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Eduardo Robaina
El espejismo de una descarbonización acelerada en España parece haberse topado con la realidad estructural del sistema energético y económico. Según el último y recién presentado informe anual del Observatorio de Sostenibilidad (OS), las emisiones de gases de efecto invernadero en España aumentaron al menos un 0,6% durante el año 2025. Este incremento supone un jarro de agua fría para las ambiciones climáticas del país: las emisiones se sitúan apenas un 5,8% por debajo de los niveles de 1990, una cifra muy lejana del recorte del 32% que exige el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para el año 2030.
El principal responsable de este retroceso se encuentra en el sector eléctrico, cuyas emisiones escalaron un 9% respecto al año anterior, alcanzando las 29.479.756 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) equivalente. El informe señala un evento crítico como punto de inflexión: el apagón del 29 de abril de 2025.
Este incidente forzó una gestión eléctrica que terminó beneficiando a los combustibles fósiles. El uso de ciclos combinados de gas fósil se disparó un 26%, emitiendo 3,7 millones de toneladas adicionales. Según el investigador José Santamarta, autor principal del informe, el consumo de gas aumentó un 38% en el sistema peninsular mientras se desperdiciaban enormes cantidades de energía renovable, eólica y fotovoltaica que no pudieron ser integradas adecuadamente por el sistema regulador.
Más allá del sector eléctrico, la movilidad sigue siendo el talón de Aquiles de la descarbonización. El consumo de productos fósiles creció un 1% el año pasado respecto a 2024. Destaca especialmente el aumento de la gasolina (8%), el queroseno (5%) y del gasóleo (3%), este último con un peso estratégico muy superior en el mix del transporte.
El boom turístico ha jugado también un papel determinante. España se acercó a los 100 millones de visitantes, quienes superaron los 126.000 millones de euros en gasto hasta noviembre. Esta presión sobre el transporte y la aviación ha neutralizado avances en otras áreas.
En este sentido, el informe subraya una brecha tecnológica preocupante en comparación con otras potencias: mientras China acelera en su transición hacia la movilidad eléctrica, en España la penetración de estos vehículos sigue siendo ínfima. El modelo actual continúa primando el coche de combustión y el transporte de mercancías por carretera, dejando al ferrocarril con una cuota marginal del 4%.
El repunte de las emisiones en 2025 coincide con un año donde la sociedad española ha sufrido con dureza los efectos del cambio climático. El informe vincula este periodo con olas de calor extremas e incendios forestales que calcinaron 400.000 hectáreas, según datos de Copernicus.
Estas llamas no solo supusieron un desastre ecológico, sino que liberaron a la atmósfera unas 19 millones de toneladas de CO₂, cifra que multiplica por cuatro la media de emisiones por incendios de años anteriores. Si se integraran estas emisiones forestales y las procedentes de los búnkeres internacionales —vuelos y tráfico marítimo actualmente no contabilizados en el sistema oficial—, el balance real de la huella de carbono española resultaría mucho más alarmante.
Esta crisis climática convive con una crisis social latente en el sector residencial, donde la falta de apoyo a la rehabilitación de viviendas y el aumento de los precios han disparado la pobreza energética. España registra actualmente uno de los mayores índices de la Unión Europea en esta materia, mientras el despliegue del autoconsumo en tejados solares se ha desplomado desde 2022, perdiendo una oportunidad clave para abaratar la factura ciudadana con un mínimo impacto ambiental.
Para Fernando Prieto, director del Observatorio de Sostenibilidad, España no está descarbonizando al ritmo necesario, que debería ser del 7% anual. El especialista denuncia políticas públicas contradictorias: mientras se busca reducir emisiones, se promueve el aumento de la aviación por parte de AENA o el transporte por carretera.
El horizonte cercano presenta amenazas adicionales para el balance de emisiones. El OS advierte sobre la instalación masiva de centros de datos, especialmente en regiones como Aragón, donde se prevé que la demanda eléctrica de estos complejos iguale a todo el consumo actual de la comunidad. Sin reformas estructurales que eliminen definitivamente los combustibles fósiles de la ecuación, la presión de estos nuevos grandes consumidores podría perpetuar la dependencia del gas y alejar definitivamente a España de la senda del Acuerdo de París.
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Ecologistas en Acción analiza los problemas de los mercados de carbono y biodiversidad como solución a la crisis climática.
La organización presenta el informe ‘A vueltas con el clima y la biodiversidad: una crítica ecologista’ que cuestiona la eficacia de los mecanismos de mercado frente a la crisis global.
En el informe se señala que el sistema de créditos no valora aspectos como las funciones de los ecosistemas, elementos fundamentales para la trama de la vida.
Ecologistas en Acción propone avanzar sustituyendo los mecanismos de mercado por instrumentos de planificación.
La biodiversidad no debería someterse a la lógica mercantil. El mercado no puede valorar aspectos como las funciones de los ecosistemas, elementos fundamentales para la trama de la vida. La intención última de los créditos de naturaleza es impulsar las compensaciones por la destrucción de la biodiversidad, facilitando el desarrollo de proyectos destructivos.
Si se implementan créditos de naturaleza, resultan imprescindibles: fondos públicos suficientes como prioridad, eliminación de los 34.000-48.000 millones de euros anuales en subsidios dañinos para la biodiversidad en la UE, jerarquía de mitigación (primero evitar, luego minimizar, compensar solo como última opción), que los créditos no sean negociables ni transferibles, y garantías contra el acaparamiento de tierras y privatización de espacios naturales…