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Tras una larga espera, el próximo martes el Gobierno remitirá finalmente al Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE). Pendiente desde hace más de un año, cuando fue aprobado en febrero de 2019 por el Consejo de Ministros, se trata de una de las cinco medidas prioritarias que el Ejecutivo se comprometió a ejecutar en los 100 primeros días de mandato. Sin embargo, la crisis desatada por la pandemia de la COVID-19 retrasó los planes.
Esta normativa, alineada con el Pacto Verde Europeo y los compromisos del Acuerdo de París, tiene como objetivo principal la descarbozación de la economía española y alcanzar la neutralidad de emisiones -compensar lo que se emite- para 2050 como muy tarde. Además, el sistema eléctrico del país deberá ser 100% renovable antes de mitad de siglo, y de cara a la próxima década, el consumo final de la energía deberá ser, como mínimo, un 35% de origen renovable. En el caso del sistema eléctrico, la presencia renovable en 2030 deberá ser de al menos un 70%.
Teniendo en cuenta estos objetivos, que solo podrán ser revisados al alza, el borrador fija para 2030 el año en que las emisiones del conjunto de la economía española deberán reducirse en al menos un 20% respecto al año 1990, una cifra que las organizaciones ecologistas consideran insuficiente.
Uno de los puntos que más polémica despierta la futura ley tiene que ver con los vehículos a motor. Esta mañana, una información de la Cadena SER apuntaba que una nueva versión del anteproyecto de la Ley de Cambio Climático ya no recoge la prohibición de vender coches diésel. Sin embargo, si bien es cierto que el texto ha sufrido algunas modificaciones, el borrador de proyecto de ley, al que ha tenido acceso este viernes Climática, sigue manteniendo en el apartado dedicado a los vehículos la misma redacción que en febrero de 2019.
Así, el texto, que consta de 36 artículos distribuidos en nueve títulos, recoge que «se adoptarán las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos reduzcan paulatinamente sus emisiones de modo que no más tarde de 2040 sean vehículos de emisiones de 0gCO2/km». Por lo tanto, con la futura Ley de Cambio Climático, los coches que se adquieran en España a partir de 2040 deberán ser 0 emisiones, no pudiendo circular vehículos nuevos que emitan gases de efecto invernadero.
Otra de las novedades que se incluyen en este borrador respecto al anterior es la obligatoriedad de establecer zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023 en aquellos municipios de más de 50.000 habitantes. Además, «las comunidades autónoma insulares, considerando su vulnerabilidad frente al cambio climático, podrán instar al Estado el establecimiento de medidas de promoción de movilidad limpia, consistentes en restricciones en su ámbito territorial de la circulación de turismos y furgonetas».
Asimismo, el anteproyecto concreta que «cualquier medida que suponga una regresión de las zonas de bajas emisiones ya existentes deberá contar con el informe previo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del órgano autonómico competente en materia de protección del medio ambiente». Un movimiento con el que se intenta evitar actos como el del alcalde de Madrid Martínez Almeida de desmontar Madrid Central.
* Noticia actualizada a las 16:30.