El objetivo es hacer frente a la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Gobierno a devolver 1.351 millones a Banco Santander, Caixabank y Bankia.
Denuncian que el Tratado, dedicado a proteger inversiones extranjeras en el ámbito del suministro de energía, impide la transición hacia energías limpias.
El Gobierno incluye en sus Presupuestos una reducción de la bonificación fiscal del diésel. Especialistas y organizaciones consideran la medida positiva, pero insuficiente.
Se trata del primer rescate de una empresa española afectada por la crisis de la COVID-19. Dispondrá de un plazo máximo de seis años para amortizar las ayudas.
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