] conectada con otra causa más amplia, de índole política, contra los medios de comunicación críticos con el gobierno», explica Nargiz en un artículo en Climate Home News.
El Consejo de Europa (el mismo escenario en el que Julian Assange hizo su reaparición pública cuando fue puesto en libertad) ha mostrado su «profunda preocupación» por el estado de la prensa en Azerbaiyán. «En los últimos meses, las autoridades azerbaiyanas han intensificado la represión contra los medios independientes, la sociedad civil y los activistas que estaban ejerciendo legítimamente su labor o manifestando opiniones disidentes o críticas hacia el gobierno», denunciaba la bosnia Dunja Mijatović, comisaria del Consejo de Europa para los Derechos Humanos.
Farid Mehralizada es conocido por sus análisis críticos respecto a la dependencia del petróleo y del gas que distingue a su país. «Destacaba las vulnerabilidades económicas de la nación –explica su esposa– mientras abogaba por la acción climática y por prácticas sostenibles». Su conocimiento de la economía le llevó, hace dos años, a señalar que 92 de cada 100 dólares ganados a través del comercio exterior provenían de la industria del petróleo y el gas, advirtiendo de que una dependencia tan extrema era insostenible y peligrosa para el futuro económico de Azerbaiyán.
«A diferencia de muchos responsables políticos, que presentan el cambio climático como una preocupación lejana, Farid argumentó que sus efectos ya son visibles y tienen consecuencias significativas tanto para el medioambiente como para la sociedad. Señaló el aumento de las sequías, que amenazan la agricultura y reducen la fertilidad de la tierra, lo que conlleva riesgos de aumento de la pobreza y escasez de alimentos», añade Nargiz Mukhtarova.
Su marido podría ser condenado a 12 años de prisión si es declarado culpable de los cargos que se le imputan. Estos cargos han ido aumentado paulatinamente desde que fue puesto en prisión preventiva: ahora incluyen «emprendimiento ilegal, lavado de dinero, evasión de impuestos y falsificación de documentos». Mehralizada, como recuerda su esposa, trabajaba elaborando «análisis para el Instituto de Investigación de Bakú y comentarios para medios independientes del país».
Uno de los caballos de batalla de Mehralizada era la gestión de los recursos hídricos, enormemente ineficiente en su país. Esta ineficiencia, a su juicio, es un reflejo de la política gubernamental. «Refleja una incapacidad general para atender necesidades básicas de infraestructuras críticas para la resiliencia climática. Sin modernizar estos sistemas, Farid advertía de que Azerbaiyán enfrentaría graves carencias de agua, poniendo en peligro la productividad agrícola y aumentando la vulnerabilidad frente al cambio climático», indica Nargiz Mukhtarova.
El combate climático emprendido por Farid Mehralizada es sólo uno de los muchos temas incómodos para Ilham Aliyev, el hombre que maneja los destinos de Azerbaiyán con mano de hierro desde 2003. Durante los últimos 20 años, el régimen de Aliyev se ha enfrentado a continuas acusaciones de corrupción, violación de los derechos humanos (con torturas incluidas), falta de transparencia y elecciones amañadas. Los arrestos injustificados y el acoso a los periodistas son moneda de cambio habitual en el país.
La gran pregunta que sobrevuela la COP29 a pocas horas de su inauguración es: ¿por qué razón los países miembros de la ONU eligieron Azerbaiyán para celebrar su conferencia anual sobre el clima?
Información sobre la campaña que pide la liberación de Farid Mehralizada aquí.
Bendito Farid Mehralizada, espero que seas liberado lo antes posible. Personas como tú sois las imprescindibles.
La gran pregunta que sobrevuela la COP29 a pocas horas de su inauguración es: ¿por qué razón los países miembros de la ONU eligieron Azerbaiyán para celebrar su conferencia anual sobre el clima?: SEGURAMENTE PARA EXIGIR LA LIBERACION DEL ACTIVISTA FARID MEHRALIZADA. Si realmente les importa el clima deben empezar por liberar a quienes están presos precisamente por defenderlo, ¿no?.
Ecologistas, periodistas, sindicalistas….acosados, hostigados, perseguidos, víctimas de juego sucio, delitos falsos, no sólo en Azerbaiyán, también en las «grandes democracias», como España, envidia del mundo.
CASO SPORA
Somos activistas climáticas acusadas de pertenecer a una organización criminal. Necesitamos ayuda para pagar los gastos de nuestra defensa.
Somos un grupo de más de 15 activistas que hemos sido incluides en el Caso Spora, una operación policial en la cual se nos acusa de «pertenecer a una organización criminal» por haber participado en protestas noviolentas en el pasado con Futuro Vegetal. Nos enfrentamos a una posible condena de 2 a 8 años de prisión y multas desmesuradas. De estas declaraciones, la judicatura puede decidir sobreseer el caso y absolvernos o seguir adelante con el juicio.
Qué ocurrió
Muches de nosotres llevamos varios años realizando acciones de desobediencia civil, al igual que ha pasado en muchos lugares de Europa. E igual que aumentaron los colectivos contra la crisis climática, en los últimos años también ha aumentado la represión contra los mismos. Se nos emepezó a multar individualmente, después a finales de 2022 comenzaron las detenciones por las que pasamos casi tres días en calabozos, momento en el que comenzó la investigación que nos lleva a este caso.
Durante todo diciembre de 2023 y enero de 2024, la Policía Nacional detuvo a 24 personas por «conformar una estructura criminal» la cual es inexistente. Entre ellas estábamos nosotres. Los arrestos se produjeron de forma coordinada y escalonada en el tiempo en Madrid, Barcelona, Murcia, Alicante, Cádiz, Zaragoza, Granada, Valencia, Soria, Santander y San Sebastián.
Desde que empezó la investigación del caso se nos ha perseguido y hemos sido acosades por nuestras acciones de desobediencia civil. Entre otras cosas, la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional nos ha seguido por las calles, ha intervenido nuestros dispositivos móviles, estos últimos meses ha estado bloqueando nuestras cuentas bancarias y, para comunicarnos esta acusación, acudió a nuestros hogares, a donde trabajamos o estudiamos e incluso en plena calle para detenernos y llevarnos a comisaría.
Ahora nos vemos envueltes en un largo proceso legal en el cual se nos acusa de algo muy grave, una acusación basada en la represión judicial y política simplemente por hacer activismo climático. Aunque siempre hemos sido conscientes de que la protesta implica muchas veces enfrentarse a la represión, a día de hoy tenemos miedo de ir a prisión y enfrentarnos a multas desproporcionadas. Nuestras vidas y las de las personas que nos rodean se encuentran en gran medida paralizadas y nos vemos en un callejón sin salida….
https://pepaloba.org/project/absolucion-caso-spora?lang=es