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Más recursos económicos y humanos, “y todas las competencias necesarias para proteger la biodiversidad y luchar contra el cambio climático”. Esto es lo que exigen las cinco grandes organizaciones ecologistas en España al nuevo Gobierno de coalición para la recién creada Vicepresidencia de Transición Ecológica y Reto Demográfico que lidera Teresa Ribera.
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF instan al Ejecutivo de Pedro Sánchez a que la protección de la biodiversidad, la cual “ni siquiera se cita en el Real Decreto de reestructuración del Gobierno”, sea una prioridad. Esto pasa, aseguran, porque la nueva Vicepresidencia tenga las competencias necesarias sobre conservación de la naturaleza.
Además, denuncian ciertas presiones desde “determinados sectores productivistas” para que competencias como la política del agua o la conservación de los bosques no entren dentro de la influencia de la Vicepresidencia de Ribera.
Ante esto, son tres las principales demandas que trasladan al Gobierno que ha empezado a funcionar este mes. La primera medida consiste en dotar el Fondo de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad a través de los Presupuestos Generales del Estado “y con el 1% del coste de todas las obras públicas”. La segunda de las exigencias pasa por reagrupar todas las competencias en biodiversidad en torno al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Asimismo, piden aumentar “sustancialmente” el presupuesto y el personal técnico.
La última de las peticiones de las organizaciones ecologistas consiste en garantizar que la protección de la biodiversidad sea “un eje fundamental de la transición ecológica y que todas las políticas relacionadas se alinean con esta prioridad”.
Finalmente, las ONG recuerdan que España es el país de la Unión Europea con mayor riqueza y patrimonio natural, por lo que estarán “especialmente vigilantes en esta materia y animan al Gobierno a asumir el reto”.
1 millón de especies en peligro de extinción
Hace menos de un año, la Plataforma Intergubernamental en Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES, en sus siglas en inglés), el equivalente al IPCC en materia de biodiversidad, emitió un informe demoledor. El estudio cifraba en un millón el número de especies animales y vegetales en peligro de extinción (alrededor de una octava parte del total). El principal culpable, el actual sistema económico global.