Consumidores y ecologistas denuncian a Repsol por publicidad engañosa

Las organizaciones Ecologistas en Acción, Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) y Greenpeace han presentado sendas denuncias por «declaraciones ambientales engañosas» contra Repsol ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y ante la Dirección General de Consumo.

Las tres organizaciones demandantes han llevado a cabo una investigación, durante 2022 y 2023, focalizada en el impacto de la actividad de la empresa Repsol sobre la deforestación en Indonesia y su contribución al aumento de las emisiones responsables del cambio climático, han señalado en un comunicado.

De esta manera, el comportamiento de Repsol «vulnera» la Ley de Protección de los Consumidores, la Ley de Publicidad, la Ley de Defensa de la Competencia y la Ley de Competencia Desleal, han observado las organizaciones.

España es el principal importador de aceite de palma de Indonesia y el mayor productor de biocombustibles en la Unión Europea (UE) debido a que el 72,5 % del biodiésel y casi el 100 % del hidrobiodiésel se fabrica con aceite de palma, han explicado los ecologistas que precisan que Repsol es uno de los principales productores de biodiésel con dicho aceite.

Por su parte, fuentes de Repsol han señalado que «estas demandas tratan de desprestigiar» una solución que la Unión Europea considera válida y alternativa a la electrificación para reducir de manera inmediata y asequible las emisiones de CO₂. Además, han insistido, «tratan de confundir a la sociedad», cuando la materia prima que se emplea está regulada por la normativa, supervisada y certificada.

Asimismo, desde Repsol han avanzado que acaban de poner en marcha la mayor planta de combustibles renovables de la Península Ibérica, en Cartagena, que usa exclusivamente residuos orgánicos para producir 250.000 toneladas al año de combustible renovable.

En este punto, la empresa de petróleo ha explicado que a día de hoy se vende diésel renovable al 100 % a público general en más de 10 países europeos, como Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Estonia, Lituania, Letonia, Holanda, Bélgica e Italia; y Alemania acaba de aprobar la venta de este combustible en estaciones de servicio.

Por su parte, las organizaciones denunciantes, y a partir de los informes periciales, han concluido que la empresa Repsol «oculta» en su comunicación pública y en su publicidad la deforestación y demás impactos ambientales y sociales provocados para la producción del aceite de palma que se utiliza para la fabricación de sus biocombustibles.

Esta ocultación de los daños climáticos y ecológicos se ha revelado como la nueva estrategia retardista por excelencia y responde al nombre de «greenhushing». Tras años de promesas verdes, las empresas fósiles están reforzando la opacidad sobre sus propios datos relativos a emisiones e impactos en la biodiversidad. Oficialmente tienen planes para lograr la neutralidad climática, pero no hablan de ellos, como señalaba un estudio de la consultora suiza South Pole.

En este sentido, las tres organizaciones afirman que el aceite de palma que utiliza Repsol «no es sostenible y no reduce las emisiones de gases de efecto invernadero respecto al combustible fósil convencional», por lo que contribuye al calentamiento global y provoca deforestación y pérdida de biodiversidad. Esa información, obviamente, se oculta.

Los denunciantes han señalado que la acción legal pone el foco en las afirmaciones que Repsol hace sobre sus biocombustibles, a los que califica en su comunicación pública como «sostenibles», «ecocombustibles», «neutros en carbono», «con baja huella de carbono» o «renovables», sin especificar sus atributos o impacto ambiental, lo que resulta engañoso para la ciudadanía.

Para Josep Hurtado de Ecologistas en Acción, Repsol «no puede afirmar» que los biocombustibles fabricados a partir del aceite de palma reducen las emisiones de gases de efecto invernadero.

Desde Ecologistas, Greenpeace y la CECU han considerado que Repsol tiene que «eliminar y rectificar» sus falsas promesas, así como cualquier forma de lavado verde en sus declaraciones.

Esta denuncia se suma a la que recientemente interpuso contra Repsol una compañía energética rival, Iberdrola, por razones muy similares a las expuestas por ecologistas y consumidores: presuntos «actos de engaño», «omisiones engañosas» y «publicidad ilícita».