Goliat contra Goliat: qué significa la demanda de Iberdrola a Repsol por ‘greenwashing’

Esta vez Goliat no se ha enfrentado a David, sino a otro Goliat. Iberdrola ha presentado una demanda contra Repsol, cuyas campañas de publicidad y comunicaciones corporativas de tipo medioambiental entiende como presuntos «actos de engaño», «omisiones engañosas» y «publicidad ilícita». Es decir, el clásico greenwashing o «ecopostureo», como lo ha calificado Iberdrola, que se ampara para ello en la Ley de Competencia Desleal.

«La petrolera (Repsol) se está publicitando como una compañía sostenible, líder en la transición energética y que protege el medio ambiente, la reducción de la huella de carbono y la mitigación de los efectos del cambio climático», aseguran desde Iberdrola en un escrito, donde destacan que la empresa es líder en emisiones de gases de efecto invernadero y que la sostenibilidad es una pequeña parte de su negocio, a pesar de que su comunicación se centre en mensajes verdes.

No es la primera vez que una empresa demanda a otra por prácticas desleales, pero sí con el greenwashing de fondo, explica Albert Poch, abogado especializado en derecho de la competencia del bufete Redi Abogados. «Se han visto otros casos en los que una empresa ha demandado a otra por prácticas que ha entendido como competencia desleal, pero no a este nivel o, al menos, no con el tema ecologista como causa fundamental del pleito», explica el experto.

Este precedente podría abrir, sin embargo, una nueva puerta a toda una serie de pleitos que pidan responsabilidades a las empresas por prácticas de lavado verde, que usan reclamos relacionados con la sostenibilidad que no se corresponden con las prácticas reales de la empresa. «Es una dinámica que va a ir claramente en ascenso, y por eso creo que la demanda es muy positiva, porque esto transmite a todo ese sector empresarial del IBEX que se van a poder exigir responsabilidades concretas por actuaciones que hasta ahora todo el mundo estaba haciendo», asegura Poch.

Según Miguel Crespo, abogado de la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU), la Ley de Competencia Desleal no es la única que permite que se tomen medidas legales contra esta prácticas. Así, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios también «hace que sean exigibles a las empresas alegaciones medioambientales claras y basadas en hechos, puesto que, en caso contrario, podrían considerarse práctica desleal por infringir la normativa de consumo», explica.

Sin embargo, en este caso la acción debe poner el foco en los derechos de las personas consumidoras, ya sea en la información engañosa que reciben y que puede guiar decisiones de compra erróneas, o el perjuicio que sufren esas personas por las acciones de estas empresas. «Aunque estas acciones (como la de Iberdrola contra Repsol) tengan una causa y objetivos diferentes, podrían confluir y beneficiarse si se determina que deben cesar esas prácticas por parte de la empresa demandada. Supondría además una advertencia, si se dicta una sentencia ejemplarizante, para las demás empresas de que no deben cometer esas acciones», asegura Crespo.

El lavado verde no es ninguna anécdota en Europa. Un estudio de la Comisión Europea de 2020 encontró que el 53,3% de las alegaciones medioambientales examinadas eran vagas, engañosas o infundadas y que el 40% de ellas carecían directamente de fundamento.

Por ello, la Comisión ha propuesto una serie de regulaciones para poner coto a estas prácticas. El pasado enero, el Parlamento Europeo aprobó una directiva de «Empoderamiento de los consumidores para la transición verde» que, entre otras cosas, prohíbe el uso de términos como «sostenible», «natural», «biodegradable», o «eco» sin pruebas que lo respalden. En el mismo Parlamento está ahora en tramitación la llamada Directiva de Alegaciones Medioambientales, que será más específica y detallará las condiciones en las que estas proclamas pueden ser utilizadas.

Para Francisco del Pozo, coordinador de la campaña contra los combustibles fósiles de Greenpeace España, serán estas regulaciones las que supongan un cambio real a la hora de terminar con el lavado verde. «No creo que las empresas se lo vayan a pensar por este litigio. Pero sí con la Directiva Europea y una nueva ley de consumo sostenible que estamos esperando y que no se ha tramitado aún», asegura Pozo.

Sin embargo, el éxito de la directiva dependerá de lo ambiciosa que sea su trasposición en la ley española. «Lo que nos preocupa es que, si se hace una ley muy laxa, estos grandes del oligopolio puedan buscar huecos para seguir haciendo su lavado verde de otras mil maneras», continúa Pozo.

Una pelea entre contaminadores

La noticia ha pillado por sorpresa a la mayoría por lo inesperado del movimiento por parte de una empresa que también es señalada a menudo por lavado verde. «Lo que me sorprende de este caso es que quien tira la primera piedra haya sido Iberdrola», asegura Albert Poch. «Es una pugna entre contaminadores por un mercado», añade Francisco del Pozo, de Greenpeace.

Según el Observatorio de la Sostenibilidad, Iberdrola es una de las empresas que más emisiones de gases de efecto invernadero genera en España, aunque las ha reducido en un 58% entre 2020 y 2022. El ranking lo lidera Repsol, quien además ha aumentado sus emisiones en un 49% en el mismo periodo.

«Yo creo que todo el mundo sabe que Iberdrola tampoco está libre de pecado. Al final, ninguna gran empresa energética lo está. Nosotros lo que estamos criticando es específicamente el uso de los combustibles renovables que está haciendo Repsol», asegura Carlos Rico, técnico de políticas de Transport & Environment.

Según Repsol, estos combustibles líquidos, procedentes de residuos orgánicos, como aceites vegetales usados, biomasa, residuos de la industria agroalimentaria, o residuos forestales, son «una de las soluciones más eficaces para reducir las emisiones procedentes del transporte».

«Repsol en todas sus publicaciones siempre habla de estos combustibles como una alternativa a la electrificación como si fuese equivalente y sirviese en el mismo fin de cara a la descarbonización gracias al principio de neutralidad tecnológica», explica Rico. «Pero son combustibles que, al final, si se queman en un motor de combustión, siguen generando todos los contaminantes del aire, que están relacionados con miles de muertes al año», asegura.

Rico señala, además, que no hay certezas sobre la procedencia de las materias primas con las que se producen esos combustibles, porque España, por ejemplo, importa la mayor parte del aceite de cocina usado que utiliza.

Sin embargo, la naturaleza del demandante podría hacer que la demanda no prospere, explica Poch. «Está claro que existe greenwashing. El problema está en que cuando quien acciona (la demanda) lo hace porque tiene un interés mercantil y además está metido en el mismo problema (el de greenwashing), eso puede llevar a la jueza a que la comparativa del uno con el otro no sea tan evidente como si el que denunciase fuera alguien que representa a la colectividad», concluye.