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El Gobierno no ha sacado adelante sus propuestas para reforzar el sistema eléctrico tras el apagón del pasado 28 de abril. PP, Vox, Unión del Pueblo Navarro, Junts, Podemos, BNG y un diputado de Sumar votaron en contra del denominado decreto antiapagón en el último pleno del Congreso antes de las vacaciones de verano. La decisión, que supone un nuevo aviso desde la oposición a la estabilidad del Gobierno de coalición, preocupa entre las distintas organizaciones ecologistas.
La norma, según Greenpeace, contenía medidas «largamente esperadas» de aceleración de la transición energética y de impulso del autoconsumo. «La crisis climática no espera a nadie. Necesitamos un consenso político amplio que permita aprobar normativa valiente que transforme nuestro sistema energético, mayoritariamente fósil en manos de unos pocos, en uno limpio, renovable, transparente, descentralizado, interconectado, eficiente e inteligente», ha afirmado Greenpeace en un comunicado, en el que pide una nueva propuesta «lo antes posible» más mejorada.
Así, Greenpeace espera «que la nueva propuesta legislativa incluya las 10 claves para un sistema eléctrico seguro, resiliente y sostenible que ya propuso a la ministra Sara Aagesen después del apagón».
Esta batería incluye, según la organización ecologista, «temas candentes que el decreto antiapagones deja fuera», como poner coto al oligopolio separando completamente a las empresas y grupos que realizan actividades energéticas reguladas y liberalizadas o regular el abuso del uso especulativo de las centrales hidroeléctricas que tiene concesionadas.
Greenpeace ha considerado, además, que otros «temas claves» que el Real Decreto-ley, ahora en suspenso, no aborda y deben incluirse son: «Lanzar un mercado de capacidad que beneficie exclusivamente a plantas renovables flexibles y no plantas de gas, la normalización de la carga bidireccional para vehículos eléctricos , el grid forming para que las renovables aporten inercia sintética al sistema o el esperado lanzamiento de una Comisión Nacional de Energía».
Por otro lado, el grupo ecologista ha reclamado que el nuevo decreto incluya medidas «muy esperadas» que sí preveía el Real Decreto Ley rechazado ayer, como son la ampliación del radio de 2 a 5 kilómetros para el autoconsumo, las desgravaciones fiscales por instalar bombas de calor, la agilización de los proyectos de almacenamiento o la instauración de la figura del gestor de autoconsumo colectivo.
Francisco del Pozo Campos, el responsable de la Campaña de combustibles fósiles en la organización, ha pedido al Gobierno y al Congreso un «compromiso que posibilite que la sociedad tenga acceso a servicios energéticos renovables, seguros y suficientes para una vida digna«.




