Augas de Galicia, la entidad dependiente de la Xunta que gestiona los recursos hídricos de Galicia, ha declarado a Tungsten San Finx, la empresa detrás de la mina de San Finx, responsable de una infracción grave por el vertido continuado de aguas de la mina contaminadas con cadmio, cobre y cinc. La empresa responsable de la mina, situada en el Ayuntamiento de Lousame, en el entorno de la ría de Muros-Noia, deberá hacer frente a una sanción de 180.000 euros.
Los colectivos sociales, marineros y ecologistas que llevan años protestando por la situación de la mina y la contaminación del agua (agrupados en la Plataforma comarcal contra los vertidos de San Finx) celebran la decisión, aunque consideran que llega tarde y que debería haber venido acompañada de medidas cautelares para evitar que sigan produciéndose vertidos. La resolución de Augas de Galicia no impone ninguna medida en este sentido.
La mina de San Finx es una explotación de estaño y wolframio que abrió sus puertas en 1887 y que funcionó, con altibajos, hasta 1990 (sus mayores picos de producción fueron durante los años de la II Guerra Mundial). En las últimas tres décadas, ha estado prácticamente parada, aunque ha seguido representando una fuente importante de riesgos ambientales y para la salud en el entorno de la ría de Muros-Noia.
Tal como contaba a Climática en un reportaje reciente Joám Evans, de Ecologistas en Acción, las instalaciones de la mina contienen cuatro grandes fuentes de riesgos ambientales: una presa en mal estado que acumula lodos y aguas de la explotación, el agua contaminada que llena los ocho niveles inferiores de la mina (que están inundados), las antiguas escombreras situadas al aire libre y el agua que se vierte de forma constante desde los cuatro niveles superiores de la mina hacia el exterior a través de un sistema de drenaje (unos 50.000 litros por hora que salen 24 horas al día).
El agua de estas galerías de drenaje acaba en el regato das Rabaceiras y de ahí, a través de varios cursos de agua, en el estuario del río Traba, en el entorno de Noia, una zona en la que no se puede mariscar por los elevados niveles de contaminación. El agua vertida contiene cadmio, cobre y cinc. En las últimas analíticas elaboradas por Ecologistas en Acción, de octubre del año pasado, el nivel de cadmio multiplicaba por 100 el máximo permitido.
La resolución de Augas de Galicia se centra, precisamente, en esta última fuente de vertidos. Considera probado que la empresa concesionaria, Tungsten San Finx, incumplió los términos de la concesión, que el agua no rebosa de forma natural desde la mina (como argumentaba la empresa), que no se tomaron medidas para frenar el vertido y que los niveles de metales detectados en sus análisis están muy por encima de lo permitido. Teniendo todo esto en cuenta, la Xunta de Galicia declara responsable a Tungsten San Finx “de la comisión de una infracción grave” tipificada en la Ley 9/2010, de aguas de Galicia, y le impone una sanción de 180.000 euros.
Los colectivos integrados en la Plataforma comarcal contra los vertidos de San Finx demandan ahora que se impongan medidas efectivas para frenar el vertido, como el cierre y sellado de las galerías de drenaje de la mina y trabajos de aislamiento en la superficie para reducir la cantidad de agua que se filtra al interior de las instalaciones. Además, la plataforma asegura que, desde el verano de 2023, cuando la mina pasó a manos de Metáis Estratéxicos, se desconoce quién está realmente detrás de San Finx, por lo que existe un riesgo real de que la empresa no pague la sanción e intente esquivar la justicia.
“Los representantes de la empresa llevan semanas evitando comparecer ante los juzgados de Noia, donde están llamados a declarar como investigados por un presunto delito contra el medioambiente y los recursos naturales”, explican desde la plataforma en un comunicado. Por este motivo, exigen a la Xunta “que imponga de inmediato fianzas y lleve a cabo las actuaciones necesarias para impedir que sigan los vertidos y para que se restauren las zonas afectadas”.
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Cuando a Galicia le falte agua, los territorios interiores de la Península Ibérica habrán desaparecido, lo que tampoco parece faltarle a Galicia son problemas relacionados con la contaminación de sus aguas, desde sus mares, el chapapote, los pélets, a sus rías contaminadas industrialmente por las empresas ribereñas, los vertidos sin control a ríos y rías.
Activistas de Ecologistas en Acción, junto con la red europea de organizaciones marinas Seas At Risk, exigen en Bruselas la aprobación de un reglamento riguroso sobre pélets de plástico.
En 2022 se perdieron 661 contenedores. Una vez en el mar, “los sacos se rompen y la información que viene escrita en ellos no especifica su nivel de toxicidad, ni para la salud humana ni para el medio ambiente”. A pesar de la denuncia interpuesta por Ecologistas en Acción en el juzgado de Noia contra la naviera propietaria del portacontenedores, se desconoce si las empresas responsables del vertido podrán pagar los daños irremediables que han ocasionado al ecosistema marino y su biodiversidad de las costas de Galicia.
La contaminación por pélets que teñía de blanco las costas gallegas al comenzar el año es solo la punta del iceberg de un problema crónico, no solo asociado al transporte marítimo y los ríos. El goteo de microplásticos es constante a lo largo de toda la cadena de suministro: van perdiéndose durante los procesos de producción, de carga y descarga, almacenamiento y transporte, por falta de procedimientos y estructuras adecuadas para su confinamiento. Se van derramando y acumulando en los ríos cercanos para acabar en el mar.
Un informe técnico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estima que se pueden estar vertiendo al mar unas 5.710 toneladas de pélets, que equivale a 285.500 millones de gránulos, al año en España. En Tarragona la playa de la Pineda es una de las principales zonas de acumulación debido a su proximidad con el mayor centro petroquímico del sur de Europa, donde se concentran varias decenas de empresas del sector de la fabricación y transformación de plásticos.
“Tras el episodio vivido en las costas gallegas, es el momento de que la clase política demuestre que les preocupa el mar, su biodiversidad y el futuro del sector pesquero. Los impactos sobre los ecosistemas de estos microplásticos no están contabilizados y la limpieza y restauración parcial no puede seguir recayendo sobre la ciudadanía y los medios públicos, como ha ocurrido en Galicia. Las empresas tienen que pagar lo que contaminan, pero, sobre todo, tienen que dejar de contaminar. Por eso es fundamental instaurar medidas estrictas de prevención en toda la cadena de suministro”.