Créditos de carbono azul en Andalucía: ¿Nueva herramienta ambiental o un giro más en la compensación dudosa?

En medio del silencio de la marisma, una serie de golpes secos. Un martillo y un cilindro hueco de poco más de un metro. Son herramientas que podrían parecer simples para doctores en ecología y ciencias del mar, pero a Fernando Brun e Ignacio Hernández les sobran para poder sacar un núcleo de sedimentos acumulados en las marismas mareales degradadas del margen norte del río Guadalete, en la ancha Bahía de Cádiz. El cilindro se va hundiendo en el fango, mientras Ignacio le da golpes con el martillo. Saldrá rebosado de una tierra grisácea y húmeda –“como plastilina”, añade el ecólogo–. Estos sedimentos acaparan cada vez más la atención de las autoridades públicas y empresas privadas. La razón: están repletos de carbono orgánico almacenado, llamado “carbono azul” por encontrarse en ecosistemas costeros. 

Desde 2018, la Junta de Andalucía ha desarrollado el Estándar andaluz de carbono para la certificación de créditos de carbono azul, junto con proyectos piloto para que empresas como Moeve (anteriormente conocida como Cepsa) o Navantia compensen parte de sus emisiones difusas a cambio de financiar la restauración de marismas y praderas de fanerógamas andaluzas. Además, la comunidad participa activamente en grupos de trabajo nacionales y europeos para promover la inclusión de los llamados ecosistemas de carbono azul en los esquemas de absorción de carbono. ¿Cómo funciona este esquema? ¿Podría ser una buena herramienta para financiar la necesaria protección y restauración de los ecosistemas costeros o, por el contrario, facilitaría un nuevo matiz azulado de lavado verde a grandes empresas contaminantes?

Para responder a estas preguntas, durante casi un año hemos realizado solicitudes de acceso a información, viajado sobre el terreno y hablado con las autoridades y los equipos multidisciplinares detrás de los proyectos piloto en la Bahía de Cádiz y el Cabo de Gata, y, con la ayuda de expertas de Carbon Market Watch (CMW) y científicos del Proyecto Berkeley de Comercio de Carbono, hemos analizado el llamado Estándar Andaluz. El resultado, como todo en cuestiones científicas, está lleno de matices, pero los expertos independientes coinciden mayoritariamente en un punto: ya sean de carbono verde o azul, los esquemas de compensación de emisiones no aportan la seguridad necesaria para poder neutralizar el impacto de emisiones fósiles a largo plazo, incluso cuando los proyectos mejoran  la biodiversidad y el estado de un espacio natural.

Las marismas y praderas marinas: ecosistemas vitales y amenazados

En las últimas décadas, el avance en el estudio de los flujos de carbono de estos ecosistemas ha revelado cómo estos ecosistemas “azules” llegan a capturar el CO2 a un ritmo hasta 10 veces más rápido que otros “pulmones” más conocidos como los bosques tropicales, fijándolo como carbono orgánico en las raíces de las plantas fanerógamas marinas y en las profundidades del sedimento de marismas saladas. Su valor biológico como espacios únicos para la avifauna local y migratoria, como protección de la erosión, la seguridad alimentaria y como barreras naturales contra la subida del nivel del mar es único. 

Dada su capacidad para absorber carbono, un gran número de biólogos consideran las marismas mareales y las praderas de fanerógamas marinas como la conocida Posidonia oceánica como importantes sumideros de carbono – siempre que estén en buen estado–. Por ello, su urgente protección frente a amenazas como la subida del nivel del mar, la urbanización, su colmatación o la presión de las embarcaciones turísticas va más allá de una restauración para aumentar y proteger la biodiversidad.

Empezado el deterioro, una marisma o pradera podría convertirse en una fuente de CO2, alerta Mar Otero, doctora en doctora en Ciencias del Mar y  especialista en soluciones basadas en la naturaleza y conservación marina de la Universidad de Málaga: “No es solamente una cuestión de secuestro, sino también de evitar emisiones”. Se estima que aproximadamente la mitad de los humedales costeros y de interior, unas 130.000 hectáreas inundables, se han perdido ya en Andalucía, mientras a nivel global, la degradación de las praderas marinas se estima en un promedio del 2% anual. Pese a que estos hábitats presentan un importante grado de resiliencia, en el caso de las marismas su capacidad para adaptarse a la subida del nivel del mar podría verse limitada por su elevado grado de urbanización, que llega al 60% en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz. 

El desarrollo del estándar: cuantificando ecosistemas costeros para convertirlos en créditos de compensación locales

Con el objetivo de cuantificar el carbono orgánico capturado por estos ecosistemas, Brun y Hernández, quienes forman parte del equipo del laboratorio de carbono azul de la Universidad de Cádiz, sacaron decenas de muestras de sedimentos en las marismas gaditanas, en el marco del proyecto europeo Life Blue Natura. Lo mismo se hizo en dos zonas más: en las marismas onubenses de la desembocadura del Odiel, considerada Paraje Natural, y en una zona de praderas de Posidonia oceánica de la costa almeriense situadas en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. “Lo que hicimos fue calcular la situación de partida, lo que es la línea de base de cuánto carbono hay aquí y cuánto carbono se pueda capturar aquí previsiblemente”, explica Brun. 

Según los datos del proyecto, en su conjunto, las marismas del PN Bahía de Cádiz y las del PN Marismas del Odiel acumulan de media unas 359 toneladas de dióxido de carbono por hectárea (tCO2/ha) en el primer metro de sedimentos, mientras que su capacidad anual de secuestro sería de 8,4 kt Co2/año en las marismas de Bahía de Cádiz y 2,8M tCO2/año en las Odiel. A su vez, el total de praderas de fanerógamas de los fondos marinos andaluces contienen 13,1 megatoneladas de carbono orgánico en el primer metro de sedimento, mientras que capturarían 14.384 tCO2/año. En su totalidad, estos “hábitats de carbono azul” secuestrarían entre 47 y 88 kilotoneladas de CO2 cada año en Andalucía, lo que equivale a entre el 0,1% y 0,2% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la comunidad autónoma en 2016.

De acuerdo a este estudio de los stocks y flujos de carbono realizado por los científicos del Grupo de Ecología de Macrófitos Acuáticos del CEAB-CSIC, uno de los más detallados llevados a cabo hasta el momento, la Junta de Andalucía ha desarrollado un “Estándar andaluz” publicado en 2021 y actualizado en 2023, con el fin de motivar a empresas privadas para que financien la restauración y protección de marismas y praderas fanerógamas y, a cambio, reciban créditos de carbono azul. Por cada unidad de absorción secuestrada en el ecosistema, la empresa financiadora – que debe desarrollar al menos parte de sus actividades en la comunidad andaluza – recibiría un crédito de carbono equivalente a esa tonelada, lo que le permitirá compensar parte de sus emisiones “difusas” –  es decir, las que no se incluyen en el régimen de comercio de emisiones, asociadas mayoritariamente a agricultura, el transporte y la gestión de residuo. Mientras este estándar de carbono azul ya está reconocido legalmente en el registro de compensaciones de la comunidad andaluza (SACE) y otras comunidades como la Comunidad Valenciana o el País Vasco están en camino, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aún no ha aprobado la revisión del Real Decreto que regula el registro de huella de carbono y compensación que permitiría la inclusión e interoperabilidad de estos proyectos a nivel nacional.

Ahora bien, estos proyectos en ecosistemas marinos presentan retos particulares como costos de verificación y actuación mucho más elevados que los forestales y unas tasas de éxito por el momento menores debido a limitaciones técnicas, incertidumbres ambientales y diferencias con ecosistemas terrestres, factores clave que, según sus promotores, han dado forma al Estándar Andaluz de Carbono Azul. 

Certificado por la entidad de verificación Aenor, el desarrollo inicial del código se produjo en el marco del citado proyecto LIFE, que tuvo un coste total de 2,5 millones de euros y fue financiado mayoritariamente por la Unión Europea (60% del total), la Junta, el CSIC, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la Asociación Hombre y Territorio. Pero también fue financiado con una aportación económica de 120.000 euros de la Fundación Cepsa, perteneciente a la empresa energética Compañía Española de Petróleos S.A., ahora conocida como Moeve, en su esfuerzo por alejarse de su reputación como la sexta empresa más contaminante en España. 

Esta involucración de Moeve se enmarca dentro de un creciente interés a escala mundial por parte del sector privado en soluciones basadas en la naturaleza para hacer frente a la crisis climática y, a la vez, maquillar su contabilidad de CO₂. En entrevistas con este medio, fuentes participantes del LIFE Blue Natura mencionaron una mayor participación de CEPSA más allá de la simple proporción de fondos, involucrando también “personal científico” de la compañía petrolera. Interrogados sobre este punto, ni la Fundación Moeve ni la OACC han aportado más información sobre la involucración de la fundación en el desarrollo del Estándar, y las solicitudes de transparencia realizadas tampoco han proporcionado más detalles al respecto. 

El primer proyecto, a punto de arrancar

“El Estándar era un pistoletazo de salida”, explica la encargada de la Oficina Andaluza de Cambio Climático Inmaculada Tola. Con el fin de adaptar y poner en práctica la metodología desarrollada con el Estándar, la Junta ha pasado a la siguiente fase: ofertar los primeros proyectos piloto de la Bahía de Cádiz y el Cabo de Gata-Níjar en el catálogo de proyectos del Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE). Pero estos están tomando cierto tiempo para atraer a empresas interesadas en financiarlos, en parte debido a la alta complejidad administrativa de los terrenos públicos marítimo-terrestres donde se realizarían, según reconoce Tola. Por el momento, el más avanzado es el que pretende reinundar 155 hectáreas de marisma degradada en el margen norte del río Guadalete y repoblarla con spartina marítima mediante el derrumbe de un muro existente que impide el fluir de la marea. “No lo desmantelarán en su totalidad, dejarán algunas islitas de refugio de cría para las aves”, añade Hernández, mientras repasa con el dedo índice la extensión del área de actuación. 

Dicho proyecto será financiado por un consorcio de cinco empresas, conformado por Navantia, Grupo Eulen, Metro de Málaga, Iberostar y Moeve, pero el convenio que lo posibilitará aún tiene que acabar de formalizarse, según informa la OACC. Desde mediados de octubre de 2024, Iberostar ya dispone de una concesión de parte de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul para la “compensación de carbono en marismas de la desembocadura del Guadalete”. Así, Tola prevé el comienzo de las actuaciones de restauración para antes de verano de 2025. Según los cálculos de los científicos, estas generarán una absorción de unas 32 mil toneladas de CO2 en los primeros 50 años del proyecto. Mientras, la Junta sigue a la espera de promotores para financiar los otros dos – el también proyecto de restauración de marismas de Las Aletas y los proyectos de conservación de Posidonia en Agua Amarga y la Isleta del Moro en Cabo de Gata-Níjar, los cuales han despertado el interés del Comité Olímpico Español, Coca-Cola o Cosentino, según Tola. En cuanto al Paraje Natural Marismas del Odiel la propia Junta estaría “trabajando para sacarlos adelante” de forma directa, como promotores de los proyectos para compensar parte de las emisiones de la propia administración.

El funcionamiento de los proyectos de absorción y las críticas de los expertos independientes

¿Cómo funciona el esquema de absorciones? Antes de toda actuación, cada proyecto realiza un estudio de línea base para saber con cuánto carbono empieza –el escenario de base– y cuánto carbono habrá sido secuestrado en los próximos meses y años –el escenario de proyecto previsto y monitorizado a lo largo de las décadas–. Teniendo en cuenta el incremento de carbono secuestrado que se estima que va a haber por la actuación que los promotores acometen, ese incremento es lo que es imputable al proyecto de ejecución cuando se inscribe en el registro (“ex ante”) y, posteriormente, en cada proceso de certificación se vuelve a salir “al campo” a medir, ya que las diferencias entre cada periodo de acreditación son las unidades de carbono que se capturan y miden (y no estimadas), tal y como resaltan Brun y Hernández. 

Estas son atribuibles al proyecto durante 50 años (período de crédito), con unas frecuencias de verificación mínimas de 8 años inicial y después cada siete años, pese a que el promotor puede decidir realizar verificaciones en períodos más breves. Ahora bien, el muestreo in situ que estas verificaciones requieren es costoso (mínimo 1.000€ por core), y aún más en zonas sumergidas, lo que muestra como una de las principales singularidades y complicaciones de los proyectos de carbono azul respecto a los forestales es su mayor coste asociado. 

Asimismo, inicialmente, las empresas financiadoras del proyecto sólo acceden al 20% de las absorciones estimadas ex ante, y un 10% de estas –equivaliendo a 2%– se reserva dentro de una bolsa de garantía o “buffer pool”, como medida de seguridad en el caso de que el proyecto no se pueda llevar a cabo y de que no se capture el carbono previsto. A esa bolsa de garantía se le añadirán 2% de todas las unidades absorbidas verificadas a lo largo del proyecto.

¿Es esto suficientemente robusto? Las fuentes científicas independientes contactadas han destacado que mientras este período de crédito se encuentra dentro del rango de otros estándares internacionales que certifican proyectos de carbono azul, no incluye explícitamente el requisito de someter dichos créditos a una renovación que obligue a reevaluar la adicionalidad generada por el proyecto. En este sentido, la Iniciativa de Calidad de los Créditos de Carbono hace hincapié en la importancia de las reevaluaciones periódicas para mantener la integridad tanto medioambiental como social del proyecto de compensación de carbono. Aún y así, pese a no estar incluído en la redacción del estándar, los promotores andaluces aclaran que sí tienen en cuenta dicha importancia, ya que la metodología, el manual metodológico y la calculadora están “en continua actualización para recoger mejoras científicas y técnicas, incorporación de nuevos datos en las bases de datos, cambios normativos…”, mientras destacan que “la puesta en marcha de los proyectos servirá para generar mejoras en el estándar y en las metodologías”.

En cuanto al fondo de garantía previsto, los investigadores de Carbon Market Watch advierten que, pese a ser una medida común, estos “buffer pools” no son un método infalible para gestionar el riesgo de impermanencia en proyectos basados en la naturaleza. Aunque puedan ayudar a almacenar CO₂ a corto y medio plazo, no garantizan su almacenamiento permanente. Por tanto, esta medida sería considerada insuficiente para capturar emisiones de proveniencia fósil con seguridad. Por otra parte, destacan que el porcentaje dedicado al fondo de garantía andaluz se situaría por debajo de otros estándares internacionales como el Gold Standard, que aconsejan un porcentaje del 20% –y no del 2%–. A estas críticas, los promotores responden destacando la necesidad de considerar otros parámetros como la naturaleza diferenciada de los ecosistemas costeros y su calidad o transparencia, así como resaltan que el Estándar ha sido reconocido como una “buena práctica” por el Comité de las Regiones e Interreg Europe y ha sido acreditado por Aenor.

Seguimiento durante los 50 años de proyecto, ¿y después?

Más allá de los fondos de garantía, para reducir el riesgo de que las absorciones sean revertidas y el carbono capturado vuelva a la atmósfera, estas metodologías también contemplan la figura del período de permanencia o seguimiento. Durante dichos años, el proponente del proyecto debe realizar las actuaciones de mantenimiento del proyecto a las que se haya comprometido con el órgano gestor (en este caso, la Junta) para prolongar las garantías de fijación de la absorción. Ahora bien, el período de permanencia fijado por el Estándar Andaluz es de 50 años – aunque son “ampliables a otros 50 años, según detallan documentos asociados al estándar – y coincide con los mismos 50 años durante los cuales el proyecto generaría créditos.

De acuerdo a las fuentes de Carbon Market Watch, esto es insuficiente y arriesgado por dos motivos: por una parte, supone que los créditos emitidos más tarde en el periodo de acreditación se someten a poco o ningún seguimiento, y por otra, puede no haber ningún seguimiento adicional una vez finalizado el proyecto al cabo de 50 años. Por ejemplo, un crédito emitido en el año 1 al principio del proyecto se supervisará durante 49 años, mientras que un crédito emitido en el año 49 sólo se supervisará durante un año. Por este motivo, los expertos contactados argumentan que un período de seguimiento debería comenzar a partir del último año de cosecha en el que se emitieron créditos y extenderse más allá de 50 años, como por ejemplo hace el Protocolo de Cumplimiento de Compensaciones de California, que establece un periodo de seguimiento de 100 años tras la emisión final del crédito.

En cambio, respondiendo a estas críticas, los redactores del Estándar destacan que los periodos de permanencia tan largos “pueden parecer adecuados desde un punto de vista científico y teórico, pero son exagerados y limitantes desde un punto de vista funcional” por diversos motivos. Por una parte, las empresas suelen durar mucho menos (de media en España, unos 14 años), lo que dificulta compromisos de 100 años o más y “supone un freno al desarrollo de este tipo de proyectos a la vez que simplemente supone posponer la incertidumbre”. Además, resaltan que estos proyectos se ubican en dominio público marítimo-terrestre, con concesiones inferiores a 50 años, sin garantía de renovación, dificultando compromisos de permanencia más allá de su vigencia.

La importancia de la adicionalidad 

Otro de los aspectos clave a tener en cuenta a la hora de evaluar la calidad de un proyecto de compensación de carbono es cómo garantizar su “adicionalidad” –es decir, hasta qué punto las actuaciones que el proyecto plantea suponen una captura o prevención de emisiones que no hubiese ocurrido sin dicho proyecto–. Este principio de adicionalidad es el pilar sobre el que se sustenta la lógica de los mecanismos de compensación, y puede ser de diferente naturaleza: financiera, cuando los créditos permiten un proyecto que no era rentable anteriormente; regulatoria, cuando las reducciones de carbono van más allá de lo que exige la normativa; o tecnológica, cuando un proyecto acelera el uso de innovaciones tecnológicas que reducen emisiones y aún no se utilizan de forma generalizada.

El Estándar incluye referencias a dicha adicionalidad, exigiendo que los proyectos generen una captura neta de carbono en su desarrollo y que no exista una obligación legal para su desarrollo, mientras que los promotores consideran que los proyectos incluidos necesitan de este incentivo para su desarrollo (adicionalidad financiera), porque actualmente no se llevan a cabo. En este sentido, los expertos del Proyecto Berkeley y de CMW coinciden que el estándar debería incluir una evaluación más completa de dicha adicionalidad que determine que el proyecto realmente depende de los ingresos generados. 

La mayor parte de estos proyectos se sitúan dentro de los perímetros protegidos de Parques o Parajes Naturales, y tal y como indican la Ley española 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y la Ley andaluza 2/1989, de 18 de julio, las autoridades tienen la responsabilidad tanto de conservar como de restaurar los espacios dentro de los parques y parajes naturales. Esto, según CMW, podría suponer que ya existen requisitos para que las autoridades responsables preserven y restauren una parcela de tierra sin financiación de carbono procedente de la venta de créditos de carbono. Por otra parte, los expertos de Berkeley especifican que en este caso, si los fondos públicos para la restauración son limitados y es improbable que estén disponibles a corto plazo, la adicionalidad estaría garantizada de esa manera. Pero si la financiación privada se podría traducir en menos fondos públicos, entonces sí podría ser preocupante. 

De todas formas, los miembros de ambos grupos de investigación insisten que la adicionalidad es casi siempre incierta, puesto que se basa en escenarios hipotéticos, y por eso abogan por que estos créditos de carbono se usen como contribuciones, no como compensaciones.

Presiones que ponen a riesgo la permanencia de los proyectos

Los espacios como los que se encuentran dentro del Paraje Natural de Huelva son sometidos a una presión constante, entre otras el elevado grado de urbanización en su entorno o numerosos y repetidos vertidos de hidrocarburos, incluidos de la propia Moeve, propietaria de la refinería de La Rábida, un complejo petroquímico situado en el Polo Químico de Huelva, en las proximidades de las marismas del Odiel. “Las principales amenazas para el paraje provienen de los sectores productivos, tanto los que están dentro como los que están fuera de él, especialmente la actividad industrial”, denuncia Paco Geiger, miembro de Ecologistas en Acción Huelva. 

Asimismo, los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) no mejoran necesariamente el estado de protección de los espacios, todo lo contrario: zonas del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, por ejemplo, son definidas como urbanizables, se siguen permitiendo las actividades intensivas y la propuesta de Ecologistas de Acción para ampliar el Parque Natural de la Bahía de Cádiz no se aprueba. Mientras, el borrador del PORN para el Paraje Natural de Huelva propone excluir una zona del Paraje Natural. 

“El mayor enemigo es la Autoridad Portuaria de Huelva, que ejerce una gran presión sobre el Paraje, seguida por la industria química, petroquímica y energética”, situada justo en la orilla en frente del Paraje, critica Geiger. Desde los parques y parajes naturales, algunas fuentes apuntan a la falta de presupuesto de los parques como la causa por el deterioro de los espacios y la imposibilidad de restaurar más espacios.

Por este motivo, defensores ambientales locales como Paco Geiger cuestionan que la protección y restauración de estos espacios sirva para aportar beneficios en forma de créditos de carbono a empresas privadas por su contribución, apuntando que las autoridades públicas deberían cumplir con esa responsabilidad. En cambio, Tola rechaza esta evaluación, destacando que al ir más allá de lo planificado, los proyectos pilotos no son “incompatibles” dentro de estos espacios, “aunque estén sujetos a unas figuras de protección, aunque ya tengan un plan de conservación”, mientras reconoce que “las administraciones deberían tener más recursos”. Pero mientras estos falten y las administraciones no puedan garantizar la conservación y restauraciones necesarias, cualquier inversión de parte del sector privado seguirá siendo fomentada. 

Autocompensación y no mercadeo de créditos 

Para la Junta de Andalucía, muchas de estas críticas no se pueden dirigir al caso andaluz, ya que el Estándar opera fuera del multimillonario mercado de carbono voluntario, que múltiples investigaciones periodísticas han puesto en duda tras revelar que más del 90% de los créditos de la selva tropical (REDD+) vendidos por el mayor proveedor mundial de dichos bonos, Verra, se considerarían créditos “basura” sin impacto real en la reducción de emisiones, mientras también los mayores proyectos del mercado tendrían fallos fundamentales que sugieren que exagerarían sus beneficios climáticos mientras subestimarían sus daños potenciales. 

A diferencia del mercado voluntario de créditos de carbono, las unidades de absorción del Estándar, “no se venden a un tercero”, dado que no se permite su comercialización, matiza Inmaculada Tola de la Oficina Andaluza de Cambio Climático. Para acceder a los proyectos de absorción de emisiones para compensación, la entidad financiadora tiene que tener una huella de carbono inscrita en el SACE para poder trazar cada tonelada “compensada” por una unidad de absorción, aclara Tola. Además, requiere de una concesión administrativa para poder hacer uso de los terrenos de los parques y parajes costeros, de Dominio Público Marítimo Terrestre. Así, lo que permiten es la compensación de las propias emisiones difusas. Por otra parte, según ha confirmado la Oficina, sí que está permitido que organizaciones que financien estas restauraciones sin ánimo de lucro cedan estos créditos a un tercero, actuando como facilitadores. 

Anque la Oficina no ha aclarado de qué manera funcionaría esta cesión de créditos, Tola ha reafirmado que “nadie se puede beneficiar económicamente por estas transacciones”. La técnica andaluza ve al Estándar andaluz como un sistema “complementario” y más transparente y exigente que el mercado voluntario privado, resaltando “todos los esfuerzos hechos para garantizar su trazabilidad y robustez”, que se alinearía con los requisitos establecidos en el nuevo Reglamento europeo de certificación para las absorciones permanentes de carbono y la carbono cultura, aprobado a finales de 2024. Según dicha normativa, la prioridad debe ser reducir las emisiones de GEI y, solo después, compensar las emisiones residuales difíciles de eliminar, punto que comparte la responsable de la Oficina Andaluza del Cambio Climático.

Capturas relativamente inciertas frente a emisiones milenarias

Con ello, sin embargo, el sistema no lograría resolver el problema principal de cualquier acreditación de carbono: el de la considerada por algunos como “falsa equivalencia”. El carbono almacenado por ecosistemas costeros, indican desde CMW, no podría neutralizar como tal el carbono generado por nuevas combustiones fósiles, ya que este último es carbono que se añade al ciclo de carbono ya existente en la atmósfera, tal y como explica Sophia Johannessen, científica investigadora en geoquímica marina en el Instituto de Ciencias Oceánicas del Departamento de Pesca y Océanos de Canadá. Por este motivo, incluso un periodo de seguimiento de 100 años se quedaría corto teniendo en cuenta que una vez liberado, el CO₂ puede persistir en la atmósfera más allá de 1.000 años, y los períodos de acreditación y permanencia incluidos en el estándar de 50 años no serían suficientes para poder compensar las emisiones fósiles. Por su parte, Brun y Hernández argumentan que incluso un período “corto” de varias décadas permitiría la absorción de carbono de la atmósfera durante un plazo lo suficientemente largo para “que tenga efectos medibles a corto plazo en el clima y en el bienestar del ser humano”. 

Ya de por sí, la cuantificación de carbono orgánico dentro de un ecosistema costero es una ciencia de momento incierta, avisan científicas como Mar Otero y Sophia Johannessen. Aún faltan muchos datos y el conocimiento actual no basta para poder calcular con certitud la capacidad de captura de carbono a través de estos ecosistemas costeros, indican. En los propios diferentes documentos de ayuda al cálculo de estas absorciones se reconoce explícitamente que “existe una importante incertidumbre científica derivada del desconocimiento sobre los efectos de algunas variables sobre los flujos de carbono y la ausencia de datos concretos sobre ciertas especies, localizaciones, condiciones”. Pese a estas incertidumbres, la Junta ve los proyectos pilotos como una buena oportunidad de conseguir fondos privados para mejorar el estado de estos ecosistemas – siempre que las empresas primero “se esfuercen en reducir sus emisiones”. 

Por la inseguridad y puerta a posibles falsas equivalencias que permitirían lavados de imagen verde, científicos como los integrantes del Proyecto Berkeley de Comercio de Carbono y Johnassen abogan por que las empresas hagan contribuciones para restaurar estos ecosistemas y que puedan publicitar dicha contribución pero sin la posibilidad de declarar una “compensación” en forma de toneladas de CO₂ a cambio. En ese caso, si la financiación empresarial significa más restauración, verían el programa andaluz como un “enfoque prometedor”, ya que las empresas invierten directamente en restaurar el humedal y mantenerlo durante décadas, sin intercambiar créditos.

Refiriéndose al contexto californiano, los miembros del BCTP van más allá, subrayando que mucha de la complejidad para conseguir fondos para restaurar estos ecosistemas y medir su capacidad de captura y almacenamiento se podría solucionar a través de programas de restauración de la naturaleza liderados por los estados y financiados mediante la imposición de una mayor tributación verde a las empresas con altas emisiones. Una medida basada en una perspectiva de justicia climática que organizaciones como Ecologistas en Acción también comparten.

Sea como fuere, los científicos detrás del Estándar son claros: “Pretender que con los proyectos de absorción de carbono se va a mitigar el cambio climático es confundir a la población”, apuntan Hernández y Brun: “El CO₂ actual en la atmósfera va a permanecer así durante siglos y con estos proyectos vamos a ser capaces de retirar una pequeña cantidad del CO₂ que se sigue emitiendo.”

* Actualización, 14 de mayo de 2025: Mientras previamente Inmaculada Tola ni la Fundación Moeve aportaron más detalles sobre el rol de MOEVE después de solicitar varias aclaraciones adicionales, tras la publicación de esta pieza, el equipo periodístico fue contactado por María Soledad Vivas, coordinadora del Proyecto LIFE Blue Natura y coordinadora técnica de Medio Marino de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía, quien aclaró que «el rol de la fundación fue estrictamente financiero»: «MOEVE participa como cofinanciadora en el proyecto y no ha tenido ningún rol técnico en el desarrollo de los trabajos comprometidos. Esta es una figura que tiene el programa LIFE y tiene definidas sus obligaciones muy claras y es la de co-financiar, pero no tiene compromiso de ejecución ni de participación en el desarrollo de los trabajos».

Esta investigación ha sido desarrollada con el apoyo de la beca de periodismo de investigación Journalismfund Europe. Los autores contrataron a los expertos de Carbon Market Watch, una organización sin ánimo de lucro de investigación y vigilancia independiente, como consultores independientes externos para tener una revisión técnica externa del estándar andaluz.