TotalEnergies, Naturgy, Pepe Energy, Yoigo, Audax y Jazztel, entre las empresas denunciadas por ‘greenwashing’

Una coalición de organizaciones de consumidores europeas demanda a las autoridades que actúen para frenar el lavado de imagen verde de muchas empresas energéticas, tal como marca la legislación.
TotalEnergies, Naturgy, Pepe Energy, Yoigo, Audax y Jazztel, entre las empresas denunciadas por ‘greenwashing’
Foto: THEME PHOTOS / UNSPLASH

La organización europea de consumidores BEUC, junto a otras 12 organizaciones locales, ha presentado recientemente una denuncia ante las autoridades europeas contra las empresas energéticas ENGIE, EniPlenitude, Shell y TotalEnergies por greenwashing. De forma paralela, la Federación de Consumidores y Usuarios CECU ha interpuesto una denuncia similar ante la Dirección General de Consumo contra TotalEnergies, Naturgy, Pepe Energy, Yoigo, Audax Renovables y Jazztel.

Las denuncias están respaldas por un informe elaborado por BEUC durante el último año y por un estudio de la Universidad KU Leuven (en Lovaina, Bélgica) en el que se evalúa la legalidad de los casos detectados en función de los requisitos que establece la legislación de consumo de la Unión Europea.

«La Directiva de prácticas comerciales desleales de la UE prohíbe afirmaciones falsas o engañosas o la omisión de información clave. La Directiva de empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica [la llamada directiva contra el greenwashing] prohíbe las afirmaciones genéricas ecológicas, así como justificar las emisiones con acciones medioambientales de mitigación a futuro o acciones de compensación de carbono”, señala Soledad Montero, responsable de energía de CECU. «Es necesario que se dé cumplimiento a la legislación europea de protección al consumidor», añade.

Publicidad verde (y engañosa)

De acuerdo con la denuncia, los ejemplos recogidos podrían incumplir presuntamente la legislación europea, contribuyendo a ralentizar la transición energética, a mantener a los consumidores atrapados en un sistema basado en los combustibles fósiles e incluso permitir a las empresas cobrar más por productos que venden como verdes, pero no lo son.

Según la documentación presentada, los mensajes que podrían valorarse como greenwashing o lavado de imagen verde son de tres tipos:

  • Afirmaciones genéricas y superficiales sobre sostenibilidad para promocionar productos energéticos verdes, entre los que se incluye el gas fósil. La mayoría de las energéticas señaladas centran sus esfuerzos en destacar su imagen verde basándose en que invierten en renovables, a pesar de que su negocio principal siguen siendo los combustibles fósiles. De acuerdo con CECU, este es el caso de Naturgy y Audax Renovables en España.

  • Afirmaciones sobre acciones ambientales en el futuro, haciendo alusiones a lograr la neutralidad de carbono, a pesar de seguir invirtiendo en la expansión de los negocios fósiles, y a los esquemas de compensación de emisiones carbono. En España, según CECU, este es el caso de Pepe Energy, Yoigo, Jazztel y TotalEnergy.

  • Afirmaciones comparativas engañosas, que presentan el gas como ecológico o con menores emisiones de CO2 que otros combustibles fósiles. Este es el caso de nuevo de TotalEnergies, que anuncia el gas como una fuente ecológica y ventajosa de energía.

Muchas de estas prácticas se engloban en lo que se conoce como afirmaciones de halo, aquellas que resaltan un atributo medioambiental positivo, pero limitado, para crear una idea de sostenibilidad ambiental mayor de lo que es en realidad. Esto es, por ejemplo, centrar la publicidad de una compañía en los proyectos de energía renovable a pesar de que la mayoría de proyectos estén dirigidos a expandir la extracción y la venta de petróleo y gas.

«Las afirmaciones ecológicas engañosas dificultan que los consumidores puedan distinguir entre proveedores de energía que realmente están abandonando los combustibles fósiles y aquellos que no o que lo hacen a un ritmo insuficiente», explica Soledad Montero. «Esta falta de claridad socava la capacidad de los hogares para tomar decisiones informadas y se corre el riesgo de desincentivar a los consumidores a cambiar a soluciones electrificadas y renovables», añade.

Una ley contra el greenwashing

Como organizaciones de consumidores, las denunciantes hacen hincapié en cómo el greenwashing afecta a las decisiones de consumo. Y es que, a pesar de que haya personas que buscan reducir su impacto climático, pueden tomar sus decisiones basándose en información errónea o interesada proporcionada por las empresas. «Estas prácticas debilitan la toma de decisiones informadas sobre los compromisos medioambientales de los proveedores energéticos y el impacto real de los productos energéticos, retrasando la adopción de soluciones verdaderamente limpias», recalca la responsable de energía de CECU.

Ante esta situación, las organizaciones firmantes piden a las autoridades europeas y nacionales que exijan a las compañías que dejen de usar afirmaciones engañosas de marketing ecológico, que supervisen el uso de estas afirmaciones e impongan multas a las empresas si continúan utilizándolas, que soliciten a las empresas que compensen a los consumidores por cobrar precios más altos por productos de energía verde basados en afirmaciones engañosas, y que informen a los consumidores de que las inversiones de las empresas en proyectos de protección del clima no compensan las emisiones de la empresa ni de sus productos.

«Que las empresas contribuyan económicamente a proyectos climáticos tiene un gran valor. Pero no deberían presentar estas contribuciones de manera que sugiera que las emisiones de sus productos, especialmente los derivados de combustibles fósiles, están neutralizadas o compensadas», concluye Montero, que añade: «Estas afirmaciones pueden confundir a los consumidores sobre el verdadero impacto medioambiental de los combustibles fósiles”.

En este sentido, la Unión Europea cuenta desde 2024 con una directiva específica frente al greenwashing, que prohíbe las alegaciones ecológicas vagas o genéricas, limita las etiquetas de sostenibilidad privadas y establece medidas frente a la obsolescencia programada, entre otras cosas. Esta norma, sin embargo, todavía no ha sido traspuesta a la legislación española (el límite para hacerlo terminaba en marzo de 2026). A pesar de ello, su cumplimiento para todas las empresas que operen en la UE será plenamente obligatorio a partir del 27 de septiembre de este año.

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