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Aida Cuenca
Activistas del colectivo Futuro Vegetal vuelven a tener cita en los juzgados. El pasado mes de diciembre, la Policía llevó a cabo una operación que acabó con 22 integrantes detenidos. Esta vez, 21 miembros del movimiento de desobediencia civil tendrán que declarar el 8 de octubre en calidad de investigados por un delito de pertinencia a organización criminal. Lo ha confirmado el propio grupo en una rueda de prensa celebrada este martes en la librería Traficantes de Sueños de Madrid.
«Rídicula». Así han tachado, como en otras ocasiones, los activistas una imputación que, según Futuro Vegetal, no está fundamentada al no darse ninguno de los elementos requeridos ni por el Código Penal ni por la jurisprudencia para que se les considere organización criminal. «Nuestro fin no es la comisión de delitos, mucho menos lucrarnos con ello, ni tenemos una organización jerárquica; somos simplemente un colectivo ecologista que hace todo lo que está en su mano para evitar los peores escenarios climáticos», ha defendido una de las integrantes.
Para el grupo, esta imputación es una acción más en la «escalada represiva en contra de sus protestas», y sostienen que «responde a un interés del Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska». Denuncian, además, la responsabilidad del PSOE y la nula comunicación que Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ha tenido «con la organización ecologista más perseguida del Estado español».
Relatan que la Policía Nacional «ha pasado de detener a activistas y periodistas de forma sistémica en cada una de sus protestas a enmarcarlas dentro del apartado de terrorismo de la Memoria Anual de la Fiscalía General, infiltrar a policías encubiertos en sus filas, acusarlas de organización criminal a, más recientemente, comenzar con lo que denominan ‘represión económica’». Como prueba de esta última estrategia, el colectivo explica que, la semana pasada, una de sus compañeras recibió una notificación de una sanción administrativa de 90.000 euros por la Ley de Seguridad Ciudadana como consecuencia de una protesta en el aeropuerto Madrid-Barajas.
También aseguran haber identificado «al menos dos policías más que se habían intentado infiltrar en el grupo activista, a parte de los que ya se descubrió en su día», cuenta Bilbo Bassaterra a Climática. El portavoz de Futuro Vegetal detalla que «la función que han estado ejerciendo es la de tensionar las relaciones personales entre activistas para hacer que el colectivo fuese lo menos funcional posible», algo que evidencia –dicen– la voluntad de la Policía Nacional de desarticular el movimiento.
A pesar de este nuevo obstáculo, el grupo ecologista ha aseverado que continuarán con su campaña de protestas. También anuncian que han enviado una invitación a todos los grupos parlamentarios para dialogar sobre cómo está funcionando la Policía Nacional en su caso y «proponerles la aprobación de una medida legislativa que despenalice la protesta al tiempo que cierra el grifo de las subvenciones a las industrias altamente contaminantes».
La pugna entre el movimiento y la Justicia empezó cuando la Fiscalía decidió incluir al «ecologismo radical» (en concreto, a Futuro Vegetal y a Extinction Rebellion) en el apartado «Terrorismo» de su Memoria Anual de 2022, algo que más tarde rectificó. En esta línea, para evitar que Extinction Rebellion sufra las mismas consecuencias que su colectivo hermano, Futuro Vegetal ha hecho público un comunicado para dejar claro que son entidades diferentes y evitar que su persecución les salpique.
Más allá de España, hace unos días el movimiento alemán Letzte Generation también ha anunciado que ha sido acusado de «organización criminal». La fiscalía de la ciudad de Neuruppin hace responsables a cinco miembros del colectivo por una docena de «ataques» entre abril de 2022 y mayo de 2023.
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YO tambien soy criminal. Yo apoyo a FUTURO VEGETAL, mi agradecimiento a ellos es inmenso.
Bien se vale el sistema de que la sociedad de hoy está desmovilizada, aletargada, manipulada y desinformada hasta el extremo de que le han hecho creer que el enemigo es el amigo y viceversa.
Las sanciones administrativas seguramente las inviertan en militarización y armamento para las guerras de negocios que nos monta el amo yankee. Porque para el bien común, para lo Público, para aliviar la precariedad de grandes capas de la sociedad, especialmente de la infancia, bien se ve que no van.
Los que conservan y cuidan nuestra casa común son terroristas, los que la destruyen y matan son héroes y patriotas.
Que manera de ir para atrás.
… las organizaciones ecologistas demandan a los partidos políticos tomar 2024 como un punto de inflexión para liderar un Parlamento Europeo que proteja a las personas con políticas enfocadas a resolver las crisis climática, ecológica y social, en lugar de con tanques y gasto militar.
Las principales demandas de estas organizaciones se articulan en tres grandes bloques, Emergencia Climática, Naturaleza y Campo, y Economía y Sociedad.
—Emergencia Climática. Una Unión Europea descarbonizada y adaptada al cambio climático. Un compromiso por una UE climáticamente neutra para 2040, basada en energías 100 % renovables, reducción de emisiones de GEI en al menos un 65 % para 2030 y eliminación gradual de los combustibles fósiles (carbón para 2030, gas fósil para 2035 y petróleo para 2040).
—Naturaleza y Campo. Una Unión Europea que restaura y protege su naturaleza. Se proponen objetivos legalmente vinculantes para proteger el 30 % de la tierra y mares, y proteger estrictamente el 10 % e implementación efectiva del Reglamento de Restauración de la Naturaleza y la Iniciativa de la UE sobre los polinizadores.
Una Unión Europea sostenible desde el campo a la mesa. Transformando el sistema alimentario, y proponiendo una ambiciosa estrategia de sistemas alimentarios sostenibles, incluyendo objetivos cuantitativos y vinculantes y una transición hacia un modelo agroalimentario basado en la agroecología, con al menos un 25 % de producción ecológica para 2030.
Una Unión Europea sin contaminación. Es necesario cumplir antes de 2030 los nuevos límites europeos de calidad del aire y alcanzar los estándares de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS). También se deben determinar objetivos ambiciosos y vinculantes y garantizar las inversiones necesarias para lograr la salud del suelo, con un sólido marco de gobernanza y seguimiento.
—Economía y Sociedad. Una economía europea para proteger a las personas y el planeta. Reemplazando el Pacto de Estabilidad y Crecimiento por un Pacto de Resiliencia y Bienestar, y doblando la inversión pública actual en la transición verde y socialmente justa. Además, con la eliminación gradual de subsidios a combustibles fósiles y la redirección de fondos a la acción climática y al apoyo a hogares vulnerables.
Una Unión Europea con un nuevo modelo socioeconómico. Participación, ciudadana y gobernanza, donde se demanda el aumento de la participación ciudadana y la transparencia en la toma de decisiones, además de la garantía de acceso a la justicia en materia medioambiental y protección del derecho a la protesta pacífica.
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife, Greenpeace y WWF