Bruselas rebaja el entusiasmo a España: antes de ampliar ningún aeropuerto, debe garantizar la protección ambiental

El anuncio de la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat, celebrado por la Generalitat catalana y el Gobierno central al mismo tiempo, no contó con el mismo entusiasmo en Bruselas hace solo dos meses. En un encuentro con representantes de AENA y del gobierno catalán, la Comisión Europea recordó a España que, antes de hacer nada, debía adoptar medidas para garantizar una protección adecuada del Delta del Llobregat, según precisaron a EFE fuentes comunitarias.

La advertencia venía de lejos: la Comisión Europea abrió en febrero de 2021 un expediente a España tras constatar que no había adoptado medidas suficientes para proteger este enclave, que forma parte de la red Natura 2000, y cumplir así con sus obligaciones con respecto a la Directiva europea de Hábitats.

Bruselas recordó entonces que llevaba desde 2013 debatiendo con las autoridades españolas las posibilidades de mitigar y compensar el daño medioambiental causado por proyectos relacionados con la ampliación del aeropuerto. Pero los compromisos tomados hasta entonces por las autoridades, como la adopción e implementación de un plan especial para la protección de las áreas naturales y el paisaje del Delta del Llobregat y la extensión del Área Especial Protegida para proteger los territorios más adecuados para la conservación de las aves no habían recibido «seguimiento suficiente».

La Comisión remarcó que, a pesar de ser una de las regiones más densamente pobladas de la península, los «frágiles» ecosistemas del delta acogen una «espectacular biodiversidad y juegan un papel crucial en las rutas migratorias de muchas aves europeas», lo que contribuye a preservar la coherencia general de la red Natura 2000.

Según establece la Directiva de Hábitats de la UE, las autoridades de un Estado miembro tienen la potestad, gracias a una derogación en las reglas, de autorizar un proyecto aunque «pueda tener un impacto significativo en una zona Natura 2000».

Sin embargo, están obligadas «bien a notificar a la Comisión o bien a pedir la opinión de la Comisión» al respecto antes de autorizar dicho proyecto, en función del «interés público» que justifique el desarrollo del mismo.