Compartir:
Eduardo Robaina
El panorama energético español –y también el global– se encamina hacia un horizonte de transformación profunda en 2026. Tras años centrados en la capacidad de generación renovable, los especialistas consultados coinciden en que el nuevo desafío no es solo producir energía limpia, sino saber gestionarla, almacenarla y, sobre todo, llevarla de forma eficiente al consumidor final. Este cambio de paradigma sitúa al almacenamiento, la flexibilidad de la red y la electrificación masiva como los pilares fundamentales de una transición que ya no tiene marcha atrás.
A continuación, analizamos, de la mano de especialistas, empresas y asociaciones, los aspectos claves de la transición energética para este 2026.
La instalación de energía eólica “va bastante retrasada respecto al PNIEC”, recuerda Pedro Fresco, director general de la Asociación Valenciana del Sector de la Energía (AVAESEN) y ex director general de Transición Ecológica en València. El especialista calcula que se seguirá instalando mucha energía solar, pero menos que en 2025. Así, cree que se deberían priorizar las hibridaciones de plantas solares, “dándole la máxima rapidez administrativa con procedimientos exprés».
Tampoco son tan optimistas desde la cooperativa energética Solabria: «Son el futuro [las renovables], sin duda, pero probablemente veamos una ralentización del impulso en la implantación de renovables por el destructivo efecto que están teniendo ya los discursos y políticas contra la evidencia que nos muestra la ciencia».
Roberto Giner, CEO de la comercializadora de energía 100% verde Octopus Energy España, señala el potencial de la aerotermia, “la gran olvidada”, ya que es “hasta nueve veces más eficiente que el gas y, por tanto, clave para electrificar los hogares”.
En Unión Española Fotovoltaica (UNEF) consideran que en 2026 el sector fotovoltaico “continuará aportando de forma significativa al PIB, al empleo y al I+D+i desde una fase más madura”. “Con más de 70 GW, entre permisos otorgados y planificación hasta 2030, España tiene sobre la mesa una oportunidad histórica para capitalizar el bajo coste de la fotovoltaica como motor de reindustrialización”, afirman. Para ello, piden “que la transición energética avance con amplia aceptación social, basada en el diálogo con los territorios, buenas prácticas y proyectos alineados con las necesidades locales, evitando la polarización y la desinformación”.
Para Esther Izquierdo, ingeniera industrial experta en energía, la clave de cara a este nuevo año es «encontrar el equilibrio entre el territorio y la implantación de renovables» ya que «alguna de ellas va a impactar, y por lo tanto, hay que jugar con aquellos espacios donde realmente hay disponibilidad para poder poner energías renovables».
La ingeniera Carlota Pi Amorós, cofundadora y presidenta ejecutiva de la comercializadora renovable Holaluz, cuenta que ellos no conciben el autoconsumo «como una simple suma de placas en un tejado», ya que consideran que la «verdadera revolución reside en la capacidad de gestionar esa energía de forma distribuida, y eso solo es posible a través del almacenamiento».
Solabria tiene claro que el almacenamiento a través de baterías es «la combinación perfecta para la generación renovable; haciendo de ella una energía segura, estable, eficiente y barata». Además, señala que «los combustibles fósiles y la energía nuclear ya no son competitivos frente a las renovables».
Esther Izquierdo cree que, respecto al almacenamiento y las baterías, estamos en el punto en el que estaban las placas fotovoltaicas hace muchos años. «A día de hoy, por el coste que tienen, aún no son viables en todas partes, pero son necesarias en este presente y futuro que estamos diseñando». Por ello, pide que las normativas «ayuden y acompañen».
Pedro Fresco prevé que para 2026 las baterías comenzarán a instalarse en España a una velocidad rápida. El almacenamiento, explica, permitirá que las renovables empiecen a controlar la tensión del sistema eléctrico, disminuyendo así la dependencia de programar centrales de gas. En este sentido, considera necesario introducir baterías en el orden de varios gigavatios (GW) anuales, aunque reconoce que alcanzar ese volumen no será posible en 2026, sino en los años posteriores.
Para Roberto Giner, el almacenamiento es la solución al gran «cuello de botella» actual, ya que permite aprovechar la energía limpia que hoy se desperdicia por falta de capacidad para guardarla. Para 2026 augura el «gran año de las baterías» debido a una fuerte caída de precios, lo que facilitará su acceso incluso en hogares que no dispongan de placas solares. Asimismo, propone ver el vehículo eléctrico como una herramienta de almacenamiento potente que puede verter energía a la red cuando sea necesario.
Luis Marquina, presidente de la Asociación Empresarial de Pilas, Baterías y Almacenamiento Energético (AEPIBAL), recuerda el apagón del 28 de abril como punto de inflexión sobre la necesidad del almacenamiento. “El sistema eléctrico necesita las baterías porque no hay mix energético basado en renovables sin almacenamiento”, señala. De cara a 2026, esperan conectar cerca de 500 MW de baterías, con la meta de alcanzar los 5 GW en los próximos 2 o 3 años mediante proyectos de diversos tipos (híbridos, stand-alone e industriales).
Para avanzar en todo lo expuesto, desde UNEF, proponen que la regulación de 2026 elimine el «absurdo administrativo» de sumar potencias de paneles y baterías, permitiendo que se considere como potencia total el valor mayor de ambos componentes, no su suma. Asimismo, sugieren eximir de nuevos estudios ambientales a las baterías que se ubiquen dentro del perímetro de plantas que ya cuenten con una declaración ambiental positiva. Todo ello con el objetivo de que el almacenamiento deje de ser un elemento excepcional para desplegarse de forma masiva (hibridado o independiente), aportando estabilidad y resiliencia al sistema.
Arturo Pérez de Lucia, director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE), destaca la importancia de los recién anunciados Plan Auto 2030 y Plan Auto+, que cuentan con 400 millones de euros para ayudas directas a la compra de coches eléctricos (no como hasta ahora, en forma de subvención que se demora varios años).
Para 2026, augura un “creciente número de modelos de coches eléctricos a precios asequibles para todo tipo de bolsillos”. Con esto y las ayudas, espera que las matriculaciones de vehículos electrificados sea mayor que la de este año.
De igual forma, apuesta por alejar la movilidad eléctrica del debate ideológico para proteger toda la cadena de valor industrial en España, desde la fabricación de cargadores hasta las gigafactorías. Además, considera clave combatir la «infoxicación», que frena la adopción del vehículo eléctrico.
Similar postulado es el de la cooperativa Solabria, que lamenta el retraso en la implantación de la movilidad eléctrica: «Llevamos retraso, y se va a agravar, porque se están imponiendo los intereses económicos de los lobbies de la automoción», haciendo alusión al reciente anuncio de Bruselas de permitir vender vehículos de combustión más allá de 2035.
En una línea similar se posiciona Pedro Fresco, quien prevé que las ventas seguirán aumentando, pudiendo superar el 30% de cuota de mercado en vehículos electrificados para 2026.
En cuanto a las infraestructuras de carga, Fresco propone desarrollar específicamente la carga de baja potencia dentro de las ciudades, y defiende la necesidad de establecer sanciones exigentes para los aparcamientos públicos que no cumplan con la legislación actual de cargadores. Asimismo, pide a la DGT endurecer los criterios de etiquetas para que la «Cero» sea exclusiva para eléctricos 100% y que los híbridos no enchufables pasen a la categoría C.
Desde Octopus Energy España, su CEO Roberto Giner va más allá y pone el foco en la tecnología V2G (Vehicle to Grid), con la cual un vehículo puede verter energía a la red para dar flexibilidad al sistema. Además, aboga por conectar los vehículos (junto con almacenamiento, aerotermia y generación renovable) a sistemas de gestión remota para desplazar el consumo a los momentos de mayor producción renovable.
Solabria recuerda que, mientras que se ha liberalizado la generación y la comercialización de energía en España, queda pendiente la distribución. «Actualmente las redes de media y baja tensión son propiedad del oligopolio», lamentan.
Desde AEDIVE, Arturo Pérez de Lucia considera necesario reforzar las redes eléctricas para atender el aumento de la demanda tanto en el transporte como en la industria. Entre sus peticiones para el año que comienza está un marco de retribución estable y a largo plazo que incentive a los operadores a invertir en la red y mayor claridad sobre la capacidad disponible en los puntos de conexión actuales.
Roberto Giner, de Octopus, señala que, junto al almacenamiento, la interconexión entre países es el gran desafío para no desperdiciar recursos. Cree que España debería poder exportar su exceso de energía renovable en cantidades mucho mayores de las actuales, y propone el uso de tecnología para gestionar de forma remota y masiva dispositivos como vehículos y climatización, adaptando la demanda a la red. “La flexibilidad eléctrica será la clave del futuro del sistema energético español”, explica.
Desde UNEF, advierten que la saturación de los nudos de red es una «barrera administrativa» que frena inversiones industriales estratégicas. Para 2026, confían en que se materialicen avances reales en la planificación y el refuerzo de las redes para conectar nueva demanda industrial. En este sentido, recuerdan que el despliegue renovable debe ir acompañado de inversiones en redes, almacenamiento y digitalización para evitar pérdidas de eficiencia.
La publicación en 2026 del esperado Real Decreto de Autoconsumo representa, a ojos de Carlota Pi Amorós (Holaluz), «el motor de cambio que el mercado demanda». No se trata solo de una actualización normativa, sino de una apertura de la energía distribuida en el país del sol. «La normativa permitirá nuevos esquemas de conexión y gestión mucho más flexibles. Esto nos abre la puerta a proyectos que antes eran técnicamente complejos o poco rentables, permitiendo que la energía se genere y consuma de forma mucho más eficiente y cercana al punto de demanda», detalla.
Con esa normativa también en mente, la UNEF espera que 2026 sea el año del despegue definitivo del autoconsumo colectivo y distribuido gracias a la ampliación de la distancia de generación a 5 kilómetros y la creación del gestor de autoconsumo. Para ello, reclama que las comunidades autónomas tramiten a tiempo las ayudas Next Generation para no perder los fondos.
Roberto Giner, de Octopus, destaca que las comunidades energéticas permitirán a la ciudadanía gestionar recursos compartidos, como la rehabilitación de edificios, y no solo ahorrar en la factura.
Pedro Fresco prevé que se mantendrá el ritmo de instalación en el sector industrial y propone que el nuevo real decreto de autoconsumo facilite el autoconsumo colectivo en plantas de gran tamaño (megavatios) para que tengan una relevancia real en el sistema. “Solo así el autoconsumo colectivo y las comunidades podrán ser relevantes”, considera.
La cooperativa Solabria aquí quiere poner el foto en las comunidades energéticas, que «al depender de políticas europeas/nacionales, van a resentirse mucho ante la lentitud normativa/burocrática y la fuerte reducción de apoyos financieros para su creación, que irán ahora destinados –entre otros– a la guerra en vez de a la transición energética».
La ingeniera industrial Esther Izquierdo, más allá de todo lo expuesto, «priorizaría poder tener buenos casos de uso que sirvan de ejemplo y que se compartan como referencia para su implementación».
“La energía sigue siendo una gran desconocida para la gran mayoría de las personas. Solo nos fijamos en cuánto cuesta, pero no en cómo se gestiona”, reflexiona Roberto Giner (Octupus). El empresario advierte de una paradoja para 2026: aunque la energía renovable abaratará el mercado mayorista, los peajes y cargos podrían subir la factura de los hogares entre un 4 y un 5%. Asimismo, considera que el PVPC (la tarifa regulada de luz en España) “ha quedado desvirtuado y distorsiona a la competencia”. Para él, “si combinamos baterías, flexibilidad y gestión inteligente, las energías renovables pueden demostrar que es posible llevar energía allí donde hoy no llega o no es accesible, sin que suponga un coste elevado para los bolsillos”.
El especialista Pedro Fresco propone una revisión fiscal urgente que incluya la reducción del Impuesto sobre la Electricidad y el IVPEE (Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica) para incentivar la electrificación frente a los combustibles fósiles.
Desde UNEF piden aumentar la parte variable de la factura para premiar la eficiencia y el uso de incentivos fiscales para la inversión ciudadana. Finalmente, Arturo Pérez de Lucia (AEDIVE) solicita al Gobierno «palancas fiscales coherentes» para impulsar la demanda, especialmente en las flotas de empresas que actúan como motor de mercado.
Para Solabria, «desde que se ha creado el mercado de electricidad (OMIE) estamos asistiendo a un encarecimiento de la luz sin precedentes», e insisten en que «solo las renovables pueden hacer que la factura baje, puesto que el sol y el viento no tenemos que importarlos».
Pedro Fresco visualiza un escenario polarizado donde China seguirá instalando renovables masivamente y liderará la electrificación mientras EE. UU. frena su desarrollo para proteger la industria fósil y nuclear. Esto podría crear, dice, una alianza energética entre Rusia, EE. UU. y los países petroleros por un lado, y China por otro. Ante esto, “la UE deberá decidir en qué lugar se sitúa”, tras un 2025 donde se ha visto patente la reducción de los compromisos ambientales. Asimismo, reclama a la Unión “una gran coalición para extender la energía solar por todo el mundo, especialmente en los países más pobres”.
La experta Esther Izquierdo considera que «vivimos en la incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar, y tenemos que ir dando pasos asumiéndolo». Así, ve fundamental «las colaboraciones, tanto público-privadas como las colaboraciones entre la administración, los centros de investigación, los centros tecnológicos, las universidades, las empresas privadas…».
La cooperativa energética Solabria considera que «la geopolítica está marcando la agenda de los gobiernos, presenciando en directo y de una manera descarada cómo el orden internacional ya no se respeta». Cree que antes lo disimulaban, «pero ahora ya no se cortan en manifestar públicamente que si hay un conflicto, detrás están los recursos energéticos/minerales/agua».
Con el apoyo de:
Con la colaboración de:
MásPúblico sociedad cooperativa. Licencia CC BY-SA 3.0.
Política de privacidadDevoluciones y reembolsosUso de cookies
El Estado español aumenta su dependencia del gas de ‘fracking’ estadounidense.
España incrementa su dependencia del gas estadounidense en 2025, probablemente se convierta en nuestro segundo mayor proveedor.
El gas estadounidense procede mayoritariamente de yacimientos explotados mediante fracking.
La red Gas No Es Solución, de la que forma parte Ecologistas en Acción, presenta un informe sobre el consumo de España de gas fósil estadounidense.
Estados Unidos ha sido el segundo mayor proveedor de gas de España en 2025, con un crecimiento significativo de las importaciones que apunta a cifras récord solo superadas por las de 2022.
Un nuevo informe revela que Estados Unidos se ha consolidado como uno de los principales exportadores de gas al Estado español, situándose en 2024 como el tercer proveedor (16,78 % del total). Con los datos disponibles hasta la fecha, 2025 se consolida como el año con año con las mayores importaciones de la historia de esta fuente, exceptuando 2022. Se acaba con la tendencia de reducción que se observaba en los últimos años y es muy posible que Estados Unidos vuelva a sobrepasar a Rusia, convirtiéndose en el segundo mayor importador este año. El estudio, segunda parte de una serie dedicada a analizar el origen del gas que llega al país, alerta sobre las graves implicaciones climáticas, sociales y de derechos humanos asociadas a esta dependencia.
El informe subraya que la política energética de la administración Trump continúa impulsando la expansión de los combustibles fósiles, bajo una estrategia de extracción masiva “drill, baby, drill” (“taladra, nena, taladra”), orientando su producción hacia la exportación. Por su parte, la Unión Europea (UE) ha asumido compromisos para triplicar la importación de gas estadounidense, condicionada por la política arancelaria del gobierno estadounidense. Según el informe, el Estado español ya se sitúa entre los diez mayores importadores de gas fósil licuado procedente de EE. UU…