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Los edificios consumen alrededor del 40 % de la energía mundial y son responsables de aproximadamente el 30 % de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Este reto está siendo abordado por la Unión Europea a través de normativas que impulsan cambios en las viviendas de los países miembros para combatir el cambio climático.
El Gobierno español está realizando un esfuerzo considerable en materia de rehabilitación energética, estableciendo una legislación específica para el sector de la edificación. Documentos como el Certificado de Eficiencia Energética y el Documento Básico de Ahorro de Energía han adquirido una relevancia crucial en este nuevo marco legal.
Sin embargo, no podemos compararnos con el resto de países europeos. La rehabilitación de edificios en España es del 0,8%, frente al 1,75 % en Francia, 1,82 % en Austria o 1,49 % en Alemania.
Además, en España muchas viviendas fueron construidas hace décadas sin tener en cuenta criterios de eficiencia energética, lo que se traduce en problemas de habitabilidad. Ello repercute indudablemente en la calidad de vida de la ciudadanía y en su bienestar social.
Hoy en día, hacer que nuestros edificios se adapten a la normativa no es una opción: es una necesidad y un imperativo legal.
En el ámbito económico, las administraciones públicas han diseñado planes y programas que ofrecen respaldo financiero, incluyendo subvenciones para la implementación de proyectos de eficiencia energética.
Además, para lograr la sostenibilidad y el ahorro energético, es fundamental que los residentes se involucren activamente en los cambios y mejoras de su edificio. Esto significa que la ciudadanía y las administraciones públicas deben colaborar estrechamente.
En este proceso, surgen preguntas clave. ¿Quién financiará estas iniciativas? ¿Quién se encargará de gestionar las ayudas públicas para la eficiencia energética? ¿Quién administrará los proyectos de ahorro energético? ¿Por qué es necesario solicitar el certificado de eficiencia energética del edificio que se va a rehabilitar? ¿Quién asumirá los costes de mejorar instalaciones térmicas como la calefacción, ventilación e iluminación?
Según un estudio realizado en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, las cooperativas de vivienda pueden ser la respuesta.
Estas organizaciones destacan como una excelente opción para promover el ahorro energético en el marco de un desarrollo urbano sostenible, aprovechando sus valores de equidad, igualdad, solidaridad y transparencia. Todo esto no solo logra mejorar significativamente la calidad de vida de la ciudadanía, también fortalece la cohesión social dentro de nuestras comunidades.
Las cooperativas de viviendas pueden encargarse de aspectos burocráticos, administrativos, económicos y técnicos relacionados con la gestión y el control de los proyectos de eficiencia energética.
En este contexto, los vecinos, a través de estas asociaciones, tienen un mayor control y seguridad al realizar la mejora de su hogar. Pueden compartir conocimientos e información entre ellos y acceder a más oportunidades de financiación pública.
De hecho, se han suscrito convenios entre cooperativas y entidades públicas que muestran un éxito del 90% en la gestión de los procedimientos administrativos y han asegurado la financiación pública de alrededor de tres millones de euros para proyectos de mejora de edificios.
En definitiva, nos enfrentamos a un desafío que requiere la colaboración de todos: autoridades públicas, ciudadanos y cooperativas de vivienda.
Trabajando juntos, podemos hacer realidad la rehabilitación energética de nuestros hogares y contribuir a la cohesión social, económica y territorial, a la vez que colaboramos colectivamente para mitigar el impacto del cambio climático.
Carmen Esther Falcón-Pérez, Profesora Titular de Universidad de Economía Financiera y Contabilidad, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
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