EFE/Climática
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El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han alcanzado este martes un acuerdo provisional para dar un año adicional a las empresas con el objetivo de que puedan cumplir con la legislación sobre deforestación, que prohíbe la venta en la UE de productos procedentes de tierras deforestadas.
En virtud de este pacto, que debe ser aprobado ahora formalmente por los dos colegisladores europeos antes de su entrada en vigor, la ley se aplicará plenamente a los grandes operadores y comerciantes a partir del 30 de diciembre de 2025, y seis meses más tarde, el 30 de junio de 2026, a las microempresas y las pequeñas empresas.
Este plazo adicional garantizará una aplicación «adecuada y eficaz» del Reglamento de la UE sobre deforestación (EUDR), preservando al mismo tiempo su «integridad», señala en un comunicado la Comisión Europea, promotora de la ley y también de la propuesta de aplazamiento en su aplicación.
También el Consejo de la UE y el Parlamento coincidieron hoy en que este plazo adicional permite dar tiempo suficiente a las empresas para llevar a cabo una implementación de la normativa sin problemas.
Cuando la norma entre plenamente en vigor, afectará a todas las empresas pertinentes que comercializan en la UE o exportan desde ella aceite de palma, ganado, soja, café, cacao, madera y caucho, así como algunos de sus productos derivados (como carne de vacuno, muebles o chocolate).
La aplicación completa de la norma estaba prevista para el 30 de diciembre de este año. Empresas y Estados han tenido año y medio para adaptarse al reglamento. Sin embargo, el Partido Popular Europeo y algunos sectores industriales de países como Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Indonesia, Estados Unidos, Malasia, Australia, Nueva Zelanda o Canadá se han mostrado en contra del texto en los últimos meses.
Un período adicional de 12 meses para la aplicación progresiva del sistema es una solución «equilibrada» para ayudar a los operadores de todo el mundo a garantizar una aplicación «fluida» desde el principio, según la Comisión Europea.
Este aplazamiento, insisten desde Bruselas, es esencial para garantizar la certeza sobre el camino a seguir y asegurar el éxito del reglamento, que entró en vigor a finales de junio y estaba previsto que se aplicase inicialmente desde finales de este año.
El sistema de información en el que las empresas registrarán sus declaraciones de diligencia debida entrará en funcionamiento este miércoles, precisó la Comisión.
Las plataformas de datos que rastrean el origen de los productos y un sistema de clasificación de riesgos estarán operativos al menos seis meses antes de que la ley entre en vigor.
Y, a partir de 2028, los países que practiquen una gestión forestal sostenible y demuestren que no deforestan tendrán la oportunidad de quedar exentos de trámites burocráticos innecesarios.
Carlos Bravo, asesor senior de la organización Mighty Earth y miembro de la Alianza Cero Deforestación, explicaba a Climática hace unos meses que esta prórroga es injusta para los sectores productivos que ya estaban preparados. «Este año de hacer la vista gorda ante la deforestación va a perjudicar a las empresas que habían hecho inversiones y se habían preocupado de seguir las instrucciones del reglamento para cumplirlo a partir del 1 de enero. Al final, se han salido con la suya quienes van a seguir exportando materiales vinculados a la deforestación porque se lanza el mensaje de que la Unión Europea no va estar vigilante y parece que no va a haber sanciones«, lamentaba Bravo.
La deforestación y la degradación forestal están consideradas como impulsoras del cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que entre 1990 y 2020 se perdieron 420 millones de hectáreas de bosque, una superficie mayor que la de la Unión Europea, debido a la deforestación.
En términos de pérdida neta de superficie (la diferencia entre la superficie de bosque talada y la nueva superficie de bosque plantada o regenerada), la FAO estima que el mundo perdió alrededor de 178 millones de hectáreas de cubierta forestal en el mismo período de tiempo, lo que supone una superficie tres veces mayor que la de Francia.
El Grupo Intergubernamental de Especialistas sobre el Cambio Climático (IPCC) estima que el 23% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (2007-2016) provienen de la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra
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Rechazamos la firma del tratado entre la UE y Mercosur
Organizaciones ecologistas consideran que el tratado de libre comercio firmado ayer 6 de diciembre solo favorece a las multinacionales y tendrá graves repercusiones ambientales y sociales.
El tratado agravará los impactos del comercio internacional sobre la agricultura familiar en los dos bloques, aumentará el extractivismo y profundizará la crisis climática y la pérdida de biodiversidad.
Aunque para su ratificación definitiva en principio sería necesaria la aprobación de los 27 Estados miembros de la UE, no se descarta que la Comisión Europea divida el acuerdo en dos partes, lo que permitiría eludir el control democrático y el derecho de veto por parte de los parlamentos nacionales.
El acuerdo EU-Mercosur acaba de firmarse tras años de negociaciones a puerta cerrada a pesar del rechazo recientemente expresado por más de 400 organizaciones de todo el mundo en una declaración conjunta contra la firma del tratado.
El acuerdo comportará grandes beneficios para las multinacionales a un gran coste humano y ambiental. Como ya mostró un informe realizado por Ecologistas en Acción y Entrepobles en 2022, se trata de un acuerdo neocolonial que supone acentuar el papel de los países del Mercosur como exportadores de materias primas de todo tipo, especialmente las agropecuarias, lo que aleja aún más cualquier esperanza de Soberanía Alimentaria a ambos lados del Atlántico y dificulta posibles estrategias futuras para el desarrollo de un comercio justo entre ambas regiones.
Por su parte, Europa aumentaría la exportación de productos industriales, incluyendo pesticidas peligrosos cuya utilización está prohibida en la UE y otros bienes de consumo como coches o maquinaria agrícola, desarticulando el tejido industrial interno de esa región sudamericana.
El acuerdo viene a reforzar una relación comercial colonial y extractivista que agravará las desigualdades sociales, fomentará la deforestación, acelerará la crisis climática y aumentará el riesgo de desplazamiento de pueblos y violaciones de derechos humanos.
El acuerdo viene a reforzar una relación comercial colonial y extractivista que agravará las desigualdades sociales, fomentará la deforestación, acelerará la crisis climática y aumentará el riesgo de desplazamiento de pueblos y violaciones de derechos humanos.
En este contexto, la UE, que dice defender la transición verde, está dispuesta a hacer negocios con Argentina, con un presidente como Milei de extrema derecha negacionista de toda la problemática ecológica y social. La firma del acuerdo comercial UE–Mercosur que ya de por si perjudica el medio ambiente y las condiciones sociales en ambos bloques signatarios es directamente dar otro impulso hacia el abismo.
El acuerdo deberá ser ratificado en Europa y en los países del Mercosur. En la UE, el acuerdo debería, en teoría, ser acordado por unanimidad por todos los gobiernos de la UE y luego ser examinado y votado por los parlamentos nacionales y algunos regionales.
Sin embargo, la Comisión Europea podría dividir el acuerdo UE-Mercosur en instrumentos separados para eludir el derecho de veto de los gobiernos nacionales de la UE e impedir el control democrático de los parlamentos nacionales y regionales.
Ecologistas en Acción lleva más de 20 años haciendo frente a los mal llamados tratados de “libre comercio”, que solo dan libertad a las transnacionales, aceleran e incrementan el saqueo de los bienes naturales, mientras consolidan aún más y prolonga las relaciones neocoloniales, mediante un intercambio desigual entre países del Norte y el Sur global.
A pesar de este revés, la organización ecologista seguirá trabajando con organizaciones aliadas y afines en la UE y en Mercosur para tratar de impedir la ratificación del acuerdo.
¡ La naturaleza no es una mercancía !
Una propuesta de gobiernos de algunos países ricos y Naciones Unidas pretende frenar la extinción masiva de especies introduciendo un sistema de «medidas compensatorias» y «créditos de biodiversidad». Así, las empresas estarán comprando el derecho a seguir destruyendo el ambiente como hasta ahora. Es una solución falsa. ¡Digamos NO!
“La red de la vida debe protegerse eficazmente. Las compensaciones y los créditos de biodiversidad son falsas soluciones peligrosas.”
Se necesitan miles de millones de euros para proteger la naturaleza. La Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas ONU, gobiernos, empresas y grupos de presión promueven los pagos compensatorios y los certificados de biodiversidad.
Estos sistemas, sin embargo, muy rara vez funcionan y conllevan grandes riesgos, mientras desvían la atención de las verdaderas soluciones al problema fundamental de la pérdida de biodiversidad.
Los créditos de biodiversidad podrían llegar a ser tan poco efectivos como ya sucede con los créditos de carbono.
La conservación de la naturaleza no puede dejarse en manos del «mercado», sino que necesita de leyes eficaces. Hay que acabar con subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, introducir otros instrumentos para ayudar a financiar la protección de la naturaleza como impuestos sobre transacciones financieras, reforzar los derechos de los pueblos indígenas, a menudo los defensores más eficaces del medio ambiente y, sobre todo, cambiar drásticamente nuestros hábitos de consumo.
https://www.salvalaselva.org/peticion/1296/la-naturaleza-no-es-una-mercancia