Sólo dos de cada diez comunidades energéticas cuentan con instalaciones de autoconsumo en funcionamiento

La metáfora del vaso con agua a medio llenar sirve para analizar el cuadro de situación de las comunidades energéticas en España, una herramienta que no solo posibilita cambiar las fuentes de energía de combustibles fósiles a renovables, sino que, además, transforma la forma en que se gestiona, produce y distribuye la energía, con la sociedad civil como motor principal de este cambio. 

En una mirada optimista (vaso medio lleno), el panorama es más que alentador. En 2024 se incorporaron 200 nuevas comunidades energéticas, un crecimiento del 44% respecto a 2023 (479). En una análisis crítico (vaso medio vacío), la mayoría de las instalaciones de autoconsumo siguen sin conexión, no existe marco regulatorio, los proyectos son de una escala muy pequeña y las administraciones políticas empujan poco del carro.

Este sabor agridulce recorre las 85 páginas del segundo informe de indicadores de comunidades energéticas del Observatorio de Energía Común de Ecodes –presentado este martes en Madrid–, un riguroso y metódico trabajo de recopilación que entrega, con datos actualizados, una necesaria foto panorámica de este sector. 

En la premisa, en el fondo, no hay ninguna media tinta. Dado que la humanidad se enfrenta al mayor reto de su historia –la crisis climática–, resulta imprescindible ofrecer “respuestas colectivas” a este desafío común. Con esto presente, el nuevo papel activo de la ciudadanía debe construirse desde un enfoque comunitario y participativo. Es decir: sin una ciudadanía implicada, informada y organizada, será muy difícil alcanzar una transformación verdaderamente justa.

En este sentido, las comunidades energéticas asoman como una de las herramientas “poderosas para el cambio social”. Promueven la participación en iniciativas colectivas y la práctica democrática a escala local, y ayudan a combatir problemáticas locales como la pobreza energética, el empleo local o la justicia energética.

Gracias al trabajo estadístico de Ecodes, sabemos que España cerró el 2024 con 659 comunidades energéticas. “659 victorias en que la transición energética se ha materializado y se ha hecho más justa”, ha celebrado su director general, Juan Ortiz. “El crecimiento de las comunidades energéticas es una expresión de una ciudadanía activa e interpelada por la crisis climática”, ha agregado, con entusiasmo, en la presentación del informe.

Los datos actualizados

Además de la cantidad de comunidades energéticas, el informe revela que el 8% de los municipios españoles cuentan ya con esta figura y que las comunidades autónomas donde más se ha desarrollado son Catalunya, Comunitat Valenciana, País Vasco y Navarra. Este dato duplica el porcentaje de 2023 (4%) y evidencia una “marcada expansión territorial”.

El ratio no se distribuye de forma homogénea por el territorio español, destacando especialmente el País Vasco (30% de los municipios) y Navarra (24% de los municipios) como las comunidades autónomas con más comunidades energéticas constituidas al cierre de 2024. En lo que respecta a cantidad de ciudadanía involucrada, hay 1,43 comunidades energéticas por cada 100.000 habitantes.

En un 92% de las comunidades energéticas participa la ciudadanía. Le siguen los ayuntamientos, con una participación aproximada del 57%. Este indicador ha aumentado respecto a 2023 en un 12%. “Esta participación no implica que sean socios, ya que muchos  ayuntamientos participan en el impulso, como facilitador”, se aclara en el informe. El rol de facilitador es el más habitual (61%), no así el de socio (21%).

La actividad más común en las comunidades energéticas sigue siendo el autoconsumo fotovoltaico. Sin embargo, ocho de cada diez no cuentan con instalaciones en funcionamiento. “Los modelos de la tramitación de las instalaciones de autoconsumo colectivo no avanzan con la misma celeridad”, reprocha Ecodes.

Más de la mitad de las comunidades (58%) tiene menos de 20 socios. Sólo el 1,20% tiene más de 500 asociados. “La mayoría sigue estando en una fase incipiente, contando por lo general con pocos socios por el momento”.

Las valoraciones

Tras la presentación de los números, a cargo de Carlos Pesqué, coordinador de Energía Común de Ecodes, llegaron las valoraciones de cuatro especialistas, que coincidieron en cuestionar la “inexplicable” falta de un marco regulatorio. 

Vale recordar que la propuesta de Real Decreto publicada el 21 de abril de 2023 por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, destinada a regular tanto las comunidades de energías renovables como las comunidades ciudadanas de energía, no ha sido aprobada ni desarrollada formalmente durante el 2024.

Algunos de los elementos contemplados en este borrador han sido incorporados de forma parcial en otras disposiciones normativas relacionadas con el sector eléctrico, sin estar específicamente orientadas a las comunidades energéticas. “Esta falta de marco regulatorio y normativo provoca que estas experiencias no emergen como un nuevo actor de la transición energética. El dopaje de las ayudas ha servido. Pero este marco es crucial para que las comunidades energéticas tengan 360 grados”, ha analizado Joan Herrera, socio fundador en SAMSO, director de Energía del Prat. Ha definido a las comunidades energéticas como OENI (“Objeto eléctrico no identificado”): “Los Ayuntamientos facilitan, pero no se aprovechan esta energía limpia. ¿Por qué? Por la falta de normativa”, ha insistido.

En su turno, María González, jefa de área de Mercado Minorista en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha pedido “simplificación administrativa”, dotar a las comunidades autónomas de “facultades técnicas” para que los consumidores tengan información sobre los beneficios de participar en estas comunidades y se dejen de percibir como “algo tedioso”.

Paula Santos, responsable de Comunidades Energéticas en UNEF, también ha señalado a la falta de legislación y regulación como una “piedra en el camino” para integrarlas de forma masiva a la transición energética y para que los “proyectos dejen de estar aislados en los márgenes”. “Una mayor escala sólo puede ser posible con un marco normativo”, ha advertido.

Pedro Fresco, director general de AVAESEN y ex director general de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana, también se ha referido a la “escala” como un factor determinante. Y ha reflexionado sobre la necesidad de incorporar a las pymes al sector: “La mayoría de los proyectos son bonitos para el pueblo, pero anecdóticos en términos estadísticos y de descarbonización. La escala es clave. No es lo mismo 40 personas que 40 pymes. En los polígonos industriales se puede escalar. La mayoría de las comunidades energéticas empiezan por el autoconsumo para luego escalar a otros servicios. A nivel industrial se puede movilidad, electrificación, eficiencia y rehabilitación”, ha subrayado.