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Else Beekman
Este reportaje forma parte del proyecto internacional Is Europe Running Out of Drinking Water?, financiado por Journalismfund Europe.
Bajo un calor abrasador, nos encontramos a las afueras del pueblo de Pozoblanco, en el norte de la provincia de Córdoba, junto a una balsa llena de una masa maloliente de color marrón verdoso. «Esto va directamente al río Guadarramilla, que desemboca en el embalse de La Colada, nuestra fuente de reserva de agua potable», dice Miguel Aparicio, coordinador de la plataforma Unidos por el Agua. A sus espaldas, las explotaciones ganaderas y alguna macrogranja dominan el paisaje ondulado que rodea Pozoblanco. «Aquí llevan años vertiendo estiércol puro, todo el mundo lo sabe y nadie hace nada», afirma Aparicio.
Ese mismo día por la tarde, Juan Díaz, alcalde del pequeño municipio de El Viso, nos lleva hasta lo que un día fue su orgullo: una zona recreativa junto al embalse de La Colada, la reserva de agua potable de toda la Zona Norte, formada por las comarcas de Los Pedroches y el Valle del Guadiato. Al llegar a Playa El Viso, dejamos el coche en un enorme aparcamiento donde, en este caluroso día de julio, solo hay otros dos vehículos. «El agua está demasiado contaminada para bañarse, y no es la primera vez», explica Díaz mientras pasamos junto a un cartel de advertencia que indica lo mismo. Para poder ofrecer al menos una alternativa a sus vecinos, mandó construir allí una piscina y un flamante campo de fútbol playa. Pero no hay rastro del animado bullicio que cabría esperar en pleno verano español en una zona recreativa junto al embalse. El lugar está completamente desierto. «El embalse está al 90% de su capacidad, pero no podemos hacer nada con él», afirma Díaz.
Hace tres años, la contaminación de este embalse provocó una crisis de agua potable de una magnitud sin precedentes en la Zona Norte. El embalse habitual para el suministro de agua potable, Sierra Boyera, se secó, por lo que se construyó a toda prisa una conexión de emergencia para trasvasar agua desde la fuente de reserva, La Colada, hasta la planta potabilizadora de Sierra Boyera. Al cabo de un mes, el agua que salía de los grifos resultó estar tan contaminada que la Junta de Andalucía la declaró no apta para el consumo el 17 de abril de 2023. La planta potabilizadora de Sierra Boyera no era capaz de convertir el agua contaminada en agua potable. A los 80.000 habitantes de la Zona Norte les esperaba un año de molestias e incertidumbre.
«Estaba embarazada y, sin saberlo, durante un mes puse en peligro tanto mi salud como la de mi hijo aún no nacido», cuenta Elena, vecina de Pozoblanco y activista desde el primer momento. El vídeo que difundió más tarde, en el que aparecía su bebé en una bañera llena de agua de color marrón chocolate, se hizo viral. «Llegó un momento en que hacía varias entrevistas al día». A pesar de toda la atención mediática y de las protestas de Unidos por el Agua, la solución seguía sin llegar. Para obtener agua potable, la población continuó dependiendo de camiones cisterna o de agua embotellada comprada en el supermercado. «Durante un año nos duchamos con los ojos y la boca cerrados», dice Elena. Según ella, algunas personas sufrieron durante ese periodo problemas de salud y erupciones cutáneas, aunque no quieren hablar de ello en los medios debido a que trabajan en explotaciones ganaderas. También los empresarios de la zona, como panaderos y empresas cárnicas, tuvieron problemas. No solo para elaborar sus productos, sino también para realizar las tareas de limpieza.
Después de ocho meses con agua marrón y maloliente saliendo del grifo, la desesperación ante la pasividad de las autoridades y la ausencia de una solución llegó a tal punto que Aparicio inició una huelga de hambre junto a otras tres personas. «Solo cuando, cinco días después, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, vino a vernos y nos prometió personalmente una reunión con todas las administraciones competentes, volvimos a comer», cuenta. Aquella reunión fracasó. «Las principales partes implicadas, como la Junta y la Diputación, no acudieron», afirma Aparicio. Acudieron únicamente Samuel Moraleda, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), además de representantes de algunos municipios y miembros de la propia plataforma. «Las partes no hablan entre sí, los intereses económicos de la industria láctea son demasiado grandes y nuestra zona rural no es una prioridad», añade. Cuando, unos meses después, las lluvias volvieron a llenar el embalse habitual de abastecimiento, Sierra Boyera, la crisis del agua desapareció de la agenda.
Ahora, tres años después, Unidos por el Agua sigue luchando por una solución estructural que permita atajar la contaminación de la reserva de agua destinada al abastecimiento, para evitar que la región vuelva a quedarse sin agua potable durante la próxima sequía. «Aquí tuvimos en su día la mejor agua de Andalucía. Todo viene de las montañas», dice Aparicio. «Ahora solo el 15% de los habitantes bebe agua del grifo, mientras que antes de la crisis lo hacía el 60%, y nuestros principales ríos y masas de agua están contaminados». La encuesta a la que se refiere –realizada por un equipo de investigación de la Universidad Complutense de Madrid, en el marco del proyecto europeo I-CISK– también muestra que el consumo de agua embotellada ha pasado del 25% antes de 2023 a más del 72% en la actualidad. «La gente ya no confía en el agua del grifo».
El norte de Córdoba alberga la principal zona ganadera de Andalucía. Se estima que la cabaña ganadera de esta región asciende a entre 750.000 y 800.000 animales. Mientras recorremos las carreteras de Los Pedroches hacia nuestro siguiente destino, vemos dehesas amarillentas, con sus pastizales ondulados y sus encinas y alcornoques dispersos. El paisaje refleja la sequedad habitual del verano en el interior de Andalucía. Tradicionalmente, las dehesas se utilizaban para la ganadería extensiva. Ahora se alternan con enormes naves que albergan cientos de vacas y grandes explotaciones porcinas. Y cada vez hay más. Junto con el aumento de las sequías provocado por el cambio climático, esta transformación está alterando el paisaje rural y el modelo ganadero tradicional.
El embalse de La Colada fue construido en los años noventa como reserva de emergencia para el abastecimiento de agua potable de la región rural española de Los Pedroches y también debía complementar el suministro de la vecina comarca de Almadén, en la provincia de Ciudad Real. Su actual estado de contaminación difícilmente puede considerarse una sorpresa: ya en 2008, la Junta de Andalucía declaró la cuenca de La Colada zona vulnerable a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias. En 2011, la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) afirmó que el agua contaminada por las explotaciones ganaderas no debía llegar al embalse. Con ese objetivo se proyectó entonces también un bypass, pero nunca llegó a construirse.
La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) afirma haber haber incoado 91 procedimientos sancionadores desde 2018 por vertidos contaminantes en la cuenca de La Colada. De ellos, 80 se han clasificado como infracciones leves, 8 como menos graves y 3 como graves. Esta última categoría corresponde generalmente a vertidos procedentes de núcleos urbanos.
El organismo también reconoce que el estado general de las aguas de La Colada no es bueno desde 2012. Más concretamente, su estado ecológico se mantiene por debajo de la categoría de «bueno» desde ese año, con calificaciones que oscilan entre «deficiente» y «malo». Asimismo, la CHG sostiene que la contaminación debe abordarse principalmente en su origen. Sin embargo, la autoridad hidráulica no nos ha facilitado información adicional sobre el resultado de los procedimientos sancionadores, pese a nuestras reiteradas preguntas.
El activista Juan José Rodríguez Jurado lleva años siguiendo el estado de las masas de agua en torno a La Colada, entre otros, como voluntario de Greenpeace España, a través del sistema SIRA Guadiana de la CHG. Presta especial atención al sensor instalado en el río Guadarramilla antes de su desembocadura en el embalse de La Colada. «Los niveles de fosfatos y amonio siguen estando muy por encima de los máximos permitidos legalmente», confirma. Las altas concentraciones de estos nutrientes pueden indicar, entre otras cosas, contaminación por purines o aguas residuales. «Esta agua va directamente a La Colada sin ningún tipo de tratamiento». Basándose en años de mediciones, que desde principios de 2026 muestran valores críticos –muchos incluso quedan fuera del rango de medición del sensor–, Rodríguez subraya que claramente no se trata de un episodio puntual de contaminación. «Yo considero esto un delito medioambiental», afirma.
Mientras tanto, la lucha contra la contaminación sigue centrándose, hasta ahora sin éxito, en mejorar la depuración de las aguas residuales y en tratar de potabilizar el agua una vez contaminada. Sigue sin abordarse la contaminación en su origen. Basándose en permisos y otros documentos oficiales, Rodríguez muestra que, tres años después de la crisis, la ganadería intensiva dentro de la cuenca continúa expandiéndose. Una expansión que cuenta con el apoyo explícito del Gobierno autonómico de coalición del PP y Vox en el nuevo acuerdo de gobierno que ambas formaciones cerraron en julio.
Está claro que las normas andaluzas sobre el almacenamiento y uso de purines, como el programa de actuación contra la contaminación por nitratos de 2015, endurecido en 2020, no siempre se cumplen. No solo lo comprobamos en el campo cerca de Pozoblanco y junto al contaminado embalse de La Colada, sino que también existen numerosas imágenes de vertidos de purines en arroyos que desembocan en La Colada. En respuesta a nuestras preguntas, la CHG señala expresamente al Gobierno autonómico: «Corresponde a la Junta de Andalucía hacer cumplir el programa de actuación para las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos». Pero el Gobierno andaluz guarda silencio pese a las reiteradas quejas, denuncias por contaminación y preguntas planteadas, entre otros, por Rodríguez y Aparicio. Tampoco ha contestado a las preguntas planteadas para este reportaje.
Aparicio muestra un vídeo, grabado a finales de abril, de un vertido espumoso procedente de la EDAR de Pozoblanco, que vierte directamente al Guadarramilla. Ya durante la crisis del agua de 2023 se sabía que esta instalación no funcionaba adecuadamente. Según nuevos análisis, las tres estaciones depuradoras de la provincia de Córdoba que incumplen los límites legales de vertido se encuentran en la Zona Norte: Pozoblanco, El Viso/Villaralto en Alcaracejos/Villanueva del Duque. Las obras de renovación del EDAR Pozoblanco todavía no han concluido, en la que la Junta ha invertido 6,3 millones de euros. La CHG ha constatado, durante sus propias inspecciones recientes sobre el terreno, que se cumplen los valores límite de emisión. Además, la CHG ha insistido reiteradamente en que la parte de la depuradora que ya está en funcionamiento alcance el mayor rendimiento de depuración posible, a pesar de que las obras de ampliación aún no han finalizado.
Aunque el Estado español es el responsable último del cumplimiento de la normativa europea sobre el agua, su gestión se reparte entre numerosas administraciones con competencias diferentes. En la Zona Norte, la cuenca de La Colada está bajo la gestión de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tiene competencias sobre el embalse de Sierra Boyera. La Junta de Andalucía, a través de las consejerías de Medio Ambiente y Agricultura, es responsable, entre otras cuestiones, de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, de las normas relativas a la agricultura y la ganadería, de las autorizaciones ambientales y de la renovación de la estación depuradora de aguas residuales de Pozoblanco. La Diputación de Córdoba y su empresa de aguas, Emproacsa, se encargan del abastecimiento de agua potable, del tratamiento del agua y de los suministros de emergencia, mientras que los ayuntamientos tienen competencias en materia de alcantarillado, tarifas del agua y comunicación con los vecinos.
Así, el organismo que controla las explotaciones ganaderas no es el mismo que se ocupa de las aguas residuales; el organismo que supervisa la calidad del agua del embalse no es el mismo que suministra el agua del grifo; y el organismo que financia y construye una nueva conducción no puede garantizar que el agua que circule por ella sea también apta para el consumo.
La Directiva europea sobre agua potable (2020/2184) establece que los Estados miembro deben identificar y gestionar los riesgos para la calidad del agua potable a lo largo de toda la cadena y que tienen la responsabilidad última de hacerlo. También exige una distribución clara de las responsabilidades entre las partes implicadas. En 2025, la Comisión Europea inició un procedimiento de infracción contra España por una transposición deficiente de esta directiva. Una de las tres deficiencias señaladas fue la ausencia de disposiciones específicas para la evaluación obligatoria de riesgos de los sistemas de abastecimiento de agua potable.
El propio MITECO reconoció los problemas de una gestión fragmentada del agua en el Libro Verde de la Gobernanza del Agua en España, publicado en 2020. El documento señala que «son claras las graves dificultades históricas para la coordinación y colaboración inter e intra-administrativa» y apunta también a deficiencias en el intercambio de información y en la coordinación entre la política del agua y otras políticas sectoriales. Seis años después, ese diagnóstico sigue plenamente vigente. A nuestras preguntas sobre qué ha hecho el ministerio desde entonces para abordar estos problemas no obtuvimos respuesta, pese a haberlo solicitado en repetidas ocasiones.
La CHG responde que considera como solución estructural «un enfoque integral en el que todas las administraciones y organismos implicados coordinen sus respectivas responsabilidades para trabajar conjuntamente en la protección de las fuentes de agua».
La fragmentación sí ha empezado a plantearse ahora en el ámbito político. En septiembre de 2026, dos parlamentarios españoles formularon preguntas sobre la persistente contaminación en torno a La Colada y la ausencia de medidas eficaces. La Diputación de Córdoba ya había aprobado en julio de 2026 una propuesta del partido Izquierda Unida para adoptar un enfoque conjunto entre todas las administraciones implicadas. En septiembre, el partido volvió a reclamar que se llevara a la práctica.
Para los habitantes de la Zona Norte, la pugna administrativa resulta prácticamente imposible de seguir. Ellos solo ven su grifo y lo que sale –o no sale– de él, y que su fuente de reserva de agua potable sigue sin poder utilizarse.
Mientras las administraciones siguen sin ponerse de acuerdo, la factura no deja de crecer. La solución de emergencia para volver a abastecer de agua potable a la Zona Norte en 2023 ya costó 5,8 millones de euros. Para nuevas infraestructuras se han presupuestado otros 15 millones de euros, además de 4 millones para mejorar la potabilización del agua en Sierra Boyera. Según Aparicio, las nuevas infraestructuras de la Junta y la Diputación son «completamente innecesarias», porque la infraestructura de emergencia ya hace exactamente lo mismo. «Todos esos millones estarían mejor invertidos en prevenir la contaminación y en una planta potabilizadora de última generación en Sierra Boyera», sostiene.
Pero, ¿quién acaba pagando la factura del agua contaminada? La Directiva Marco del Agua de la Unión Europea establece como principio general que «quien contamina paga». Se aplica al agua en general y, en particular, al suministro de agua potable. Además, los servicios del agua deben tener en cuenta la recuperación de sus costes, incluidos los costes medioambientales derivados de la contaminación. Según la asociación española de empresas de agua potable DAQUAS, España no cumple este último principio. Para cubrir el déficit anual de inversión de 4.400 millones de euros, las tarifas del agua deberían duplicarse, según la asociación. La tarifa media española se sitúa actualmente en 2,23 euros por metro cúbico, un 43% por debajo de la media europea.
Marleen van Rijswick, catedrática de Derecho de Aguas Europeo y Nacional, explica que el principio de «quien contamina paga» parte de la premisa de que se conoce la identidad del contaminador. Sin embargo, cuando existen varias fuentes de contaminación, como ocurre en la Zona Norte, no siempre resulta fácil determinar quién es responsable. Algo que, según ella, constituye un problema conocido. «Sería más conveniente y justo establecer porcentajes por sector, por ejemplo, agricultura/ganadería y alcantarillado, y repartir los costes dentro de cada sector, en lugar de hacer recaer la factura sobre los ciudadanos. Pero para ello hace falta voluntad política. Sería el mismo enfoque que el de la Directiva sobre Nitratos: no toda la contaminación por nitratos procede de la agricultura, pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que esto no es necesario para aplicar los requisitos de la Directiva sobre Nitratos al sector agrícola como uno de los principales contaminadores». La respuesta a la crisis del agua en la Zona Norte deja claro que esa voluntad política no existe.
También en otras partes de España, la contaminación ejerce una fuerte presión sobre la calidad del agua. Desde 2003, los municipios y las empresas de abastecimiento de agua están obligados a registrar los datos relativos al agua potable en SINAC, el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo del Ministerio de Sanidad español. Las autoridades sanitarias autonómicas deben supervisar que los datos de las mediciones se faciliten correctamente. Un análisis de los datos de SINAC realizado por el medio de investigación Datadista muestra que, en octubre de 2026, 183 municipios superan el límite legal de nitratos. Otros 1.115 municipios se encuentran en niveles críticos y en 428 municipios faltan mediciones de nitratos. En total, esta situación afecta a casi 2 millones de personas. El mapa interactivo muestra que los problemas de nitratos en el agua potable no se limitan a unos pocos focos, sino que están extendidos por amplias zonas de España y se concentran especialmente en las áreas rurales.
Greenpeace España intenta ahora cubrir las lagunas existentes en los datos oficiales. Voluntarios, entre ellos Juan Rodríguez, realizan mediciones en 204 municipios donde desde hace al menos diez años no constan datos sobre los niveles de nitratos en el agua potable. Todos ellos se encuentran sobre masas de agua subterránea clasificadas como contaminadas por nitratos en el marco de la Directiva Marco del Agua, según los planes hidrológicos españoles para 2022-2027. No obstante, Greenpeace subraya expresamente que el hecho de que un municipio se encuentre sobre una masa de agua subterránea contaminada de este tipo no significa que el agua potable local proceda efectivamente de esa masa de agua subterránea. Precisamente por eso van a analizar allí el agua potable.
Ya en 2020, el Tribunal de Cuentas español constató que en SINAC faltaban datos o que estos se proporcionaban con retraso, y que el ministerio no controlaba suficientemente si la información era correcta y estaba actualizada. En 2024 se volvió a instar al ministerio a garantizar que todos los municipios quedaran incluidos en el sistema.
En la Zona Norte, el silencio persiste por todas partes. Tampoco los esfuerzos del alcalde de El Viso, Juan Díaz, dan resultado alguno. Cuando le pedimos que nos ponga al día, responde: «No me hacen ni puta caso». Rodríguez, por su parte, no está dispuesto a dejarlo pasar y ha vuelto a informar de los «valores extremadamente altos» a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, ha presentado una denuncia ante el SEPRONA y otra ante la sección de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado. «Ahora les toca a ellos actuar. No tengo muchas esperanzas», afirma.
En última instancia, España, como Estado miembro, es responsable del cumplimiento de la normativa europea en materia de aguas, independientemente de cómo estén distribuidas internamente las competencias. «Las obligaciones derivadas del Derecho de la UE recaen sobre el Estado miembro», afirma Marleen van Rijswick. «Los problemas internos no justifican el incumplimiento ni la falta de aplicación efectiva del Derecho de la UE». La Comisión Europea supervisa su cumplimiento, pero, según Van Rijswick, también los tribunales nacionales pueden obligar a las administraciones a actuar.
Eso fue lo que ocurrió en As Conchas, en Galicia, donde en julio de 2025 un juez dictó que el Gobierno autonómico y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil habían vulnerado los derechos fundamentales de los vecinos al no actuar durante años contra la contaminación. La sentencia adquirió firmeza en febrero de 2026. Aun así, la contaminación continuó y, en septiembre de 2026, los vecinos solicitaron al juez que obligara a ejecutar la sentencia.
Para Aparicio y los demás habitantes de la Zona Norte, esa sentencia supone una esperanza, pero, en lugar de pasar años litigando, preferirían que las administraciones responsables abordaran por fin la contaminación en su origen. Porque la próxima sequía es solo cuestión de tiempo. Si Sierra Boyera vuelve a quedarse sin agua, La Colada podría ser necesaria de nuevo para abastecer de agua potable a decenas de miles de habitantes. La pregunta entonces no será solo si habrá agua suficiente, sino si estará lo bastante limpia para beberla.
Este reportaje forma parte del proyecto internacional Is Europe Running Out of Drinking Water?, financiado por Journalismfund Europe.
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