El coste del apagón: la factura ciudadana se dispara hasta los 1.500 millones y consolida la dependencia del ‘fracking’ estadounidense

La sombra del gran apagón del pasado 28 de abril de 2025 sigue proyectándose sobre la factura energética y el medio ambiente en España. Lejos de avanzar de forma decidida hacia la descarbonización, el sistema energético estatal ha profundizado su adicción a los combustibles fósiles, encareciendo los costes para los consumidores e incrementando notablemente las emisiones contaminantes. Así lo revela el Anuario crítico del gas fósil en el Estado español, publicado este lunes por la red Gas No Es Solución, plataforma de la que forma parte Ecologistas en Acción.

La activación de la llamada «Operación Reforzada» (o mercado reforzado) por parte de Red Eléctrica trajo consigo un uso masivo de las centrales de ciclo combinado. Como resultado directo, la generación de electricidad a partir de gas experimentó un aumento del 39% en comparación con los datos del año anterior. En el cómputo global de 2025, el consumo total de gas en España repuntó un 6,2%, arrastrado fundamentalmente por este sector eléctrico, cuyas emisiones de efecto invernadero crecieron un 16%.

Este incremento ha supuesto un duro golpe para el bolsillo de la ciudadanía. Las organizaciones ecologistas estiman que el sobredimensionamiento de esta respuesta de emergencia ha generado unos sobrecostes para los consumidores que oscilan entre los 422 y los 1.500 millones de euros. Por ello, exigen que el gas sea eliminado gradualmente del sistema eléctrico a la mayor brevedad posible.

De Rusia al Golfo de México

Más allá de los sobrecostes internos, el informe destapa que España no está reduciendo su dependencia fósil, sino que simplemente está cambiando de socios comerciales. En un contexto de reestructuración global, el país ha consolidado una dependencia creciente de Estados Unidos, que ya se ha erigido como el segundo mayor proveedor estatal (30,8%), solo por detrás de Argelia (35,5%).

Según el anuario, el 100% del gas importado desde suelo estadounidense durante 2025 zarpó de terminales ubicadas en el Golfo de México y está vinculado a la fracturación hidráulica o fracking. Esta técnica de extracción, que conlleva graves y documentados impactos ambientales y sociales sobre las comunidades locales, está prohibida por ley dentro del territorio español. El informe señala directamente a grandes energéticas como Naturgy, Endesa y Repsol, junto con entidades financieras de la talla de Banco Santander, BBVA y CaixaBank, acusándolas de ser presuntas cómplices de un modelo impulsado por «intereses geopolíticos y corporativos».

El Musel: el paradigma de la mala planificación

El análisis también lanza una alerta sobre un peligro invisible: el metano, un gas con un potencial de calentamiento 82,5 veces superior al CO₂ en un horizonte de 20 años. En 2025, las fugas asociadas a los principales proveedores de España se dispararon. Argelia las aumentó un 240% y EE. UU. registró 774 fugas detectadas.

Paralelamente, España sostiene una infraestructura infrautilizada y costosa. Durante el primer semestre de 2025, cinco de las siete regasificadoras del país operaron por debajo del 35% de su capacidad. El paradigma del despilfarro es El Musel (Gijón): reactivada en 2023 como supuesto hub de solidaridad europea, más del 80% de su gas acabó inyectado en el mercado interno, amenazando con trasladar un coste de 670 millones de euros a la factura ciudadana. La amenaza fósil se extiende a espacios naturales críticos, con proyectos como el almacén Marismas-3NE, que pone en riesgo el acuífero de Doñana.

Esta infraestructura, cuyo coste podría suponer una losa de 670 millones de euros para los consumidores, ejemplifica el sobredimensionamiento de la red: durante el primer semestre de 2025, cinco de las siete regasificadoras españolas operaron con niveles de utilización inferiores al 35%.

Alerta frente al lavado verde

Ante la urgencia de descarbonizar, el sector promueve alternativas como el biometano. Sin embargo, la red ecologista advierte que, sin criterios estrictos, este gas renovable funcionará como un mecanismo de «lavado verde» para prolongar artificialmente la vida de las redes de distribución fósil.

Por ello, demandan que el nuevo Sello de Excelencia de Biometano tenga valor regulatorio real, excluya a las macrogranjas y prohíba inyecciones indiscriminadas en la red doméstica. La hoja de ruta planteada por las organizaciones es taxativa: poner fin a las importaciones de fracking, detener las inversiones en nuevas infraestructuras y planificar el abandono definitivo del gas fósil para 2035.