Frente al lavado verde del gas fósil, organizaciones ecologistas avisan: es «el nuevo carbón»

Se le conoce como gas natural, pero es un combustible fósil al igual que lo son el carbón y el petróleo. Aunque el gas fósil representa apenas el 15% de la generación eléctrica en España, es responsable del 52,6% de las emisiones de la generación de electricidad. En 2024, solo los ciclos combinados de gas generaron más de 14 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂) equivalente. Pero la contaminación no se limita a la combustión: las fugas de metano que se producen a lo largo de la cadena de producción, transporte y distribución del gas también tienen un efecto devastador. El metano es un gas de efecto invernadero hasta 86 veces más potente que el dióxido de carbono en un periodo de veinte años.

Estos datos y advertencias las recoge el Anuario del gas fósil en el Estado español 2023-2024, presentado por la plataforma Gas No es Solución, una alianza que reúne a más de veinte organizaciones ecologistas y sociales, entre ellas Ecologistas en Acción. El informe ofrece un análisis detallado sobre el impacto del gas en España y desmonta el relato que lo presenta como una alternativa “limpia” frente a otros hidrocarburos.

Uno de los mayores consumos de gas fósil es para generar electricidad (mayor al 40%). Además, dentro del consumo final de combustible (más  del 50%), el 57,3% fue para el sector industrial, seguido del sector doméstico (21,99%) y del comercio y los servicios públicos (13,8%).

La dependencia del exterior es otro de los aspectos clave que subraya el informe. España importa el 99,8% del gas que consume. Desde 2005, la producción interna no ha superado nunca el 0,5% del total, situándose habitualmente por debajo del 0,2%. En 2024, los principales proveedores fueron Argelia, Rusia, Estados Unidos y Nigeria. Un cambio especialmente preocupante se ha producido desde 2019, cuando las importaciones de gas natural licuado (GNL) comenzaron a superar a las de gas por gasoducto (GN), lo que implica mayores costes económicos y ambientales, además de una dependencia creciente de regímenes políticos inestables o autoritarios.

El anuario también pone el foco en las infraestructuras asociadas al gas. De las siete plantas regasificadoras que existen en España, cinco presentan en 2024 niveles de utilización inferiores al 40%. Algunas, como la de Barcelona (12%) o El Musel (14%), apenas se usan, lo que contrasta con la reciente puesta en marcha de esta última en 2023. Según los responsables del informe, esto evidencia un sobredimensionamiento del sistema que responde más a intereses empresariales que a necesidades energéticas reales.

Las grandes corporaciones que controlan el sector tampoco salen bien paradas. El informe denuncia la alta concentración de poder en empresas como Enagás, Naturgy, Repsol, Endesa e Iberdrola. Enagás destaca especialmente, ya que ostenta el doble rol de transportista y de Gestor Técnico del Sistema gasista, una combinación que ha despertado preocupación incluso en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por los posibles conflictos de interés que conlleva.

También se destaca el caso de la antes conocida como Gas Natural Fenosa, que es transportista, distribuidora (a través de Nedgia) y comercializadora. La empresa fósil posee parte del Medgaz, el gasoducto que conecta España con Argelia y que pertenece a dos compañías (Sonatrach, 51%, y Medina Partnership, 49%), a su vez propiedad de Naturgy (50%) y BlackRock (50%), fondo buitre conocido por causar estragos en el ámbito del derecho a la vivienda.

Uno de los capítulos más significativos del anuario se dedica al apagón eléctrico ocurrido el 28 de abril de 2025, cuando por primera vez se registró un “cero energético” en el sistema. Para la plataforma, este episodio no debe servir como excusa para dar marcha atrás en la transición energética ni para reforzar el papel del gas. En lugar de eso, abogan por avanzar hacia un modelo basado en la reducción del consumo, la eficiencia energética y el despliegue masivo de fuentes renovables.

Finalmente, el informe alerta sobre un problema silencioso pero muy relevante: las fugas de metano. Entre 2022 y 2024 se registraron 1.194 fugas en países exportadores de gas a España, especialmente en Estados Unidos y Argelia. En territorio español se contabilizaron otras 29 fugas, responsables de unas 212 toneladas de metano, la mayoría en zonas urbanas. Estas emisiones, difíciles de detectar y aún más difíciles de controlar, agravan considerablemente la huella climática del gas.

Lejos de ser una energía limpia o de transición, el gas fósil se perfila como el nuevo carbón. Así lo sostiene Gas No es Solución, que reclama una revisión urgente de las políticas energéticas españolas y una apuesta decidida por un modelo sostenible, justo y libre de combustibles fósiles.