Las claves de la Ley de Movilidad Sostenible: un derecho de la ciudadanía

El Congreso ha aprobado este miércoles el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible por 174 votos a favor, 170 en contra y las 4 abstenciones de Podemos, que se oponía al texto por la ampliación del aeropuerto Barcelona-El Prat. Finalmente, el partido liderado por Ione Belarra –que también mantuvo en vilo el resultado del decreto sobre el embargo de armas a Israel– ha cerrado un acuerdo con el Ministerio de Transportes para que la ejecución material de la ampliación del aeropuerto no empiece antes de 2031.

El proyecto de ley, que será remitido al Senado para completar su tramitación, tiene por objeto “establecer las condiciones necesarias para que los ciudadanos y ciudadanas, así como las entidades públicas o privadas, puedan disponer de un sistema de movilidad sostenible, justo e inclusivo como herramienta para lograr una mayor cohesión social y territorial, contribuir a un desarrollo económico resiliente y alcanzar los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y otros contaminantes y mejora de la calidad del aire”. Su aprobación es clave para garantizar el acceso a los fondos europeos del Plan de Recuperación, que suman cerca de 10.000 millones de euros. 

Los pilares de la ley

Según explica el Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, la futura ley se sustentará en cuatro pilares. El primero de ellos es que, por primera vez, la ley reconocerá la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía. Esta deberá ser accesible e inclusiva, de tal manera que las administraciones trabajarán de forma coordinada para garantizarla.

En este contexto, consolida el sistema concesional de autobuses, «garantizando que ningún ciudadano pierda oportunidades de viaje», ya que el Ministerio asegurará la parada en todos los municipios actualmente atendidos por las concesiones estatales en caso de que las comunidades autónomas no acepten prestar los servicios de su competencia. Además, la norma protege la financiación estatal al transporte urbano.

En segundo lugar, reconoce una movilidad limpia y sana. El transporte es responsable del 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España –argumenta Transportes–, por lo que urge avanzar en la «descarbonización del sector para cumplir con los compromisos internacionales y contribuir a mejorar la calidad del aire».

De forma concreta, la ley establece por primera vez la necesidad de llegar a la neutralidad climática en el sector del transporte. Introduce mecanismos para la descarbonización progresiva y, en materia de vehículos ligeros para el transporte por carretera, se apuesta por la necesidad de actualizar las etiquetas medioambientales de la DGT, teniendo en cuenta la evolución tecnológica de estos vehículos.

Asimismo, la norma apuesta por un sistema digital e innovador. Se incluye en ella la creación del Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM), el cual permitirá disponer de información sistematizada del funcionamiento del sistema de transportes y movilidad para el diseño sólido de las políticas públicas. «De esta forma, se garantiza la participación activa de todas las administraciones con competencias en esta materia apostando así por un sistema de cogobernanza», añade el ministerio.

Finalmente, el cuarto pilar apuesta por invertir al servicio de la ciudadanía y mejorar la calidad de las decisiones de gasto en transporte y movilidad, así como una mayor participación pública. Así pues, se establece la necesidad de análisis que garanticen la rentabilidad socioambiental de todas las actuaciones, y mecanismos para reforzar la transparencia y rendición de cuentas.

Otras reformas introducidas

Según el texto, las Administraciones deben velar por incentivar y promover soluciones sostenibles, priorizando la movilidad activa y el transporte público colectivo. Se trata de avanzar en la transformación “de la ciudad de los coches” a la “ciudad de las personas”.

Además, se introduce la obligación de que los grandes centros de actividad y las empresas de más de 200 personas trabajadoras por centro, o 100 por turno, dispongan de planes de movilidad sostenible al trabajo. Estos planes se consideran una herramienta imprescindible para avanzar en el impulso de la movilidad sostenible en los trayectos de ida y vuelta al centro de trabajo. Las empresas podrán optar por distintas alternativas como potenciar la movilidad activa, la eléctrica, la compartida o el transporte colectivo o bien apostar por flexibilizar los horarios de entrada y salida y el teletrabajo.

«Dado que la movilidad impacta de manera relevante en la calidad de vida de las personas, la norma vincula el derecho a la movilidad con la obligación de elaborar una Estrategia Estatal contra la Pobreza de Transporte dirigida a paliar las carencias que tiene el sistema de transportes desde el punto de vista tanto de infraestructuras como de servicios», concluye el Gobierno.