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La primera vez llama la atención. Hay algo que parece que no cuadra en su perfil, en su color, en su falta de ruido. Pero poco a poco pasa a ser parte de la normalidad. “No me olvido del primer día que lo vi. Iba por la calle, acababa de salir de casa y el coche salió de una curva a lo lejos. Lo primero que me llamó la atención fue su forma, tampoco estamos acostumbrados a ver muchos de esos por aquí. Después ya me di cuenta de qué era”. Las palabras de Miguel Fernández, vecino de Vilagarcía de Arousa, en Pontevedra, pueden sonar misteriosas, pero no entrañan ningún secreto. Solo describen el primer encuentro con un Tesla adaptado para servicios funerarios.
En 2022, la empresa local Pompas Fúnebres Arosa decidió hacerse con este vehículo. Fue una de las primeras funerarias del Estado en poner en marcha un servicio eléctrico de traslado de féretros. Se trata de un Tesla Model 3 al que se le ha alargado la carrocería y se le ha añadido altura. Cuenta también con un sistema de base deslizante con un motor eléctrico para ayudar a la carga y descarga del féretro. El de la empresa arousana, que no ha querido participar en este reportaje, es un servicio pionero, pero no único.
La compañía catalana Bergadana, experta en la transformación de ambulancias, coches fúnebres y vehículos policiales, lo que se conoce como carrozado de vehículos, comercializa desde 2021 el Lumen, un vehículo fúnebre eléctrico carrozado sobre el bastidor del Nissan Leaf. “Las principales empresas funerarias están optando ya por la compra de vehículos 100% eléctricos”, explica Jordi Zamora, director general de Bergadana. “Están muy en contacto con las administraciones locales, sensibles a los temas de sostenibilidad”.
Eléctricos mensajeros y policías
A muchos kilómetros de Vilagarcía de Arousa, en la isla de Gran Canaria, en el pequeño Ayuntamiento de Teror hace tiempo que los eléctricos son la norma. El último en llegar ha sido el primero para la policía municipal (que cuenta también con un coche híbrido y cinco motos, una de ellas eléctricas). Los servicios municipales cuentan en total con 16 coches de propulsión eléctrica, repartidos entre la alcaldía, parques y jardines, traslado de personal, asistencia domiciliaria y mensajería. En este último departamento es donde trabaja Ángel García, notificador del consistorio de Teror y conductor de coches eléctricos desde hace 10 años.
“Los vehículos eléctricos que tenemos sí están adaptados a sus diferentes usos”, explica García. “Tenemos un furgón de siete plazas y otros dos furgones de carga, y luego tenemos coches pequeños preparados para los sanitarios que hacen asistencia domiciliaria. También tenemos vehículos más multiusos, que usamos incluso para hacer las compras o para llevar a los niños a alguna actividad”.
Para Ángel García, el salto a la movilidad eléctrica ha traído, casi siempre, ventajas. “Primero, lo más importante, es la contaminación, el hecho de poder desplazarse en un vehículo que apenas contamina el aire. Después, claro, está su comodidad, que son silenciosos y que consumen mucho menos que los de gasolina o diésel. Yo, que lo cojo todos los días, lo cargo cada tres jornadas. Incluso he llegado a dar la vuelta a la isla con una única carga”, señala.
Estos son también los principales argumentos de la mayoría de administraciones locales que han apostado por la movilidad eléctrica en los últimos años. De la policía local de ciudades grandes como Madrid o Vitoria a la de pequeños ayuntamientos como Teror o Betxí, en Castellón, en los servicios de ambulancias de Santander, Asturias o País Vasco o en los coches fúnebres de Arousa, la adaptación de los vehículos de propulsión eléctrica a usos profesionales es una realidad.
¿Cuántos vehículos eléctricos adaptados circulan en España?
A principios de mes, la empresa de paquetería CTT Express anunció la incorporación de 40 furgonetas eléctricas a su flota de reparto con el objetivo de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en el reparto de última milla. Este tipo de anuncios son cada vez más frecuentes, pero ¿cuántos vehículos eléctricos profesionales circulan en España? ¿Y cuántos cuentan con adaptaciones de carrocería específicas, como los fúnebres o las ambulancias? La respuesta es corta: no se sabe. Pero todo indica que la adopción es todavía bastante baja.
De acuerdo con la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), en 2023 se vendieron en España 113.776 unidades de turismos eléctricos puros e híbridos enchufables, lo que representa el 12% del total de las ventas (9 puntos por debajo de la media europea del 21%). Si analizamos las cifras de los vehículos comerciales ligeros, solo 4.500 de los 44.794 vendidos en 2023 llevaban motores que no estuviesen alimentados por diésel o gasolina (ANFAC engloba bajo la etiqueta de “resto” no solo eléctricos e híbridos, sino también otros combustibles como el gas).
En cuanto a los datos específicos de vehículos adaptados y carrozados, estos no están desglosados por tipo de propulsión. La Asociación de Carroceros y Transformadores de Vehículos Industriales y Comerciales (ASCATRAVI) señala que en 2023 los carroceros españoles entregaron un total de 19.256 furgonetas y camiones adaptados, siendo los vehículos más habituales ambulancias, pequeños vehículos de mercancías y vehículos adaptados para vivienda.
“Todavía hay algunos obstáculos para que aumente la adopción de estos vehículos”, explica el director de Bergadana. “Por ejemplo, el transporte sanitario es efectuado por los sistemas de salud de cada comunidad autónoma, por medio de las empresas privadas que ganan el correspondiente concurso. En este caso, la administración es propensa a la implantación de ambulancias eléctricas, pero las empresas son más reticentes debido a inconvenientes como la falta de autonomía o las dificultades para cargarlo. En vehículos policiales, encontramos los mismos inconvenientes. Su implantación se da, sobre todo, en patrulleros para recorridos urbanos”.
Como usuario, Ángel García, del Ayuntamiento de Teror, ve también algún obstáculo. “El gran problema, en mi opinión, es el precio inicial. Muchos tienen casi el precio de un coche de gasolina de alta gama”, señala. “Después también está el tema de las infraestructuras de recarga. Aquí en Gran Canaria hay bastantes, pero, a medida que va creciendo el número de usuarios, dejan de ser suficientes. Aun así, el precio y los puntos de carga, como la autonomía, son elementos que han mejorado en los últimos años, así que creo que cada vez habrá más vehículos eléctricos circulando”.
LO QUE PRETENDEN LLEVAR AL ALZA OTRA VEZ SON LOS PANTANOS.
Los construídos nunca se llenarán porque cada vez llueve menos.
Cada pantano es una gigantesca e incurable herida a la naturaleza y a la biodiversidad.
Muchos de ellos han expulsado a las gentes de sus tierras.
Sus aguas no siempre se aprovechan útilmente.
Está además una solución más racional y barata y dónde no meten mano las grandes constructoras: las balsas, construidas en las tierras dónde precisan el agua, así no hay que expulsar al vecino ni destruir valiosos ecosistemas montañosos construyendo pantanos.
Denunciamos la inviabilidad de las presas que amenazan la Ribera del Órbigo en León.
Carrizo de la Ribera está amenazado por ser emparedado entre dos presas de alto impacto ambiental y social: dos pantanos que se llenarían mediante bombeo y que serían, además, inviables, como ya acreditó el estudio de viabilidad económica y social encargado por la Confederación Hidrográfica del Duero. Esta información tan relevante ha sido ocultada durante la tramitación del III Ciclo del Plan Hidrológico de la cuenca y solo ha sido hecho pública tras la denuncia de Ecologistas en Acción ante el Portal de Transparencia del Defensor del Pueblo.
“En la Ribera del Órbigo la gente está indignada ante la gestión del agua en la comarca por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero. Los procedimientos de participación pública han sido una farsa encaminada a imponer los proyectos de construcción de las presas que confinarían el municipio de Carrizo”. Además, el portavoz de Ecologistas en Acción denuncia que “el llamado estudio de alternativas de la Confederación multiplica las infraestructuras a desarrollar hasta obtener 200 hectómetros cúbicos de reservas de agua del río Órbigo y afluentes, con sus graves impactos ambientales, sociales y económicos para la comarca”.
Otros temas tratados en Asamblea han estado relacionados con la posición respecto a las macrogranjas, los aprovechamientos de agua, las plantas de biogás, las pistas de pádel y los monocultivos de fresas. Estas actividades tienen un alto potencial de contaminación y de riesgos para los ecosistemas si no cumplen con los requisitos establecidos en la legislación. Además, hay explotación laboral en algunos casos.