La lucha legal contra los centros de datos: «Vienen a llevarse todo el esfuerzo ambiental que hemos hecho como país»

Hasta ahora, los centros de datos –infraestructuras clave de las economías digitales– han gozado de una alfombra roja a nivel político, tanto en Europa como en España. La mayoría de las administraciones han otorgado todo tipo de facilidades para su construcción y puesta en marcha. Con la irrupción de la Inteligencia Artificial, los proyectos se han multiplicado y crecido de tamaño –megacentros de datos–, amenazando recursos vitales para la población como el agua y la energía. 

Ante este desenfrenado apetito inversor, que involucra a las grandes tecnológicas pero también a fondos de inversión y empresas energéticas y de la construcción, el poder político está ahora intentando recoger y doblar esta larga alfombra roja. A nivel continental, la Comisión Europea ultima un reglamento para, justamente, evitar que estas inmensas naves ejerzan una presión adicional sobre las redes eléctricas y el uso de recursos naturales, además de aumentar las emisiones de carbono, responsables del calentamiento global. En España, el Gobierno busca aprobar en el Congreso un decreto para que los centros de datos sean “sostenibles, eficientes y soberanos”.

En paralelo a esta tardía reacción política, los centros de datos empiezan a enfrentarse con la resistencia social –cada vez más territorios se oponen a convivir con estas infraestructuras– y con la impugnación judicial. Estos recursos contenciosos buscan, por un lado, probar las irregularidades administrativas, y por el otro, los altos impactos ambientales de su despliegue desenfrenado y desregulado.

En España ya hay dos litigios abiertos. Uno en Aragón contra los planes de Amazon y otro en Extremadura contra el megaproyecto de la firma Merlin Edged –creada por la inmobiliaria española MERLIN Properties y la empresa estadounidense Edged Energy–, que pretende construir el centro de datos más grande proyectado en España y en el sur de Europa.

Climática ha charlado con Jaime Doreste, coordinador del Área Jurídica de Ecologistas en Acción y abogado que está llevando el expediente de Extremadura, y con Manuel García, investigador predoctoral en el CSIC y la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), integrante del área de centros de datos de esta organización ecologista, para conocer qué está pasando en los tribunales.

¿Por qué se está empezando a judicializar la avalancha inversora de centros de datos?

M.G: Los primeros centros de datos se proyectaron en España en 2019 y se empezaron a construir en 2022. Eran centros de datos pequeños, sin ningún conflicto real. Pero años más tarde, aparecieron proyectos de otra escala, mucho más grandes. El de Amazon en Aragón es un ejemplo. Esta empresa multinacional amplió su región en 2024 con un proyecto de cinco grandes centros. Apareció, entonces, la conflictividad. Como respuesta, un grupo de organizaciones presentó, primero, alegaciones. Y más tarde decidieron presentar una demanda. Hay que tener en cuenta que los centros de datos en Aragón salieron adelante en cuatro aprobaciones parciales. Es decir, en trozos, sin necesidad de una aprobación del proyecto en general. 

J.D: Desde el punto de vista ambiental y procedimental es un gran despropósito. Se pierde la perspectiva global. Pero como el regulador lo permite, la empresa aprovecha y trocea su proyecto para agilizar la tramitación burocrática y acelerar el inicio de las obras. A río revuelto, ganancia de los pescadores. Y quien pesca, en este caso, es nada menos que un gigante como Amazon.

¿Qué dificultades están encontrando en las demandas? 

M.G: La primera es la indefensión jurídica por la cantidad de proyectos y de documentos presentados. En el caso de Amazon en Aragón, hay un total de 70 publicaciones en el BOE. Los abogados se han encontrado ante una cantidad de documentación inédita. Estamos hablando de más de 25.000 páginas. Esto genera muchísima confusión y dificultades. Así y todo, han logrado avanzar en un juicio pionero y estratégico. La intención es poner toda la carne en el asador para sentar jurisprudencia. Hay que tener en cuenta que entre el momento en el que se publicó la información de Amazon (diciembre de 2024) y cuando se hizo la aprobación inicial (septiembre de 2025) se aprobaron, sólo en ese lapso, otros ocho proyectos de centros de datos. El desafío que tienen por delante es no pensar cada juicio como una identidad separada, sino pensar la impugnación como colectiva.

J.D: Lo importante es que estamos abriendo un nuevo camino. Así como en su día tuvimos que aprender sobre megaproyectos de parques eólicos o macrogranjas, ahora estamos aprendiendo sobre centros de datos de hiperescala. La tarea no es sencilla, pero es necesaria. Porque esto tiene que quedar claro: los centros de datos vienen a llevarse todo el esfuerzo que hemos hecho como país a nivel ambiental, territorial y paisajístico. Todos somos usuarios de nuevas tecnologías de la comunicación. El salto global de la IA eleva a la enésima potencia los requisitos energéticos. La regulación es clave.

¿Cuál es el estado del expediente presentado en Aragón?

M.G: Se está redactando la demanda. La cantidad de evidencias es aplastante. La inversión de Amazon en centros de datos en Aragón es la mayor inversión de la historia de España. Un total de 33.000 millones de euros. Algunos centros ya están construidos y otros se están construyendo. Los centros de datos de Aragón suponen multiplicar entre siete y nueve veces el consumo eléctrico de la comunidad autónoma. Nada menos que el 20% del consumo eléctrico de toda España. El éxito máximo sería la paralización de todos los centros de datos. Para eso hace falta una evidencia abrumadora y contundente, que, poco a poco, se está recabando. 

¿Y la denuncia en Extremadura cómo avanza?

J.D: Esto es importante. Los centros de datos no se están instalando solamente en Aragón. También en Extremadura. Son territorios que ofrecen dos de los recursos que más necesitan estas infraestructuras: energía barata, cercanía a plantas de generación renovable y disponibilidad de terreno. En ambos casos, las administraciones públicas han demostrado que no tienen el más mínimo problema en hacer una alfombra administrativa para estos procedimientos. En Aragón se inventaron una figura, la llamaron Planes y Proyectos de Interés General de Aragón (PIGAS). En Extremadura, Proyecto Empresarial de Interés Autonómico (PREMIA). Con el pretexto de un supuesto interés general, han puesto alfombras rojas para que las habilitaciones salgan sin ningún escollo. En Extremadura hay dos centros de datos en marcha y otros dos en proyecto, uno de ellos en Navalmoral de la Mata, el mismo municipio que alberga la central nuclear de Almaraz. Dos son de la firma Merlin Properties y dos de una compañía australiana dedicada a criptomonedas e IA. En los dos que están en marcha –Navalmoral de la Mata y Badajoz– hemos presentado recursos contenciosos. 

¿Hay muchas empresas que estén pujando por quedarse con estos proyectos?

J.D: Esta es la primera gran diferencia respecto a otras grandes inversiones: quiénes son los promotores. Están apareciendo muchos actores ajenos que nunca habíamos tenido como adversarios. Hablamos de fondos de inversión o empresas con muchísima capacidad para movilizar recursos. 

M.G: No solo están las grandes tecnológicas. Hay tres tipos de jugadores en este mercado en España. Las big tech, con Amazon, Meta y Microsoft a la cabeza (Google aún no ha desembarcado); grandes fondos de inversión del sector inmobiliario, como ACS (construyen el cascarón y alquilan el interior), y las compañías energéticas, como Forestalia, por poner un ejemplo.

¿Hay casos de éxitos judiciales en otras partes del mundo?

M.G: La laguna regulatoria frente a los centros de datos tiene nivel internacional. Estamos frente a una industria novedosa que no entra en las categorías de regulación convencionales. Lo cierto es que los centros de datos se han instalado en todo el planeta mediante un método que podríamos llamar «regulación desregulada», una regulación pensada y plasmada para quitar regulaciones. Se permite la expropiación de terreno, la recalificación de suelos, la exención de impuestos… Por eso, la dificultad judicial a la hora de enfrentar a los centros de datos es que hay que crear de la nada vías jurídicas para impugnarlos usando jurisprudencia que no está hecha para estos casos. Requiere de mucho esfuerzo, tenacidad y creatividad.

J.D: Como decíamos antes, estamos abriendo un camino en base a actuaciones en marcha. Vamos a sufrir golpes y, en algunos casos, tendremos éxito. Ahora es la fiebre del oro: ante la desregulación y las alfombras rojas, todos los jugadores que mencionamos antes quieren abrir centros de datos en España. Es un problema porque hay un recurso clave que escasea (el agua) y porque en materia energética todo el enorme esfuerzo de la transición energética para descarbonizarnos puede tirarse a la basura.

¿Por qué?

J.D: Básicamente porque no hay energía verde disponible en la red para satisfacer la necesidad de los centros de datos. Estas infraestructuras van a terminar tirando de ciclos combinados, de más gas y de más nucleares, que al final se terminarán prorrogando todas para alimentar a la IA. Vamos a tirar a la basura todo el esfuerzo de país que, aunque insuficiente, hemos hecho en las transiciones energéticas y ecológicas. Por eso, el intento de regulación del Gobierno es un paso, sabiendo que está muy lejos de ser la regulación ideal. Es una regulación que no nos gusta a los grupos ecologistas, pero aún menos al sector empresarial. 

¿Sois optimistas en lo que respecta a la judicialización? ¿Se puede frenar a los centros de datos en los Tribunales?

M.G: Los pasos que hemos dado son muy importantes. Hay que tener en cuenta que están luchando contra proyectos gigantes que tienen enfrente poblaciones muy pequeñas. Las únicas herramientas de estos ciudadanos están en el Estado, ya sean políticas o jurídicas. Hasta ahora, en Europa, ha primado la vía política, con moratorias en Ámsterdam o Dublín, por poner un ejemplo. Pero a nivel jurídico es muy prematuro todo. Hay que tener paciencia. Lo alentador es que en casi todos los territorios se quiere plantear la vía jurídica. Estoy convencido de que en los próximos dos años vamos a experimentar un crecimiento enorme de las demandas contra centros de datos.