Cristóbal López, de Ecologistas en Acción, sobre los pélets: “Las sanciones deben ser acordes a los ingresos de la empresa que contamina”

El 8 de diciembre de 2023, en medio de un fuerte temporal, el carguero Toconao perdió seis contenedores a 80 kilómetros de Viana do Castelo, en el norte de Portugal. Uno de ellos iba cargado de pélets de plástico, las bolitas del tamaño de una lenteja a partir de la que se fabrican la mayoría de objetos de este material. A los pocos días, las playas de Galicia empezaron a recibir la marea plástica, pero todavía pasaría un mes hasta que la Xunta tomase cartas en el asunto, activando el nivel 2 de alerta por el vertido el 9 de enero de 2024.

En aquellas primeras semanas, la sociedad civil volvió a ser protagonista: organizaciones sociales, vecinos y voluntarios se pusieron en primera línea para frenar la contaminación y limpiar las playas. Las similitudes con otros desastres ambientales, como el del Prestige, eran evidentes, pero por fortuna el vertido fue de mucha menor magnitud y el problema acabó diluyéndose en el tiempo. Sin embargo, los riesgos no han cambiado.

En enero de 2024, Ecologistas en Acción interpuso una demanda penal ante el Juzgado de Noia (A Coruña) contra la empresa propietaria del navío Toconao por un delito contra el medioambiente y los recursos naturales, buscando darle visibilidad al problema y resaltar la inacción de la administración ante estos episodios de contaminación. Hace pocos días, la justicia decidió archivar la causa abierta por el vertido del Toconao al concluir que no se puede inferir la existencia de ningún ilícito penal.

En enero de 2024 presentáis una demanda contra la naviera del Toconao, origen del vertido de pélets de la costa gallega. ¿Qué os lleva a denunciar a esta empresa?

Decidimos denunciar porque estamos hartos de que todas las agresiones medioambientales que sufre la costa gallega queden impunes, de que la administración no haga nada para remediarlas. Estuvimos valorando varias opciones y decidimos que, con los recursos con los que contábamos, lo mejor era presentar una denuncia por la vía penal.

Sabíamos que era un caso con un recorrido complicado, pero la presentamos igual y le pedimos a la jueza que llevase a cabo las diligencias necesarias para investigar a la naviera. No fue un evento de contaminación aguda, por suerte, porque los pélets no tenían aditivos tóxicos, según se supo en los análisis posteriores. Pero conseguimos, entre todos, que durante dos o tres semanas se hablase del problema de los pélets en todas partes.

¿Cómo fue la gestión del desastre desde la administración?

Entre todos, logramos que el asunto incluso irrumpiese en la campaña electoral que en aquel momento se estaba desarrollando en Galicia. Había dirigentes de la Xunta que no querían hablar del tema y que querían desviar la atención, pero al final tuvieron que abordar el vertido.

Para mí, más allá de cómo se gestionó en su momento, llama la atención que la Xunta no iniciase ningún procedimiento administrativo para que la empresa se hiciese cargo de los daños causados, aunque fuese un accidente. Al final, la factura la pagamos todos, menos la empresa. Ni siquiera las fiscalías autonómica y central apoyaron la investigación de la jueza tras nuestra denuncia.

La resolución concluye que no existieron irregularidades por parte de la naviera que transportaba la carga. ¿Está el problema en la propia regulación?

Para nosotros, sí. Los pélets deberían estar calificados como productos peligrosos, para que tengan que ser transportados en bodega y correctamente amarrados. Además, los barcos que transportan estas mercancías no deberían poder navegar bajo malas condiciones meteorológicas. Son capaces de hacerlo, porque son buques grandes y potentes, pero los riesgos están ahí. Si el contenedor con los pélets del Toconao hubiese estado mejor asegurado y si el barco no hubiese estado navegando en pleno temporal, no habría pasado lo que pasó.

Una de las cosas que pedíais en vuestra denuncia era una caución a la empresa de al menos 10 millones de euros para cubrir los gastos de restauración. ¿Quién ha pagado esta factura?

No sabemos cuánto se ha gastado la administración en limpiar los pélets de la playa y en los estudios que se hicieron, pero calculamos que al menos han sido dos millones de euros. Eso lo pagamos entre todos. Además, si no hay sanciones, la naviera del Toconao y el resto de compañías reciben un mensaje claro: si pasas por aquí y contaminas, no va a pasar nada. Las autoridades deberían perseguir a los responsables hasta las últimas consecuencias, así sabrían que hay que tener más cuidado [en la actualidad, cada día pasan frente a las costas gallegas unos 35 buques que llevan mercancías peligrosas].

Dos años después del accidente, ¿qué ha cambiado?

Muy poco. Los pélets que no se recogieron se han ido degradando. Se han convertido en microplásticos más pequeños y en nanoplásticos, pasando a la cadena alimentaria, a los moluscos, a los peces y con el tiempo a nuestro organismo.

Hay casos mucho más graves que el del Toconao, como la situación que existe en las cercanías del polígono petroquímico de Tarragona, donde hay playas en las que parece que hay más pélets que granos de arena. Son plásticos que se van vertiendo al medioambiente de forma constante, en las fábricas, en el transporte… De nuevo falta control y regulación.

¿Y el reglamento europeo para la prevención de las pérdidas de granza de plástico aprobado el año pasado?

Todavía es pronto para saber el efecto que va a tener y hasta qué punto se va a desarrollar y a aplicar, teniendo en cuenta la deriva política de la mayoría de países de la Unión Europea. Para mí, lo que más falta hace son sanciones, multas que deben ser progresivas y proporcionales. La primera vez que contaminas, 3.000 euros, la siguiente, 90.000, y la tercera, 1 millón.

La situación que habéis publicado en relación a las sanciones a Repsol Química, Ravago Plásticos y Chemieuro, con multas de unos pocos miles de euros por verter pélets al medioambiente, es un sinsentido. Para estas grandes empresas esas multas de pocos miles de euros son calderilla, no son efectivas. Nosotros siempre hemos reivindicado que las sanciones deben ser acordes a los ingresos de la empresa que contamina.

La industria insiste, sin embargo, en que el camino para frenar la contaminación por pélets de plástico son las medidas de control interno y las buenas prácticas. ¿Es una solución?

Las empresas evidentemente tienen que tener controles internos, pero necesitamos que las administraciones las vigilen con lupa y que, si no cumplen con las normas, les impongan sanciones. No se puede confiar en la industria para que lo haga todo por sí misma. Acabar con la contaminación les cuesta dinero y las empresas siempre van a primar los beneficios económicos. Si pudiesen tener beneficios de los pélets que pierden, las cosas serían de otra manera.

Comentaba antes que, en el caso del Toconao, la Fiscalía no intervino, a pesar de que el origen y los responsables del problema estaban claros. En el caso de Tarragona, sí inició una investigación, pero la acabó archivando. ¿A qué cree que se debe, por qué parece tan difícil abordar este problema desde el punto de vista judicial?

No entiendo que la Fiscalía no haya intervenido para investigar y frenar estos episodios de contaminación, en particular, en el caso de Tarragona, donde ha sido algo reiterado durante mucho tiempo. Los argumentos que aparecen son siempre los mismos: que se trata de una contaminación difusa y que no se puede comprobar de dónde viene con claridad. Para mí, son excusas.