La CNMC multa a Repsol con 20,5 millones y le prohíbe participar seis meses en contratos públicos por abusar de su posición de dominio

Competencia sanciona la estrategia de la petrolera de subir precios en el mercado mayorista mientras se aplicaban fuertes rebajas en la red propia durante el alza del precio de los carburantes por la guerra Rusia-Ucrania en 2022. Repsol califica la resolución de "arbitraria" y anuncia que recurrirá ante la justicia.
La CNMC multa a Repsol con 20,5 millones y le prohíbe participar seis meses en contratos públicos por abusar de su posición de dominio
Foto: Repsol/Flickr.

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una sanción de 20,5 millones de euros al Grupo Repsol. El regulador español considera probado que la compañía energética abusó de su posición de dominio en el mercado mayorista de carburantes durante el año 2022, llevando a cabo una estrategia de «estrechamiento de márgenes» destinada a obstaculizar la actividad de sus competidores, principalmente las estaciones de servicio independientes y de bajo coste (low cost). Además de la multa económica, la resolución incluye la prohibición de participar en licitaciones públicas para el suministro de combustibles durante un periodo de seis meses.

El conflicto se remonta a los meses más duros de la crisis energética derivada de la invasión rusa en Ucrania. Según el expediente de la CNMC, entre abril y diciembre de 2022, Repsol desplegó una doble estrategia comercial. Por un lado, incrementó el precio mayorista al que vendía el combustible a las gasolineras independientes (sus clientes en el mercado mayorista y rivales en el minorista). Por otro lado, aplicó agresivos descuentos adicionales en su propia red de estaciones de servicio, dirigidos especialmente a clientes profesionales y transportistas.

Para Competencia, esta maniobra provocó una asfixia financiera a sus rivales. Las gasolineras independientes, que dependen del suministro mayorista de Repsol, vieron cómo sus márgenes de beneficio se reducían drásticamente, impidiéndoles competir en igualdad de condiciones con los precios finales que ofrecía la petrolera. La CNMC califica la conducta de «especialmente grave», dado que afectó a operadores que suelen dinamizar el mercado con precios más bajos, situados a menudo en zonas estratégicas para el transporte por carretera.

La sanción recae sobre varias filiales del grupo: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos (actual Repsol Soluciones Energéticas), Solred y Campsa Estaciones de Servicio, siendo responsables solidarias sus matrices. 

A la multa económica se suma la prohibición de contratar con la Administración. Durante medio año, Repsol no podrá presentarse a concursos públicos para el suministro de gasóleo A.

Repsol considera que es «una resolución arbitraria»

La respuesta de la compañía presidida por Antonio Brufau no se ha hecho esperar. En un comunicado emitido poco después de conocerse la resolución, Repsol rechaza «de forma tajante» la sanción y confirma que impugnará la decisión ante la jurisdicción contencioso-administrativa, mostrándose convencida de que los tribunales le darán la razón.

La petrolera califica la resolución de la CNMC de «arbitraria» y sostiene que se apoya en un «relato parcial y descontextualizado» con «errores de método y de derecho». Repsol argumenta que se trata de un caso inédito: «Es la primera vez en la historia del derecho de la competencia […] que la CNMC sanciona a una compañía por aplicar descuentos». La empresa cifra estas rebajas en más de 450 millones de euros y recuerda que fueron medidas «comunicadas públicamente y supervisadas por la propia Administración» para aliviar la situación económica de familias y profesionales.

«Sancionar una conducta legal y supervisada desnaturaliza el sentido de la norma y desincentivará respuestas empresariales responsables ante crisis futuras», advierte la compañía en su nota de prensa.

Guerra de cifras y cuotas de mercado

La compañía acusa al regulador de «inflar artificialmente la cuota de mercado» mezclando distintos productos y clientes. Según sus cálculos, si se considera el segmento correcto, su cuota se situó en torno al 25% en 2022, una cifra por debajo del umbral habitual para determinar dominio.

Asimismo, Repsol niega que su política comercial tuviera un efecto excluyente. Aseguran que los competidores citados en el expediente —Andamur, Arria y AS24— no solo no fueron expulsados, sino que «aumentaron sus ventas y resultados en el periodo» y operaron con márgenes positivos. En este sentido, la energética sugiere que la CNMC parece estar «más preocupada por los resultados de esos competidores que por los ahorros» que sus descuentos supusieron para los clientes.

Finalmente, Repsol califica de «sorprendente» que la resolución ignore el contexto real del mercado. La compañía critica que el expediente no haga «ninguna referencia al fraude», a pesar de las denuncias presentadas por la propia Repsol sobre el incumplimiento masivo de obligaciones fiscales y regulatorias en la distribución mayorista. A juicio de la energética, ni siquiera la radiografía del sector que hace la CNMC es correcta, recordando que el 45% de las gasolineras en España ya son independientes, lo que contradice la supuesta dificultad para competir.

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