Nueva Pescanova se da por vencida y no habrá granja de pulpos en Gran Canaria

Tras años de fuerte oposición ciudadana, ecologista y científica, la empresa pesquera desiste oficialmente de su macroproyecto en el Puerto de Las Palmas alegando trabas regulatorias, aunque deja la puerta entreabierta a futuras alternativas.
Nueva Pescanova se da por vencida y no habrá granja de pulpos en Gran Canaria
Manifestación en 2023 contra la granja de pulpos. Foto: Richard Zubelzu/ZUMA Press Wire.

El que estaba destinado a ser el primer gran experimento mundial de cría intensiva de pulpos ha llegado a un final abrupto. La multinacional Nueva Pescanova ha presentado formalmente ante la Autoridad Portuaria de Las Palmas su solicitud de desistimiento para la instalación de una macrogranja de cría y engorde de pulpos en la dársena de La Esfinge, en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria. Desde su anuncio en 2021, el proyecto había levantado multitud de críticas por sus enormes implicaciones éticas y medioambientales.

Con este movimiento, la Autoridad Portuaria procederá al archivo definitivo del expediente, cerrando (al menos de momento) uno de los capítulos más tensos de la industria de la acuicultura reciente en nuestro país. Desde Climática nos hemos puesto en contacto con Nueva Pescanova para ampliar la información. No obstante, la compañía se ha limitado a confirmar la noticia.

3.000 toneladas de pulpos al año

Como explica la periodista Lara Graña en Faro de Vigo, Nueva Pescanova justifica su retirada amparándose en motivos puramente burocráticos. La empresa alega «consideraciones empresariales y regulatorias» derivadas de los complejos giros que había tomado el procedimiento. 

El punto de inflexión llegó cuando la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental del Gobierno de Canarias obligó a someter el proyecto a una Evaluación Ambiental Ordinaria —mucho más rigurosa y exhaustiva—, en lugar del trámite simplificado que la compañía esperaba sortear.

Esta exigencia técnica pretendía fiscalizar a fondo posibles efectos adversos significativos de la instalación, como el empeoramiento de la calidad de las aguas portuarias por vertidos orgánicos y el riesgo de malos olores. Acorde a la documentación que han remitido a la Autoridad Portuaria, todo ello modificó de forma sustancial las condiciones, alcance, plazos y requisitos regulatorios del planteamiento inicial, trastocando la viabilidad inmediata de la granja. 

Con un presupuesto de 50 millones de euros y una ocupación de 50.000 metros cuadrados, la pesquera pretendía alcanzar una producción anual de 3.000 toneladas de cefalópodos, equivalente a más del 10% del consumo nacional. No obstante, en su escrito de renuncia, la multinacional asegura que esta decisión no implica un reconocimiento sobre la «eventual viabilidad futura de otras alternativas técnicas, ambientales o de ubicación».

Impacto ambiental y de bienestar animal

Para la comunidad científica y los colectivos ecologistas, el proyecto de Nueva Pescanova era una aberración desde su concepción. Durante estos años, biólogos marinos y etólogos han advertido sobre la incompatibilidad de someter a cautiverio a una especie como el pulpo al ser excepcionalmente inteligentes, altamente sintientes, territoriales y de naturaleza estricta y solitaria. Confinarlos en tanques de engorde suponía un riesgo de estrés severo, canibalismo y sufrimiento crónico, insistían especialistas y activistas.

En este sentido, un informe elaborado por la ONG británica Compassion in World Farming (CIWF) volvía a poner recientemente en entredicho esta actividad, apuntando a la imposibilidad de garantizar unas condiciones de vida dignas para la especie bajo un régimen intensivo. Según la organización, España es el país que más fondos públicos invierte en la cría de estos animales. En concreto, 9,7 millones de euros destinados a desarrollar una práctica que los responsables de la ONG consideran “cruel e insostenible” precisamente por vulnerar las necesidades biológicas y cognitivas del pulpo. De todo ese dinero, 3,6 millones de euros proceden de fondos de la Unión Europea, ya sea en forma de financiación directa o como parte de préstamos para apoyar a empresas privadas involucradas en esa práctica.

El carpetazo a la macrogranja no puede entenderse sin la movilización sin precedentes que ha rodeado al caso. La oposición trascendió rápidamente el archipiélago canario para convertirse en una causa global. En las últimas semanas, la presión sobre Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, se había intensificado con el envío masivo de miles de correos electrónicos exigiendo el fin de la tramitación.

A esto se suma la gran coalición de organizaciones —entre las que destacan Ecologistas en Acción, AnimaNaturalis, Acción Océanos y Eurogroup for Animals, entre otras— que había convocado una protesta presencial para este mismo sábado, 25 de julio, frente al puerto.

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