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Miguel Fernández
César A. Ipenza es un abogado peruano especializado en delitos medioambientales. A lo largo de su dilatada carrera, Ipenza ha asesorado a dos ministros del Ambiente de Perú –entre 2008 y 2011 a Antonio Brack, y entre 2016 y 2018 a Elsa Galarza–, y ha aconsejado al Estado en normativas vitales para la defensa del medio ambiente y las comunidades nativas, entre ellas el derecho de consulta de los pueblos indígenas o el Acuerdo de Escazú. Asesor externo de la Fiscalía peruana para los delitos ambientales y el crimen organizado, su trabajo le lleva inevitablemente a la Amazonia, desde donde denuncia las actividades ilícitas que están poniendo en peligro el pulmón del mundo: la deforestación, la minería ilegal, el narcotráfico.
«La cifra de deforestación creció tremendamente en pandemia y se debió en gran medida a que muchas personas regresaron a sus lugares de origen. Como no tenían oportunidades, fueron al monte y comenzaron a tumbar [bosques] para cultivar. También crecieron abismalmente actividades ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal», explica Ipenza, cuya familia lleva más de un siglo dedicada al cultivo de café en la Amazonia central, en Villa Rica. «El 47% de las emisiones de gases de efecto invernadero son producto del cambio de uso de suelo: voy y tumbo el bosque, cultivo, y como el suelo es pobre, me voy al costado y sigo tumbando y produciendo», añade.
En una videollamada con Climática, Ipenza desgrana la última dispositiva legal aprobada por el Congreso peruano que afecta al medio ambiente: la reforma en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Ratificada en enero de 2024, esta normativa permite legalizar las tierras deforestadas por empresas y particulares, y antepone la vertiente económica a la medioambiental, razón por la que las competencias radican en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Es un texto legal tan cuestionable que, antes de aprobarse, la entonces ministra del Ambiente, Albina Ruiz Ríos, dijo que «regulariza las actividades ilegales vinculadas a la deforestación, generando presión en el bosque en pie, emisiones de gases de efecto invernadero y acelerando la pérdida de nuestro patrimonio natural». El director del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre también mostró su preocupación por las facilidades para el cambio de uso de suelo, teniendo en cuenta que «es la principal causa de la deforestación y degradación de suelos en nuestro país».
Pese a las muestras autorizadas que pedían rechazarla, el Parlamento aprobó esta ley. «Estamos en una situación complicada para la democracia: nos gobierna una alianza de delincuentes. Cada día es más vergonzoso», lamenta Ipenza, quien, al ser preguntado por una solución impuesta por la comunidad internacional para proteger la Amazonia, reconoce la soberanía de los países y encuentra la solución en la ciudadanía: «El Tratado de Cooperación Amazónica reitera la soberanía de los ocho países amazónicos sobre la Amazonía. Más allá de nuestros gobiernos fallidos, corruptos y cuestionables, toca insistir en el rol de la ciudadanía. Aunque sea difícil, los ciudadanos tenemos que presionar a las autoridades y utilizar las herramientas que nos da el Estado de derecho».
¿Qué cambios conflictivos introduce la reforma de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre?
Dos cosas llaman la atención. Una es definir el bosque solo desde una visión agrarista. Antes de esta ley, cuando se hacía el proceso de zonificación forestal de los bosques, participaba de forma vinculante el Ministerio del Ambiente, pero a raíz del cambio quien tiene la voz cantante es el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y no tiene por qué tener en consideración al Ministerio del Ambiente. El otro problema es la creación de zonas de exclusión para fines agropecuarios en las que no se requiere la zonificación forestal ni el análisis del suelo: se tomará una decisión sin ninguna herramienta técnica; es una forma de hacer borrón y cuenta nueva con los suelos deforestados. Además, en Perú los bosques y la fauna son patrimonio del Estado y no pueden convertirse en propiedad privada, pero con este tipo de normas, en la práctica, se dan las condiciones para que actores privados se apropien de tierras públicas.
Y esas son las tierras que los agroindustriales han ocupado de forma ilegal sin tener la calificación del suelo.
Así es. Empresas grandes han recurrido a estrategias diversas para hacerse con una cantidad importante de terrenos de más de 10.000 hectáreas. Han tumbado ese bosque sin tener la autorización e incluso han entrado en conflicto con algunos pueblos indígenas, en Ucayali particularmente. Todo este avance se demuestra con el del uso de imágenes satelitales: cuando ingresaron, eliminaron el bosque y plantaron palma, por ejemplo. Estas empresas se ven beneficiadas por este tipo de normas y han presionado para impulsar la ley con el argumento de que beneficiará a los pequeños agricultores de la Amazonía.
Los terrenos ocupados antes de entrar en vigor la ley van a legalizarse. ¿Qué ocurrirá con los terrenos que se ocupen después de haberse aprobado esta normativa?
La ley dice que solo se aplicará en los terrenos que estaban [ocupados] antes de aprobarse, pero nuestra experiencia nos dice que volveremos a tener otros congresistas populistas como estos que digan ‘si se hizo antes, por qué no hacerlo nuevamente’, y así, en cinco años, tendremos una nueva ley que permita la deforestación. Y esto tiene implicaciones penales. Según nuestro Código Penal, la gente puede ir a prisión por deforestar un bosque, pero esta norma facilita la impunidad: los procesos penales en curso se caerán ya que las empresas procesadas pueden ampararse en esta ley para no ser sancionadas. Lo más interesante para la Unión Europea (UE) es que los promotores de esta norma han usado de excusa la regulación de deforestación cero de la UE, la EUDR [Reglamento sobre productos libres de deforestación, en español].
¿Qué alegan para decir que es lo que pide la UE?
Como este año [en diciembre] entra en vigor este reglamento de deforestación cero para productos como el café, el cacao o la soja, la UE nos va a dar la lista de los países que representen un riesgo y que no van a poder exportar a la UE los productos que hayan sido resultado de un proceso de deforestación. Entonces, para demostrar que es legal la extracción, [los que han desarrollado esta ley] dan autorizaciones y titulan aquello que se ha deforestado. Han acomodado el discurso para decir que responden a una exigencia de la UE y que si no los pobres agricultores de la Amazonia no podrán exportar a la UE.
Y la UE tendría que asegurar que no importará nada de estos terrenos legalizados.
Así es, pero solamente nos hemos quedado con la ley antiforestal. Hay más, otra ley antiforestal está en desarrollo y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego ha planteado nuevas normas. Por ejemplo, en el Congreso está una ley para evitar la fiscalización de una especie, el shihuahuaco, que está amparada por el convenio CITES, que es un convenio internacional sobre el comercio de especies amenazadas de flora y fauna silvestres.
El shihuahuaco es una especie dipteryx, un árbol madre de la Amazonía, y de acuerdo a nuestra legislación, para extraerlo tiene que tener 52 centímetros de talla mínima, pero para tener 52 centímetros necesita 332 años. Hay árboles de más de un metro de diámetro y se extraen árboles de más de 1.000 años. Entonces, ha habido una sobreexplotación de esta madera que está llevando a su desaparición en ciertas regiones.
En 2020, la UE pidió que se incluyera en el anexo II del convenio CITES para regular el comercio mundial y evitar una extracción que ponga en riesgo la viabilidad de la especie. En el 2022, la UE nuevamente lo pidió. Perú ha insistido en que necesitaba tiempo para que entrara en vigor porque tenía que fiscalizar oportunamente la madera, pero a principios de este año, o a finales del anterior, en el Congreso presentaron un proyecto de ley para que ya no haya una fiscalización del 100% de la madera extraída, y ni siquiera nos dicen la metodología de fiscalización. Así podrán seguir extrayendo lo que les parezca.
La UE tiene menos peso internacional. ¿Tiene fuerza suficiente como para imponer las normas en la Amazonía?
Todavía puede hacerlo, aunque ahora hay mucha presión: nuestro principal socio comercial es China, eso es innegable, por todo el tema de los minerales, de la madera y de algunas importantes materias primas. Pero con la UE hay una relación que data de largo tiempo y países como Noruega, Alemania y Francia están haciendo ofertas importantes para conservar la Amazonía. Entonces, en esa lógica de socios, la UE puede hacer presión. Desde el respeto, la embajadas se posicionaron en contra de la ley antiforestal, aunque al final el Congreso la aprobó, de repente, sin estar en la agenda.
Si esta ley es revocada por inconstitucional, ¿podría revertirse lo que se ha legalizado?
Así es, pero es muy complejo revertir todo el daño causado.
Quienes sustentan la inconstitucionalidad de esta ley aseguran que el derecho de consulta de los pueblos indígenas no se efectuó de forma apropiada.
En 2009, ciertos grupos económicos pretendieron crear una la ley forestal y tuvimos un conflicto tremendo [el Baguazo] que forzó al Gobierno a derogar la norma. Entonces, se redactó una nueva ley forestal con la participación de los pueblos indígenas. Desde el Ejecutivo, participé en ese proceso, al igual que en la Ley de Consulta Previa. Entonces, la lógica nos dice que, para modificar una ley que fue creada con los pueblos indígenas y sometida a consulta, se requiere también un proceso de consulta previa. Y eso es lo que están pidiendo los pueblos indígenas, cuyas dinámicas han cambiado muchísimo: los jóvenes tienen otras prioridades, aspiran al modelo de bienestar que pretenden todos en la sociedad. Por eso hay luchas internas en las comunidades: unos buscan mantener la identidad y el territorio y otros sienten que hay otras amenazas mayores.
¿Qué consecuencias tiene esta ley en las comunidades nativas y sus tierras?
Muchas de las comunidades habían pedido la ampliación de las tierras comunales invadidas, pero el Estado va a priorizar a los invasores frente a las comunidades nativas; les va a reconocer primero porque hay una deforestación consumada y van a acreditar presencia y posesión del territorio que deforestaron.
¿Y eso no sería inconstitucional?
No, pero son argumentos que suman a la inconstitucionalidad. Cada caso es particular y la Amazonía es tan compleja y diversa que hay muchas dinámicas en torno a la disputa entre invasores y comuneros. Por ejemplo, ¿qué haces cuando ya tienes asentadas personas? Difícilmente puedes ejecutar un desalojo. Esta ley facilita el camino para obtener títulos y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego ha señalado que va ha haber un récord en el proceso de titulación de tierras.
Siempre y cuando estas tierras estén explotándose económicamente.
Así es.
Si consiguen que esta ley sea considerada anticonstitucional, ¿qué ocurrirá con las áreas protegidas ocupadas por colonos?
Habrá de todo. He tenido la oportunidad de trabajar en el Ministerio del Ambiente y por primera vez, en el año 2010, logramos desalojar a invasores que habían estado dentro de un área protegida y tenían una escuela y una posta de salud. Ese fue el único ejemplo de aplicación efectiva de la ley: en todos los demás casos, las autoridades no quieren un conflicto y, por ende, son bastante permisibles.
¿Un solo caso desde 2010?
Sí, en el bosque Pómac, en el norte del Perú, en Lambayeque, y los invasores asesinaron a dos policías.
Teniendo en cuenta que las personas siguen asentándose en la Amazonía, ¿cómo puede revertirse la situación sin desalojarlas?
Es difícil decirle a la gente que se vaya. Primero, hay que garantizar la tenencia de la tierra y el respeto de las tierras públicas. Luego hay que generar incentivos para evitar deforestar el bosque. Esto pasa por compensar, por explicar que las tierras son pobres y que tendrán que volver a migrar. Entonces, hay que encontrar ese punto en el que mantener la biodiversidad genere mayor riqueza que destruirla. Pese a que hay varios ejemplos, este paradigma no es masivo en la Amazonía.
¿Por qué?
Porque la prioridad de todos sigue la lógica de tener más. Para muchos, una mejor vida significa tener todas las comodidades y para eso hace falta tener dinero.
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