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Johani Carolina Ponce (Yale Connections)
Este artículo, escrito por Johani Carolina Ponce, fue publicado originalmente en inglés en Yale Climate Connections. Lo publicamos en español en ‘Climática’ como parte de la alianza internacional ‘Covering Climate Now’, creada para ampliar la cobertura informativa sobre el cambio climático.
La industria petrolera de Venezuela ha vuelto a situarse en el centro del debate internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevas acciones contra el Gobierno venezolano el 3 de enero, incluida la destitución del líder venezolano Nicolás Maduro, y afirmó que Estados Unidos enviaría a sus principales compañías petroleras a invertir en la reparación de la dañada infraestructura petrolera del país.
Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero su industria petrolera opera hoy muy por debajo de su potencial histórico. El declive de décadas en la producción petrolera del país contribuyó a una crisis social y económica que llevó a millones de venezolanos a abandonar el país.
«Lo que me obligó a irme del país fue la falta de medicinas; todo está conectado: la escasez de gasolina, la inflación y el desabastecimiento», señala una mujer venezolana que ahora vive en España, hablando bajo condición de anonimato por temor a represalias. «La situación económica era tan grave que varias personas de mi círculo social se suicidaron. Fue una situación terrible, y hoy no estamos muy lejos de eso».
Para entender cómo el país pasó de ser uno de los principales productores del mundo a enfrentar una profunda crisis energética, este artículo resume cinco puntos clave que explican la evolución, el deterioro y el papel geopolítico del petróleo venezolano durante el último siglo.
La industria petrolera de Venezuela comenzó a tomar forma a principios del siglo XX, cuando el descubrimiento de grandes yacimientos transformó al país en uno de los principales productores de crudo del mundo. El hito citado con mayor frecuencia ocurrió en 1922, con el reventón del pozo Barroso II en el estado Zulia, en el noreste del país, en la cuenca del Lago de Maracaibo, que marcó el inicio de la explotación petrolera a gran escala y cambió para siempre la economía de Venezuela.
En las décadas siguientes, la producción, la infraestructura y la comercialización del petróleo venezolano estuvieron controladas por empresas extranjeras, principalmente estadounidenses y británicas. Una de las más importantes fue Creole Petroleum Corporation, filial de Standard Oil, que llegó a controlar una parte sustancial de la producción nacional. Estas empresas construyeron campos petroleros, oleoductos, terminales portuarios y refinerías, sentando las bases técnicas de la industria petrolera moderna del país.
Antes de la nacionalización en 1976, el modelo se basaba en concesiones: las empresas extranjeras extraían el crudo, lo procesaban o lo enviaban al exterior y pagaban al Estado venezolano regalías e impuestos, mientras que la mayoría de las ganancias permanecían en manos de las empresas. En términos simples, Venezuela recibía ingresos pero no controlaba directamente la producción ni la comercialización, y gran parte de su petróleo se refinaba en instalaciones ubicadas en Estados Unidos, especialmente a lo largo del Golfo de México.
Este enfoque permitió un rápido crecimiento de la producción: a mediados del siglo XX, Venezuela ya era uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo y el crudo se había convertido en la columna vertebral de su economía. Al mismo tiempo, el país comenzó a desempeñar un papel en la política energética internacional.
En 1960, Venezuela fue uno de los cinco países fundadores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, u OPEP, junto con Arabia Saudita, Irán, Irak y Kuwait.
Las empresas extranjeras continuaron dominando la industria hasta la nacionalización del petróleo en 1976, cuando el Estado venezolano asumió el control directo del sector. Para entonces, la infraestructura, la experiencia técnica y los lazos comerciales del petróleo venezolano estaban profundamente integrados en el mercado estadounidense, particularmente en las refinerías de la Costa del Golfo. Según la Administración de Información Energética de EE. UU., este diseño histórico continúa influyendo en cómo se produce, transporta y refina el petróleo venezolano en la actualidad, ya que gran parte del crudo del país aún requiere instalaciones especializadas desarrolladas a lo largo del siglo XX.
Tras la nacionalización de la industria petrolera en 1976 bajo el mandato de Carlos Andrés Pérez, el gobierno venezolano creó Petróleos de Venezuela, o PDVSA, como la empresa estatal responsable de la exploración, producción, refinación y exportación de crudo. Desde sus inicios, PDVSA se convirtió en el pilar central de la economía de Venezuela y la principal fuente de ingresos del país.
Durante las décadas de 1980 y 1990, el sector petrolero contribuyó con alrededor del 25% del producto interno bruto, más de la mitad de los ingresos del país, y entre el 80% y el 90% de las exportaciones totales de Venezuela, según datos del Banco Mundial y la Administración de Información Energética de EE. UU.
Durante ese período, PDVSA operó con altos niveles de autonomía técnica y gerencial, mantuvo asociaciones con empresas internacionales y sostuvo niveles de producción por encima de los 3 millones de barriles diarios, situando a Venezuela entre los principales productores de la OPEP. La importancia de PDVSA en la economía significaba que el petróleo financiaba gran parte del gasto público, la inversión en infraestructura y la entrada de divisas.
Durante el Gobierno de Hugo Chávez (1999–2013), la producción petrolera venezolana comenzó a caer. En 1998, antes de que Chávez llegara al poder, PDVSA producía 3,4 millones de barriles por día, situando al país entre los principales productores de la OPEP. En los años siguientes, la producción inició un declive gradual que se profundizaría con el tiempo.
Entre 2002 y 2003, durante el paro cívico —un cese de actividades impulsado por sectores de trabajadores y ejecutivos de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la federación empresarial Fedecámaras, la oposición y PDVSA—, el Gobierno llevó a cabo una profunda reestructuración de PDVSA que incluyó el despido de más de 18.000 trabajadores, incluidos ingenieros, geólogos, gerentes y personal técnico altamente especializado. Varios análisis coinciden en que la abrupta reducción de personal altamente experimentado debilitó la capacidad operativa, de mantenimiento y de gestión de la empresa estatal, con efectos que se reflejaron en la producción y el desempeño técnico en los años siguientes; también contribuyó al éxodo venezolano que comenzó en la década de 2010.
«Con el paro petrolero, esperábamos que la situación mejorara, pero el resultado fue adverso. Comenzó la escasez y se formaron colas para conseguir gasolina. Me dio cistitis de esperar tantas horas necesitando usar el baño en una de esas colas de 12, 14 o 16 horas. Todo era una agonía: las escuelas cerraron, los negocios quebraron, en fin», cuenta un residente de Florida que no quiso ser identificado porque tiene asilo político y todavía teme represalias del Gobierno venezolano.
Katherine Suárez explica por teléfono desde Texas que alguna vez trabajó como ingeniera de automatización de PDVSA en Maturín, estado Monagas, en el noreste de Venezuela. «Durante la crisis petrolera de 2002–2003, pasé de tener estabilidad y un proyecto de vida claro a enfrentar una incertidumbre absoluta. Como empleada de PDVSA, fui despedida y luego incluida en una lista negra, lo que significó no solo perder mi trabajo sino también el cierre de casi todas las oportunidades laborales en el país. Cada día se convirtió en una lucha por sobrevivir y cubrir las necesidades básicas, mientras la dignidad profesional se ponía a prueba constantemente», narra. «La situación fue aún más devastadora para mi familia», detalla Suárez. «Mi madre, con 35 años de servicio en PDVSA, fue despedida de la noche a la mañana. Perdió su pensión, los beneficios construidos durante décadas de trabajo y, con el tiempo, también bienes materiales que fueron el resultado de toda una vida de esfuerzo. Verla pasar de la seguridad a la angustia —del reconocimiento a la exclusión— marcó profundamente nuestra rutina diaria y estado emocional. La crisis nos afectó no solo económicamente sino también emocional y psicológicamente: el miedo, la frustración y una sensación de injusticia se convirtieron en parte de la vida cotidiana. Ella murió en el exilio, siempre con la esperanza de regresar a su amada PDVSA».
Durante ese período, los líderes venezolanos utilizaron el petróleo explícitamente como instrumento de política exterior. El caso más significativo fue la relación con Cuba. A partir de la década de 2000, Venezuela envió hasta casi 90.000 barriles diarios de petróleo a la isla con financiamiento a largo plazo y sin requerir pago inmediato en efectivo. A cambio, Cuba desplegó decenas de miles de médicos y personal de inteligencia militar en Venezuela, según informes del Congreso de EE. UU.
Al mismo tiempo, el Gobierno de Chávez utilizó la filial estadounidense de PDVSA, CITGO Petroleum Corporation, para promover programas de combustible subsidiado para comunidades de bajos ingresos en ciudades como Boston, Nueva York y Filadelfia.
En 2007, el gobierno decretó que PDVSA debía tener al menos una participación del 60% en todos los proyectos de crudo pesado en la Faja del Orinoco, obligando a las empresas extranjeras a aceptar nuevas condiciones contractuales o abandonar el país. Como resultado, ExxonMobil y ConocoPhillips se retiraron de Venezuela.
Tras las expropiaciones, las empresas afectadas iniciaron procedimientos de arbitraje internacional que, en años posteriores, se decidieron en contra del Estado venezolano y a favor de las petroleras. Los registros del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones y análisis del Consejo de Relaciones Exteriores indican que Venezuela debe más de 10 mil millones de dólares en laudos arbitrales y reclamos pendientes, en gran parte involucrando a empresas petroleras estadounidenses. Esto se tradujo en importantes pasivos financieros y un mayor deterioro de la confianza de los inversores.
A partir de 2014, el colapso de la industria petrolera de Venezuela comenzó a sentirse directamente en la vida cotidiana. La caída de la producción, los cierres parciales de refinerías y los problemas operativos resultaron en una escasez crónica de gasolina, incluso en un país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Según desvela Reuters, a medida que las refinerías estatales dejaban de producir suficiente combustible, las largas colas regresaron a las estaciones de servicio, obligando a los conductores a esperar horas o incluso días para repostar.
Este deterioro interno siguió a años en los que Venezuela canalizó crudo y financiamiento respaldado por petróleo a aliados estratégicos como China, Rusia e Irán a través de préstamos respaldados por petróleo, acuerdos de pago con crudo y convenios de cooperación energética. Según la Administración de Información Energética de EE. UU., estos mecanismos permitieron a esos países asegurar el acceso al crudo venezolano incluso cuando la inversión y el mantenimiento de la infraestructura nacional se debilitaban.
La situación empeoró en momentos clave, como en 2020, cuando la combinación de fallas internas y restricciones externas profundizó la escasez. Un análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales señala que durante la pandemia de COVID-19, la falta de gasolina paralizó el transporte, afectó la distribución de alimentos y convirtió las colas en una experiencia diaria en gran parte del país.
Esta crisis de combustible se desarrolló junto con el deterioro general de las condiciones de vida. Según el Banco Mundial, Venezuela experimentó una prolongada contracción económica que empujó a una parte significativa de la población a la pobreza, reduciendo el acceso a alimentos, transporte y servicios básicos. La escasez de gasolina amplificó estos problemas al elevar el costo del transporte de personas y mercancías y limitar la actividad económica en regiones enteras.
De esta manera, la crisis petrolera se convirtió en una experiencia diaria, visible en las colas de gasolina y en el deterioro del bienestar de la población. La escasez de combustible y el aumento de la pobreza reflejan cómo la pérdida de capacidad operativa en el sector petrolero terminó afectando no solo las finanzas del Estado sino también la vida cotidiana de millones de venezolanos.
«En 2003, yo trabajaba en un periódico en el centro de Caracas. A raíz de la crisis, nos suspendieron del periódico y nos pagaban el 30% del sueldo más tickets de alimentación. Tres meses después, me despidieron. Mi esposo trabajaba como traductor para un canal de cable de EE. UU., y también fue despedido», explica María García por teléfono desde Caracas [usamos solo sus segundos nombres por temor a represalias del gobierno]. «La falta de gasolina nos obligó a comprar bicicletas, que se convirtieron en nuestro medio de transporte en una ciudad montañosa. A los pocos meses nos divorciamos; la crisis nos consumió».
Otro venezolano que ahora vive en Chile y no quiso que se publicara su nombre dijo: «Durante la crisis de 2003, yo era estudiante universitario. Vivía en San Cristóbal y cuidaba a mi padre, que sufría una enfermedad que requería atención continua. Era una odisea llevarlo a los exámenes médicos que necesitaba en el hospital debido a las largas colas para la gasolina y las tensiones por las protestas en las calles».
Otra persona que aún vive en el occidente de Venezuela cuenta: «Vivimos días muy duros, pasando noches enteras viviendo y durmiendo en la cola (para llenar el tanque de gasolina del auto); era agotador, y la incertidumbre era abrumadora. En ese momento, por primera vez, pensé en emigrar, pero mi familia dependía de mí y no podía abandonarlos. Me quedé en el país a pesar de las dificultades».
El colapso de la industria petrolera de Venezuela se profundizó a partir de 2017, cuando Estados Unidos impuso sanciones financieras que restringieron el acceso del país a los mercados internacionales, y empeoró en 2019 con sanciones directas al sector energético y a Petróleos de Venezuela. Estas medidas aceleraron la caída de la producción y las exportaciones, que ya estaban debilitadas por años de poca o nula inversión y deterioro operativo, según la Administración de Información Energética de EE. UU.
En este contexto, Chevron surgió como un actor central. La petrolera estadounidense, con 102 años de presencia en Venezuela, es la única gran empresa estadounidense que opera en el país y produce casi una cuarta parte del petróleo de Venezuela gracias a licencias específicas otorgadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.
Según datos de la OPEP, las exportaciones de crudo se desplomaron de casi 2 millones de barriles por día en 2015 a menos de 500.000 en 2021, aunque se ha observado una recuperación parcial desde 2023: 655.000 barriles por día en 2024 y 921.000 barriles por día en noviembre de 2025.
Estados Unidos alivió parcialmente las sanciones en noviembre de 2022 durante la presidencia de Joe Biden, permitiendo a Chevron reanudar las exportaciones desde Venezuela, pero se renovó la autorización en octubre de 2025. Como resultado, Estados Unidos volvió a convertirse en uno de los principales destinos del crudo venezolano, aunque China sigue siendo el mayor comprador: según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), en 2023 casi dos tercios de las exportaciones de petróleo venezolano fueron a China y alrededor del 23% a Estados Unidos.
La evolución de la industria petrolera de Venezuela refleja cómo la pérdida de capacidad operativa, la falta de inversión y el deterioro institucional han ido de la mano con impactos ambientales documentados. Informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, que examinan el estado de los derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela, también han planteado preocupaciones sobre el derecho a un medio ambiente sano en el contexto de la prolongada crisis del país.
Afirman que la falta de mantenimiento en las instalaciones petroleras ha contribuido a derrames recurrentes de crudo, particularmente en la cuenca del Lago de Maracaibo, afectando los ecosistemas y las actividades económicas locales. Estos elementos demuestran que cualquier evaluación del futuro del petróleo venezolano debe considerar no solo la producción y la inversión, sino también los costos ambientales acumulados.
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