Solo 16 de 52 capitales españolas cuentan con refugios climáticos
Extremadura, Castilla-La Mancha, Cantabria, Asturias, Galicia, Canarias y Baleares no tienen ningún refugio en sus ciudades capitales, según un nuevo informe de Greenpeace.
Australia concede los primeros 280 permisos de refugiado climático a ciudadanos de Tuvalu
Los visados de refugiados climáticos se han concedido mediante un sorteo al que se ha presentado casi el 80% de la población del país insular, en riesgo por la subida del nivel del mar.
La ‘Ley de la Devastación’, en manos de Lula
Las organizaciones ecologistas y de derechos humanos piden al presidente brasileño que frene un proyecto de ley que amenaza con desmantelar las licencias ambientales y acelerar la extracción de petróleo y gas, la minería o la agroindustria en la Amazonia.
La Corte Internacional de Justicia atribuye responsabilidad legal a los países que no frenen el uso de combustibles fósiles
El principal órgano judicial de Naciones Unidas ha emitido una opinión consultiva impulsada por pequeños Estados insulares. Si bien no es vinculante, el veredicto es extensible a las empresas y supone un gran respaldo para otros litigios climáticos.
Las medidas que se quedaron fuera del decreto antiapagón tumbado en el Congreso
Greenpeace pide una nueva propuesta con una batería de actuaciones que, entre otras cuestiones, regule el abuso del uso especulativo de las centrales hidroeléctricas concesionadas.
El 91% de los nuevos proyectos renovables ya es más barato que los combustibles fósiles
En 2024, los proyectos de energía solar y éolica fueron, respectivamente, un 41% y un 53% más baratos que las alternativas fósiles, según un nuevo informe de IRENA.
Bruselas borra del nuevo presupuesto el programa LIFE para la naturaleza y el clima
Los proyectos para la recuperación del lince ibérico son el ejemplo más tangible de este programa comunitario en España.
Veinte fiscales demandan a Trump por eliminar los fondos millonarios para mitigar catástrofes climáticas
"Comunidades de todo el país se ven obligadas a retrasar, reducir o cancelar cientos de proyectos de mitigación que dependen de estos fondos", dice la denuncia.
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