Trump ordena retirar a EE. UU. del IPCC, la IPBES, ONU Cambio Climático, la UICN y otros foros globales

El presidente Donald Trump ha arrancado el año con la determinación de ver el mundo arder (en todos los sentidos). Tras bombardear diversos puntos estratégicos de Venezuela, secuestrar a Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, y amenazar con hacerse con Groenlandia, el líder republicano ha firmado este miércoles una orden ejecutiva que establece la retirada inmediata del país de 66 organizaciones, convenciones y tratados internacionales, muchos de ellos climáticos, medioambientales y energéticos.

Del total, 31 son entidades de la ONU y 35 son externas (aunque muchas están vinculadas a Naciones Unidas). La decisión la ha tomado, según un comunicado difundido por la Casa Blanca, después de examinar un informe del secretario de Estado, Marco Rubio, y se justifica bajo el –usado habitualmente– argumento de proteger los «intereses nacionales».

Retirarse de estos estos foros y organismos no solo supone dejar de participar en las decisiones y acatar lo que se pacte, sino que también implica dejar de financiar.

Salida de ONU Cambio Climático y del Acuerdo de París

El punto más crítico de la orden en materia climática es la retirada de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC, también conocido como ONU Cambio Climático). Este tratado, ratificado por EE. UU. en 1992, es el marco legal bajo el cual se celebran las Cumbres del Clima (COP).

Aunque Trump ya había anunciado que sacaría a EE. UU. por segunda vez del Acuerdo de París, al abandonar la Convención, el país quedará fuera del pacto, ya que este último es un instrumento dependiente de dicha Convención. Esta medida supone un paso más allá respecto a la retirada de su anterior legislatura, ya que la salida de la CMNUCC acelera el proceso de desvinculación legal de los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Ruptura con la ciencia y la cooperación ambiental

La orden ejecutiva también ordena el cese de la participación y el financiamiento en organismos científicos y de conservación mundiales y regionales como el IPCC, el mayor panel de especialistas a nivel mundial sobre cambio climático; la IPBES, el panel científico más importante del mundo en materia de biodiversidad; la UICN, encargada de elaborar las listas de especies en peligro de extinción; el Programa Regional de Medio Ambiente del Pacífico (SPREP), encargado de la gestión de ecosistemas marinos y biodiversidad en dicha región; la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), organismo que supervisa las políticas ambientales vinculadas al tratado de libre comercio con México y Canadá, o el Programa de Colaboración de las Naciones Unidas para la Reducción de las Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación Forestal (Programa ONU-REDD).

Impacto en la política energética

En materia de energía, el Gobierno estadounidense abandona organismos tan importantes como IRENA (la Agencia Internacional de Energías Renovables), así como la Alianza Solar Internacional, el Foro Internacional de Energía (IEF), la REN21 (Renewable Energy Policy Network for the 21st Century), el Compacto de Energía Libre de Carbono 24/7 (24/7 Carbon-Free Energy Compact). Este último es un acuerdo global impulsado para descarbonizar los sistemas eléctricos mediante el uso de energías renovables y tecnologías limpias de manera ininterrumpida.

La Casa Blanca ha justificado estas decisiones alegando que la permanencia en estos organismos supone una «carga regulatoria y financiera» que limita el desarrollo de la industria energética nacional y la soberanía del país.

También se ha ordenado la salida de las secciones de energía, océanos y agua de Naciones Unidas.

Procedimiento y plazos

Según el texto de la orden, el Departamento de Estado y las agencias pertinentes deben iniciar el proceso de notificación de salida a cada organismo de manera inmediata. Aunque algunos tratados tienen periodos de preaviso de un año, la orden instruye a los departamentos para que «cesen toda actividad, financiamiento y participación» en la medida en que las leyes actuales lo permitan.