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Hace poco, hablaba con un compañero de Ecologistas en Acción, técnico de la Estación Biológica de Doñana, quien me aseguraba que «la Doñana de hoy en nada se parece a la de hace cincuenta o veinte años». Donde antes censaba cincuenta parejas de milanos reales, ahora cuenta doce. Donde antes la marisma dibujaba un horizonte infinito de agua y vida, hoy se extiende un inmenso secarral.
No hay que irse hasta Doñana para hacerse una idea de la crisis de la naturaleza en la que nos encontramos. Todas tenemos un ecosistema cercano que hemos visto degradarse o incluso desaparecer en los últimos años. En 2020, la Agencia Europea de Medio Ambiente recogía en su informe El medio ambiente europeo: estado y perspectivas 2021 que «únicamente el 15% de los hábitats terrestres y marinos de la Unión se encuentran en buen estado de conservación». A nivel español, según los datos remitidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la elaboración de este informe, únicamente el 9% de los hábitats se encuentran en buen estado.
Para atajar esta tendencia, en junio de 2022, la Comisión Europea propuso el Reglamento sobre la Restauración de la Naturaleza. Se trata de una norma de obligado cumplimiento para los Estados miembros que apuesta por la restauración ecológica como vía de recuperación de ecosistemas biodiversos y resilientes en todas las zonas terrestres y marinas de la UE, contribuyendo, además, a los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático, la neutralidad en la degradación del suelo y la mejora de la seguridad alimentaria.
El texto nace como transposición de la Estrategia de Biodiversidad europea 2030 y está llamado a ser la base ambiental del Pacto Verde Europeo. Va más allá de la restauración de ecosistemas terrestres y marinos e incorpora medidas específicas adicionales para la restauración agrícola, forestal y de espacios urbanos, además de recuperación de la conectividad fluvial y las poblaciones de polinizadores.
Lejos de haber sido una negociación sencilla, la tramitación del reglamento ha sido complicada y tediosa. Desde el inicio, la norma fue ampliamente cuestionada por el lobby agroindustrial europeo (Copa Cogeca) de la mano de la derecha y ultraderecha europeas. Esto ha sido especialmente llamativo en el Partido Popular Europeo (PPE) que llegó a afirmar que la ley «destruiría pueblos» o que «disminuiría la producción de alimentos hasta el punto de causar una hambruna mundial». Además, el PPE llegó a sustituir a parlamentarios indecisos en la sesión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI Committee), el pasado 27 de junio, donde se votaba una enmienda a la totalidad del reglamento.
Frente a esta oposición, organizaciones ambientales de toda Europa, científicos y sociedad civil se han unido para defender la urgencia de la recuperación de los ecosistemas y la ambición del reglamento bajo la campaña #RestoreNature. Las negociaciones a tres bandas entre Comisión, Consejo y Parlamento Europeo concluyeron con un acuerdo provisional el pasado 9 de noviembre. Éste ha sido ratificado por los Estados miembros en el Comité de Representantes Permanentes de la Unión Europea (COREPER) y por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI Committee) del Parlamento Europeo.
El texto acordado incluye recuperar el 20% de los ecosistemas terrestres y marinos degradados para 2030 y la totalidad de los mismos para 2050 dentro y fuera de Red Natura 2000. Además, hace referencia a objetivos de restauración y conectividad fluvial que afectan al menos a 25.000 kilómetros de ríos, revertir el declive de las poblaciones y diversidad de polinizadores y la restauración de ecosistemas forestales y ecosistemas urbanos. Asimismo, el texto incorpora –si bien de forma debilitada– la necesaria restauración de los ecosistemas agrícolas, turberas drenadas y medidas para promover la restauración marina mediante una gestión pesquera adecuada.
No es el texto que hubiésemos querido hace unos meses, es cierto, y está por debajo de los niveles de ambición a los que nos empuja el consenso científico. Las presiones recibidas han conseguido rebajar la aspiración inicial e introducir excepciones a tenor de proyectos de «interés público superior» (ya sabemos que este interés no suele concordar con el nuestro), dilatar los tiempos de medición de los indicadores de cada tres años –como establecía la propuesta inicial– a cada seis (esto es una estrategia de retardismo ‘de libro’) y se incluye la posibilidad de suspender la aplicación de las disposiciones del reglamento relacionadas con los ecosistemas agrícolas durante un año, en caso de acontecimientos imprevisibles y excepcionales que tengan graves consecuencias para la seguridad alimentaria.
Estamos a un paso de que el Reglamento sobre la Restauración de la Naturaleza sea una realidad. Una vez ratificado el texto por el plenario del Parlamento Europeo el próximo martes 27 de febrero, en marzo deberán hacer lo propio los ministros de Medio Ambiente de los Estados miembros. Entonces sí, el reglamento quedará formalmente aprobado.
Esta norma, por sí sola, no va a devolvernos la Doñana de hace cincuenta años, ni todos aquellos ecosistemas perdidos que algunos no hemos llegado ni siquiera a conocer. No obstante, el Reglamento sobre la Restauración de la Naturaleza sienta por primera vez las bases para acometer, con objetivos temporales cuantificables, la urgente restauración de los ecosistemas degradados. Tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, los Estados miembros tendrán un plazo máximo de hasta veinticuatro meses para elaborar los Planes Nacionales de Restauración. Es ahí donde se establecerán las zonas y medidas para cumplir con los objetivos europeos. Desde el Área de Conservación de Ecologistas en Acción lo tenemos claro: seguiremos presionando entonces a nivel nacional ya que necesitamos #RestaurarLaNaturaleza.
ARTÍCULO 17 DE LA DIRECTIVA HÁBITATS
La Directiva de Hábitats (Directiva 92/43/CEE) tiene como objetivo principal preservar la biodiversidad al conservar los hábitats naturales, así como la fauna y flora silvestres en el territorio europeo de los Estados miembros. De acuerdo con su artículo 17, cada seis años los Estados deben reportar, entre otros, los datos referentes al estado de conservación de los hábitats prioritarios de la UE. Los resultados referentes al último sexenio arrojan datos muy preocupantes: solo el 9% de los hábitats se encuentran en estado de conservación favorable en el Estado español. Si atendemos a los datos por hábitats los datos son especialmente preocupante en las turberas, prados, hábitats costeros y de agua dulce, bosques y hábitats rocosos, donde la proporción correspondiente a un estado de conservación favorable no supera el 10% sobre el total de la superficie que ocupan estos hábitat en nuestro país.
Lucas Barrero es miembro del área de conservación de la naturaleza de Ecologistas en Acción.
Este artículo fue originalmente publicado en el número 118 de la revista 'Ecologista' que edita trimestralmente Ecologistas en Acción.
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